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4 OPINIÓN JUEVES 21 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO MÁS VIOLENCIA EN LAS AULAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera L ADOCTRINAR PARA CREAR TENSIÓN AJO el título Líneas de discurso para la campaña el PSOE ha distribuido un manual entre sus candidatos que les ordena colocar al PP en la extrema derecha y llamar autoritario a Mariano Rajoy. En pleno despliegue de coacciones antidemocráticas contra sus adversarios, los socialistas no tienen inconveniente en contribuir a esa tensión que pedía Rodríguez Zapatero, aunque en este caso utilizan el eufemismo ganar en contundencia Todo son descalificaciones hacia el PP y su líder, tachando su discurso de populista, antisocial o hipócrita. Además de otras estrategias discutibles, Ferraz utiliza descaradamente el terrorismo como argumento electoral al hacer un recuento comparativo del número de muertos en las dos últimas legislaturas, a pesar de que lleva tiempo reprochando eso mismo al PP. En definitiva, los candidatos socialistas reciben instrucciones muy claras de que tienen que tratar al adversario como enemigo. Es una actitud inaceptable en democracia, puesto que el respeto a las reglas del juego resulta fundamental para garantizar la igualdad de condiciones entre quienes aspiran a obtener la confianza de los ciudadanos. Esta política deliberada de crear tensión merece un serio reproche por parte de la opinión pública. En pocos días, María San Gil, Dolors Nadal y Rosa Díez han sido víctimas de la actitud intolerable de unos energúmenos totalitarios. En lugar de condenar tajantemente estos hechos, el PSOE insiste en la agresión verbal, con el único objetivo de movilizar al sector más radical de sus potenciales electores, que se muestra por ahora muy poco convencido. A falta de Irak, sirven los ataques a la Iglesia, la manipulación de las críticas ajenas o los falsos argumentos para situar a su rival en los márgenes del sistema. Se trata ni más ni menos que de reproducir a efectos electorales el Pacto de Tinell: todo vale con tal de excluir al PP por medio de un cordón sanitario Desaparece así cualquier posibilidad de política de Estado y se hace imposible el consenso entre los dos grandes partidos B en cuestiones tan importantes como la lucha antiterrorista, la organización territorial, la política exterior o el ámbito educativo. La imagen de moderación que intenta transmitir Zapatero queda desmentida de forma rotunda cuando el partido que dirige procura por todos los medios dejar en fuera de juego a los diez millones de españoles que votan al PP. En cambio, aliados antisistema que rechazan la forma de estado y de gobierno, como es el caso notorio- -pero no único- -de ERC, se convierten en socios parlamentarios e incluso se elogia su contribución a la estabilidad política. Crear tensión al servicio de intereses partidistas es una actitud profundamente rechazable en una democracia que proclama el pluralismo político como valor constitucional del máximo nivel. La discrepancia es, por supuesto, lícita y enriquece el debate, pero la descalificación, el insulto y la mentira interesada causan un grave daño a la legitimidad del sistema. Es evidente que el PP no está en la extrema derecha, que respeta escrupulosamente el principio mayoritario y que utiliza, como es natural, los instrumentos de crítica al Gobierno y presentación de alternativas que son consustanciales al régimen constitucional. Las coacciones y las amenazas verbales provocan un serio deterioro de la calidad de nuestro sistema electoral visto desde la perspectiva razonable de un modelo jurídico y político equiparable a las democracias más sólidas del mundo. Zapatero debe dar instrucciones de inmediato a sus subordinados para que cese esta campaña hostil hacia el PP Los ciudadanos quieren escuchar argumentos y propuestas y exigen que el debate transcurra por cauces civilizados. Si se trata de un exceso de celo por parte de algunos que desean hacer méritos ante su jefe, el presidente del Gobierno tiene que desautorizarlos de inmediato. Si son órdenes directas de La Moncloa, Zapatero habrá perdido ante los españoles el poco crédito que le queda en materia de promoción del buen talante frente a la imaginaria crispación A brutal paliza sufrida por una chica de quince años en Ermua y la novedosa imposición por parte de un juez de una orden de alejamiento a un alumno de un instituto de Sevilla, por amenazas de muerte reiteradas e intento de agresión a un profesor, ponen de manifiesto una vez más el dramático ambiente de tensión y violencia en que se desenvuelven cientos de miles de niños en las aulas españolas. Lamentablemente, se trata de episodios que están dejando de ser aislados y saltan a las primeras páginas de los periódicos con demasiada frecuencia. Las luces de alarma se encendieron hace mucho tiempo y yerra quien trate de juzgar estos hechos como anécdotas crueles, pero ocasionales. El acoso violento a compañeros de clase, las amenazas a profesores o el simple divertimento de exhibir agresiones a través de teléfonos móviles e internet son la demostración patente de que si algo falla en la educación en España, por encima incluso del aprendizaje de contenidos, es la transmisión de valores cívicos y morales. Es una realidad alarmante cuya solución requiere medidas urgentes si queremos evitar el empobrecimiento, y un deterioro aún mayor, de la comunidad escolar. Por ello, se impone la necesidad de un auténtico pacto de Estado en materia de educación y no tantas buenas palabras y demagogia porque, al final, recurrir a los fiscales y a los jueces como remedio de este mal no deja de ser el síntoma de un verdadero fracaso. FISCALÍA B HIPOTECADA AJO la apariencia de un reparto equitativo de jefaturas entre fiscales progresistas y conservadores, Conde- Pumpido ha ejecutado una nueva fase de la limpieza ideológica del Ministerio Fiscal, verdadera campaña de promoción de la muy minoritaria Unión Progresista de Fiscales, en perjuicio de la muy mayoritaria Asociación de Fiscales. El caso más escandaloso ha sido la designación del nuevo jefe de la Fiscalía de Madrid, número 505 del escalafón del Ministerio Público, patrocinado del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y avalado por Conde- Pumpido frente a otro candidato, no asociado, que ocupa el puesto 21 de la carrera fiscal y con mayores méritos- -aunque sólo sean por la experiencia profesional- -para ocupar un puesto de tanta responsabilidad. Pura arbitrariedad. Y lo más grave es que esta legislatura socialista se cierra con un blindaje político del Ministerio Fiscal, hecho a conveniencia del actual Fiscal General del Estado, quien dejaría la herencia- -hipotecada y envenenada- -a un sucesor designado por el PP de una Junta de Fiscales de Sala compuesta mayoritariamente por personas de confianza de CondePumpido, un Consejo Fiscal- -ese órgano para el que no fue elegido el ministro Bermejo ni con el voto de sus colegas progresistas- -reducido a la irrelevancia y unas jefaturas territoriales reequilibradas ideológicamente. UNA SENTENCIA INQUIETANTE A sentencia del Tribunal Constitucional que anula la condena impuesta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a Alberto Alcocer y Alberto Cortina es una decisión con graves consecuencias institucionales y jurídicas. El TC ha confirmado la jurisprudencia que inauguró en 2005 sobre la prescripción de los delitos, en abierta contradicción con la que había mantenido hasta entonces y con la doctrina de la Sala Segunda del TS, cuyos magistrados, hasta en dos ocasiones- -en mayo de 2005 y en abril de 2006- decidieron mantener sus propios criterios sobre esta cuestión, por entender que se trataba de un materia de legalidad ordinaria. Incluso llegaron a denunciar que el TC vaciaba de contenido el artículo 123 de la Constitución, que reconoce al TS como el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales Se trata, en definitiva, de un nuevo enfrentamiento entre ambos tribunales con motivo, una vez más, de un ejercicio extensivo por parte del TC de sus funciones revisoras sobre las decisiones judiciales, lo que haconvertido elrecurso deamparoen un recurso máscontra las sentencias de los tribunales de Justicia, que es, por otro lado, de lo que se quejan los magistrados del TC. La víctima de este conflicto institucional es la seguridad jurídica y el equilibrio entre órganos constitucionales- -ambos, TS y TC- porque la consecuencia, por ejemplo, de esta sentencia es la apertura de un período de incertidumbre sobre la suerte de cientos de procesos penales, que pueden desembocar en la impunidad L del delito, como acertadamente resalta el voto particular del magistrado Ramón Rodríguez Arribas. Si graves son las consecuencias de esta sentencia en las relaciones entre ambos tribunales, también lo son en la capacidad del Estado para combatir eficazmente el crimen. Según el TC, la prescripción del delito ya no se interrumpe con la presentación de la denuncia o de la querella- -como venía sucediendo hasta ahora y como sigue admitiendo el TS- sino desde que el juzgado realiza un acto concreto de investigación contra el presunto autor, como la admisión de ese escrito inicial. De esta manera, la interrupción de la prescripción dependerá, no de la iniciativa de la víctima denunciante o querellante, sino de la diligencia con la que el juzgado decida incoar el proceso. Con este criterio se abona el terreno para la búsqueda deliberada de prescripciones en delitos de escasa importancia, pero también de otros muy graves, como los que cometen organizaciones terroristas o redes criminales, cuya propia naturaleza permite mantener en el anonimato durante mucho tiempo la identidad concreta del autor. Hasta ahora bastaba con saber que el autor era un etarra, aunque no se supiera su nombre. Peligrosa tentación si ETA llegara a anunciar una nueva tregua. Esta doctrina hace necesaria una urgente reforma del Código Penal que establezca, como propone el PP, la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo y amplíe los plazos de prescripción de otros delitos graves.