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40 ECONOMÍA JUEVES 21 s 2 s 2008 ABC El Constitucional ampara a los Albertos y anula su condena por estafa y falsedad Corrige la interpretación del Tribunal Supremo sobre la prescripción de los delitos en el caso Urbanor S. GUIJARRO MADRID. El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a Alberto Cortina de Alcocer y a Alberto de Alcocer Torra, empresarios conocidos como los Albertos y ha anulado la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó, al apreciar, en contra de lo determinado por la Sala Segunda, la prescripción de los delitos, en una decisión que puede volver a enconar las relaciones entre ambos Tribunales. El Supremo había condenado a los dos empresarios como autores de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa, agravados por la cantidad defraudada, más de 21 millones de euros. La Sala Segunda impuso penas de un año de prisión menor y multa por importe de 6.000 euros por el primero de los delitos, y de dos años y cuatro meses de prisión por el delito de estafa a ambos. La sentencia del Constitucional pone fin al denominado caso Urbanor que surgió cuando un grupo de accionistas minoritarios de esta empresa presentaron una querella criminal sobre la base de la supuesta falsedad cometida por medio de una carta que, con fecha 23 de noviembre de 1987, y aparentemente firmada por Richard M. Robinson en nombre de la sociedad KIO, se hizo llegar a los socios minoritarios de Urbanor, ofertándoles la compra de unos derechos de suscripción preferente (derechos que se traducían en la propiedad de unos solares sobre los que posteriormente se edificarían las torres KIO) por un precio inferior (150.000 pesetas por metro cuadrado) al supuestamente pactado con Alberto Cortina y Alberto Alcocer, de 231.000 pesetas. La querella, presentada un día antes del vencimiento del plazo de prescripción, sin firma y sin acompañarla del preceptivo poder especial, según recuerda el TC, fue admitida el 20 de enero de 1993 y no fue ratificada y subsanada en sus errores hasta dos meses después de su presentación, y una vez transcurrido el plazo de prescripción de cinco años, que había vencido el 7 de enero de 1993 En diciembre de 2000, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, tras afir- Alberto Alcocer y Alberto Cortina esperan ante el Juzgado de Instrucción 11 para prestar declaración sobre el caso en mayo de 2005 mar que los acusados habían cometido efectivamente los delitos, declaró que estos se encontraban claramente prescritos por lo que absolvió a los dos acusados. La Audiencia Provincial consideró que la presentación de la querella sin firma ni poder no era suficiente para interrumpir la prescripción. Contra esta sentencia recurrieron ante el Supremo el fiscal y las acusaciones particulares y también los Albertos La Sala Segunda del Tribunal Supremo entendió que la presentación de la querella, aunque defectuosa, interrumpió la prescripción de los delitos que según el Código Penal se produce a los cinco años desde que el procedimiento se dirija contra el culpable y condenó a los empresarios. La sentencia del Tribunal Constitucional, ante el que recurrieron los empresarios por vulneración de derechos fundamentales, declara ahora que el fallo del Supremo vulneró el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad personal de los empresarios, por lo que acuerda restablecerlos en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y des- EFE El TC cree que el Supremo vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de los empresarios Querella defectuosa Un magistrado del TC respalda a la Sala Penal del Supremo y rechaza el amparo S. G. MADRID. El magistrado del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas presentó un voto particular contra la sentencia que concede el amparo a los Albertos en el que señala que debió ser desestimado. Para Rodríguez Arribas, que invoca en el texto del voto particular sentencias anteriores del TC sobre casos similares, el criterio interpretativo de la sentencia impugnada continúa siendo de estricta legalidad ordinaria y no incurre en ninguna de las tachas ni en la falta de motivación que podrían justificar la decisión estimativa del amparo. El magistrado señala también que la sentencia de la que discrepa se extiende en una serie de consideraciones genéricas que invaden funciones interpretativas que corresponden a la jurisdicción ordinaria y, de otro lado, tampoco comparto el análisis específico que se hace respecto de las circunstacias que concurren sobre la discutida prescripción estima la demanda de amparo en lo demás En los fundamentos jurídicos de su decisión, el TC recuerda que la exigencia de un canon reforzado del derecho a la tutela judicial efectiva cuando están en juego derechos fundamentales, y en este caso con especial relevancia el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución, estaba inequívocamente proclamada antes de la sentencia impugnada En este sentido, concluye que la consideración por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de que la mera recepción del escrito presentado el día 6 de enero de 1993 significaba ya que el procedimiento se dirigía contra el culpable constituye, en el caso aquí enjuiciado, una interpretación y aplicación del artículo 114 del Código Penal de 1973 lesiva del derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva en cuanto insuficientemente respetuosa del derecho a la libertad que estaba en el trasfondo de la decisión ABC. es Texto íntegro de la sentencia y del voto particular en abc. es