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42 ECONOMÍA www. abc. es economia VIERNES 15- -2- -2008 ABC El Gobierno se pliega a Europa y abre a EDF la puerta del sector energético español El Tribunal de la UE anula la norma que limita la entrada de grupos públicos extranjeros y Solbes dice que no recurrirá MARIBEL NÚÑEZ. CORRESPONSAL BRUSELAS. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aceptó ayer el recurso presentado por la Comisión Europea contra España por no retirar la normativa que limita al 3 %lo s derechos políticos de las empresas públicas extranjeras que entran en el capital de las sociedades energéticas españolas. Esta norma, conocida como Ley Rato y que data de 1999, ha sido declarada ahora ilegal porque restringe el derecho de libre circulación de capitales en la UE, así como el de libre establecimiento, consagrados en el Tratado de las Comunidades Europeas. La disposición adicional 27 de la Ley de Medidas Fiscales de 1999 obliga a las empresas extranjeras participadas por capital público a solicitar autorización del Consejo de Ministros para ejercer los derechos políticos por encima del 3 en empresas energéticas españolas. Esta ley fue diseñada ante los rumores de que la francesa Electricité de France (EDF) quería comprar Hidrocantábrico. Pero, paradojas de la vida, el Gobierno socialista, a través del vicepresidente económico del Gobierno y titular de Economía, Pedro Solbes, reconoció ayer que no tendrá más remedio que acatar la sentencia, que no piensa recurrir, lo que implícitamente pone ahora en bandeja de plata la pretendida entrada de la citada compañía- -con un 83 de capital en manos del Estado- en Iberdrola al verse levantado este obstáculo. La batalla entre la CE y el Gobierno español a cuenta de esta ley es antigua y, desde 1999, Bruselas le ha pedido al Gobierno de Madrid que la modifique para adaptarla precisamente a la normativa europea. Madrid, por su parte, ha hecho durante estos años pequeñas modificaciones que no han satisfecho las aspiraciones del Ejecutivo comunitario, que ha seguido peleando hasta conseguir que el Tribunal de Justicia de la UE le diera ayer la razón en su sentencia. Durante estos años España ha ido manejando diversos ar- El ministro de Economía, Pedro Solbes, durante su intervención en un foro ayer, en la capital de España gumentos en sus escritos de defensa que, uno a uno, fueron ayer tumbados por la sentencia. El primero y más importante, es que el artículo 56 del Tratado de las Comunidades Europeas prohíbe cualquier restricción a los movimientos de capitales entre estados miembros y terceros estados, como es el hecho de que se le restrinjan los derechos de voto en las sociedades a los accionistas de naturaleza pública que entren en empresas energéticas españolas. Otra de las banderas que enarbolaba el Gobierno español, como es el hecho de que la norma declarada ahora ilegal estaba justificada por el objetivo de proteger la seguridad del abastecimiento energético, fue también echada por tierra por el Tribunal al considerar que la restricción de movimientos de capitales no está justificada FRANCISCO SECO Gas Natural y EDF firman un acuerdo entre rumores de opas en el sector J. G. N. MADRID. El director general de negocios mayoristas de Gas Natural, Manuel Fernández, y el director de gas de EDF, Dominique Venet, firmaron ayer un contrato por el cual la compañía española suministrará a la empresa pública francesa 4 bcm de gas natural durante los próximos años. Este acuerdo comercial coincide en el tiempo con los rumores de posibles opas u otras operaciones en las que estarían implicadas ACS, EDF, Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural. Algunas fuentes del sector energético apuntan a que el grupo francés va a conseguir con este contrato ganarse un aliado en el caso de llevar a cabo una operación sobre alguna de las empresas españolas mencionadas. El acuerdo establece el inicio de las entregas de gas natural a EDF a partir de abril de 2009 y el destino del gas será principalmente Francia. Gas Natural subraya que el contrato se enmarca en la estrategia de la compañía encaminada a alcanzar unas ventas de gas superiores a 7 bcm en la UE (sin contar España y principalmente en Francia, Italia y Portugal) de acuerdo con el Plan Estratégico 2008- 2012, presentado a final del pasado año. por la seguridad en el abastecimiento. Sin embargo, Luxemburgo va más allá al asegurar que el hecho de que sea una entidad pública la compradora no implica un riesgo adicional para el mencionado abastecimiento, y en caso hipotético de que fuera así, la limitación de voto sería desproporcionada porque es de aplicación en todas las decisiones, y no por ejemplo sólo en las de gestión, que podría tener una cierta lógica. En cuanto a la protección del interés general pasa otro tanto, ya que el Tribunal considera que, en su caso, las medidas para protegerlo deberían ser proporcionadas para garantizar el objetivo que se pretende lograr y no ir más allá. El concepto de seguridad pública que ha defendido el Gobierno tampoco ha tenido mucho éxito, ya que el Tribunal cree que ésta sólo puede invocarse en caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés Medidas proporcionadas Sólo pequeñas modificaciones