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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 13 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro YAHOO SE DEJA QUERER finales de enero, las acciones de Yahoo cotizaban, a la baja, por debajo de los 20 dólares, con una pérdida del 40 por ciento con respecto al precio de octubre, sólo tres meses atrás. Los resultados de la compañía no satisfacen a los analistas y los inversores, que no ven futuro al negocio. En ese contexto, Microsoft, cuyas acciones también van a la baja- -de 37 dólares en octubre a 26 en febrero- reiteró una oferta de compra de Yahoo a razón de 30 dólares por título, la mitad en efectivo y otro tanto en acciones propias. Se trata de un movimiento estratégico del gigante tecnológico para reforzar su liderazgo en el mercado de la publicidad en internet, buscadores y correo electrónico, un paso para tomar distancia del gigante Google, quizás el competidor más temible de la empresa fundada por Bill Gates. Los propietarios de Yahoo han respirado con la oferta, la han rechazado en espera de otra mejor, de más pago en efectivo, y se han puesto en el mercado, reclamando pretendientes y precio. Alguien va a comprar Yahoo para afianzar su posición en un sector global que admite pocos competidores, lo que no quiere decir poca competencia: son compañías sometidas al rigor y el riesgo del mercado, bendecidas por la audacia de unos empresarios que, para sobrevivir, están obligados a sumar en un ámbito en el que cada vez quedan menos piezas sueltas. DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera A MENORES Y RESPONSABILIDAD PENAL A propuesta del Partido Popular sobre la reforma de la responsabilidad penal de los menores ha vuelto a protagonizar un debate público en el que el PSOE ha tenido que situarse a remolque de los populares. Como sucediera con la idea del contrato de integración para inmigrantes, Mariano Rajoy ha entrado de lleno en otra cuestión que genera una gran sensibilidad en la opinión pública- -la escasa sanción, cuando no mera impunidad, que se cobran los delincuentes juveniles- -y que la izquierda mantenía bajo la mordaza de la corrección política. El PP ha propuesto que la responsabilidad penal sea exigible a menores de entre doce y catorce años- -en la actualidad sólo lo es a mayores de catorce- -en casos de delitos muy graves o de multirreincidencia. También defiende la agravación de las penas de internamiento y el traslado a centros penitenciarios de los menores que estén cumpliendo condena y alcancen la mayoría de edad. La posibilidad de adoptar estas dos últimas medidas estaba prevista en la polémica ley de 2000, por lo que no tiene sentido que el PSOE se escandalice por el hecho de que el PP las ponga sobre la mesa. Podrá gustar o no lo que dicen, pero tienen su apoyo en la misma ley que defienden los socialistas. La discusión de mayor calado se ha centrado en la rebaja de la edad penal a los doce años. La propuesta es muy delicada porque afecta a niños, y ninguna sociedad democrática moderna renuncia a la recuperación de los menores delincuentes para la vida social. En este terreno hay que huir de los mensajes demagógicos que piden mano dura sin reparar en las exigencias constitucionales del Estado de Derecho y recordar la especial atención que hay que poner en la recuperación social de los menores delincuentes. Todo esto es posible conjugarlo de manera equilibrada en una reforma que asuma la experiencia de la ley de 2000, corrija sus fallos, consolide sus aciertos y promueva la seguridad de los ciudadanos ante una delincuencia cada día L más violenta y azuzada por las nuevas tecnologías. El acceso incontrolado a internet y a videojuegos claramente inconvenientes o las grabaciones en teléfonos móviles son elementos criminógenos de este tiempo. La propuesta de Rajoy no quiebra ninguno de los límites constitucionales. El PP basa esta reforma en su limitación a casos extremos- -que, por desgracia, no son infrecuentes- lo que garantiza el respeto al principio de proporcionalidad. Además, la paternidad de la idea no es suya: en diciembre de 2005, el Consejo Fiscal, órgano de representación de los fiscales y de asesoramiento al fiscal general, aprobó solicitar al Ministerio de Justicia que incluyera en el proyecto de reforma de la ley penal del menor esta reducción a doce años. La misma medida fue apoyada posteriormente por el Movimiento contra la Intolerancia. E incluso durante un curso de verano en El Escorial, en julio de 2007, Luis Navajas, fiscal delegado para la delincuencia de menores- -cargo de confianza de Conde- Pumpido- -lamentó que la reforma legal no incluyera la reducción de la edad penal a doce años. Otros fiscales especiales- -como la de la Comunidad Valenciana- -habían defendido la misma idea ante el incremento alarmante de la violencia perpetrada por menores de catorce años. Por tanto, el PP ha asumido con valentía política y criterio jurídico una iniciativa que, obviamente, es incómoda e ingrata, pero cuya necesidad está avalada por los datos estadísticos y por los análisis de los expertos dedicados a esta materia- -fiscales, jueces, psicólogos- que llevan mucho tiempo alertando de la precoz incorporación de niños y jóvenes a actos delictivos de gran violencia. Ahora bien, son igualmente necesarias medidas de prevención y educación, porque la sociedad tiene que intentar llegar a tiempo de evitar que el niño o el joven dé el paso a la delincuencia. También en este caso parece evidente que el PP ha sabido conectar con una sensata demanda social. PASARELA U INTERNACIONAL n año más, la Pasarela Cibeles sitúa a Madrid como capital internacional de la moda. De regreso a la sede de Ifema, el evento reúne a los más prestigiosos diseñadores españoles y refleja al máximo nivel las tendencias dominantes en un mundo que evoluciona de forma permanente. La moda se ha impuesto ya como una manifestación artística en la sociedad contemporánea, muy lejos de la imagen frívola o elitista que haya podido tener en otros tiempos. Se trata, además, de un industria pujante, un indudable motor de crecimiento que genera recursos económicos, transacciones comerciales y empleos cualificados. España cuenta con diseñadores de renombre mundial y compite en primera línea en un sector que contribuye decisivamente al prestigio de países pioneros en esta materia como Francia o Italia. Los poderes públicos deben promover la imagen de un país asociada a la calidad de la moda y a la brillantez de acontecimientos como la Pasarela Cibeles. En particular, Madrid- -la moda madrileña aporta el 4 por ciento del PIB de la región, y a través de sus 25.000 empresas genera empleo a más de 100.000 personas- -sale muy fortalecida como ciudad organizadora de acontecimientos de alcance internacional y se constituye durante estos días en el foco de atención para muchos millones de personas en todo el mundo. COACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS AL PP ARÍA San Gil, cuyo nombre es una referencia en la lucha por la libertad en el País Vasco, fue víctima ayer de un intento de agresión en la Universidad de Santiago de Compostela por un grupo de independentistas radicales. La falta de previsión del Rectorado estuvo a punto de causar males mayores, porque la seguridad privada de la conocida líder popular tuvo que hacer frente por sí sola a una situación intolerable en las aulas universitarias y en cualquier espacio cívico. Por desgracia, no es la única advertencia hacia los candidatos del PP. En el municipio madrileño de San Martín de la Vega han aparecido carteles plagados de pintadas insultantes contra Mariano Rajoy, incluido un disparo dibujado en la frente del líder de la oposición. Tampoco hay que echar en saco roto el lenguaje cargado de insultos y amenazas latentes que emplean algunos artistas al servicio de la causa socialista. No hace falta mucha imaginación para saber cuál sería la reacción del PSOE ante unos términos equivalentes utilizados por sectores próximos a los populares. Lo cierto es que hay indicios que recuerdan más de lo conveniente los peores momentos de la campaña electoral de 2004, plagada de coacciones hacia el entonces partido mayoritario con pretextos como la guerra de Irak, el Prestige o cualquier otro. Rodríguez Zapatero insiste una y otra vez en culpar a Rajoy y los suyos de crear un ambiente de crispación, pero a la hora de la verdad son los supues- M tos progresistas quienes manejan con toda naturalidad los insultos y las coacciones, que son inadmisibles en un régimen pluralista y democrático. Cuando todo está por decidir de cara al 9- M, el Gobierno tiene el deber inexcusable de proteger la seguridad física de los participantes en una campaña tensa y compleja. A su vez, el PSOE, como partido político, tiene que condenar de forma expresa y contundente no sólo actos como el de Santiago, sino también términos fuera de lugar que inciten a la violencia o supongan una amenaza para el legítimo derecho de los candidatos a exponer sus puntos de vista y de los ciudadanos a apoyar la opción que prefiera. La sombra de la jornada de reflexión anterior al 14- M no puede ni debe planear sobre las nuevas elecciones, porque la democracia sólo existe cuando los adversarios compiten en igualdad de condiciones. Una sociedad madura no puede permitir que unos cuantos energúmenos impidan el ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión del pensamiento ante la pasividad- -peor todavía si es complaciente- -de los poderes públicos. Por eso, los ciudadanos esperan una condena inmediata y concluyente de estos hechos por parte del Gobierno y de los máximos responsables del Partido Socialista. Sólo así Zapatero dejará de ser identificado por un amplio sector como un político que tolera sin reacción alguna ciertas coacciones antidemocráticas hacia sus oponentes.