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18 ELECCIONES 9 M ESPAÑA ESCÁNDALOS EN CAMPAÑA MARTES 19 s 2 s 2008 ABC Imputan a cuatro altos cargos de la Xunta por la adjudicación de una autovía Admitida a trámite la denuncia por presunta prevaricación, fraude, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos presentada por el PP JOSE LUIS JIMÉNEZ SANTIAGO. La presunta prevaricación en la adjudicación de la autovía del Barbanza que PSOE y BNG se negaron a investigar en el Parlamento de Galicia sí ha encontrado respuesta en los tribunales de Justicia. Según se conoció ayer, un juez de Santiago ha decidido admitir a trámite la denuncia presentada por el PP a comienzos de febrero, e iniciar las diligencias previas, consistentes en la imputación de cargos a cuatro altos responsables de la Consejería de Política Territorial que dirige la socialista María José Caride. Estos cuatro altos cargos son el director general de Obras Públicas de la Consejería, Manuel Morato; el director general de Política Financiera y Tesoro del departamento de Economía, Eugenio García Lalinde; el subdirector general de Carreteras, Antonio López Blanco, y la jefa del servicio provincial de carreteras de la provincia de La Coruña, Teresa Palacios. Los cuatro imputados están llamados a declarar el 4 y 5 de marzo, según el auto del magistrado hecho público ayer lunes. El juez admite así a trámite los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, y negociación prohibida a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, incluidos en la denuncia del PP. La decisión del juez se produce casi seis meses después de que la mayoría de PSOE y BNG en el Parlamento gallego impidiera por dos veces la constitución de una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido en la adjudicación de la autovía, pese a las reiteradas peticiones del PP, que aseguraba existían numerosos indicios de delito las obras de la autovía del Barbanza a Sacyr, un proyecto 30 millones de euros más caro que el inicialmente contemplado por otro estudio técnico elegido concursalmente, que señalaba la oferta de Constructora San José como la idónea. En el nuevo informe elaborado por la consultora, y en las posteriores declaraciones de los responsables de la Xunta, se incidía en la poca experiencia de San José para acometer las obras de la autovía, con tramos de gran complejidad en su trazado. Estas manifestaciones contrastaron, según el PP, con la adjudicación a esta misma empresa de algunos de los tramos de mayor complejidad de otra autovía en construcción, la Santiago- Orense. Además, el PP dejó entrever que esta concesión a Sacyr fue moneda de cambio para que esta constructora aceptara negociar el levantamiento de dos peajes en la AP- 9, de la que es titular. Caride negó cualquier relación familiar, laboral o personal con esa compañía y advirtió de que los servicios jurídicos de la Xunta analizarían las difamaciones del PP por si éstas fuesen constitutivas de delito. Además, el PP reprochó que el precio que pagará la Xunta a la empresa concesionaria por cada vehículo que pase por la autovía durante 30 años será de 0,0326 euros, un 9,4 más cara que la propuesta de San José. Desde la Consejería de Política Territorial se intentó minimizar la imputación de los altos cargos aduciendo que la admisión a trámite es una norma general que habitualmente adoptan los tribunales, al tiempo que se comprometen a colaborar con la acción de la Justicia. Por último, desearon que el proceso dictamine la corrección, rigor y transparencia en la adjudicación. Esta noticia coincide en el tiempo con la revelación la pasada semana de que la Xunta pagó con fondos públicos el viaje de una agente electoral socialista a Buenos Aires en la campaña de las pasadas municipales, un escándalo que salpica a la Secretaría General de Emigración y al consejero de Trabajo, Ricardo Varela (PSOE) Pitada a Bermejo de los funcionarios de Justicia a su llegada a la Cámara Agraria de Murcia EFE Bermejo reaparece y atribuye el gasto de su piso a filtraciones de agua S. E. MURCIA. Mariano Fernández Bermejo reapareció ayer como candidato del PSOE por Murcia y como inquilino del piso oficial en el que ha gastado 250.000 euros en obras de reforma, a cargo del presupuesto público. El ministro de Justicia aseguró que las obras fueron realizadas tras la evaluación de los técnicos del Ministerio, que determinaron que el piso presentaba deficiencias estructurales muy graves derivadas de filtraciones de agua en una enorme terraza que circunda todo el edificio Bermejo añadió que las filtraciones de la vivienda, que llegaron al piso de abajo y produjeron humedades, habían provocado un deterioro muy importante en paredes y suelos, hasta el punto de que hubo que hacer una obra de infraestructura en la que se levantó todo el inmueble para proceder a su saneamiento, incluidas sus conducciones de agua Bermejo señaló que ha estado una semana con mucha fiebre y bronquitis aguda y que por eso no había podido comparecer ante los medios de comunicación. El ministro explicó que el piso es una vivienda normal y corriente en la que se han realizado las obras que requerían Un grupo de funcionarios de Justicia recibió al ministro en Murcia con pancartas, en plena protesta por sus condiciones laborales. Los funcionarios se reunieron ayer con representantes del Ministerio sin llegar a un acuerdo, por lo que la huelga continúa. Las conversaciones se retomarán mañana por la tarde. Informe a dedo En esencia, el PP asegura que la consejera socialista de Política Territorial se apoyó en un informe técnico elaborado ad hoc por una consultora de varios amigos y conocidos para adjudicar a comienzos de 2006