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32 INTERNACIONAL www. abc. es internacional MARTES 12- -2- -2008 ABC El Pentágono pide la pena capital para seis presos de Guantánamo vinculados al 11- S Los interrogatorios con ahogamientos simulados cuestionan la viabilidad de estos procesamientos castrenses PEDRO RODRÍGUEZ CORRESPONSAL WASHINGTON. Fiscales militares del Pentágono han solicitado formalmente la pena de muerte contra seis de los presos internados en la cárcel extrajudicial de Guantánamo por su presunta implicación en la ofensiva terrorista del 11- S. De acuerdo con las prolijas acusaciones anunciadas ayer, los presuntos terroristas serían responsables de un total de 169 actos delictivos entre los que figuran diversos crímenes de guerra. Todo dentro de lo que ha sido descrito como un altamente sofisticado y organizado plan para atacar a los Estados Unidos de América Estas acusaciones, tras pasar por el tamiz de la juez togada Susan J. Crawford, abren las puertas para que dentro de unos cuantos meses estos seis individuos- -sin salir de Guantánamo- -sean procesados conjuntamente ante un tribunal castrense especial, con ayuda de un jurado compuesto por doce oficiales. Los reos tendrán opción de contratar sus propios abogados y la posibilidad de apelar eventuales sentencias ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Al anunciar estas decisiones. el general Thomas Hartman insistió en que estos procesados tendrán exactamente los mismos derechos procesales que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ante la jurisdicción castrense regular. Según este letrado militar, las revisadas estipulaciones que regirán estos juicios han sido específicamente diseñadas para asegurar que cada acusado recibe un juicio justo, consistente con los estándares americanos de justicia El grupo de acusados se encuentra encabezado por Khalid Sheik Mohammed, presentado desde su detención en Pakistán como cerebro del ataque a las torres que costó la vida de casi 3.000 personas. El problema es que este confeso responsable de operaciones de Al Qaida también es uno de los presos a los que la CIA interrogó agresivamente con técnicas de ahogamiento simulado. Lo Khalid Sheikh Mohammed, cerebro del 11- S, tras ser detenido en Pakistán en marzo de 2003 AP Interrogatorios de la CIA Florentino Portero UNA VOLUNTAD CLARA DE DAÑO L a Guerra de Afganistán y, en general, la guerra contra el yihadismo, ha planteado un serio problema jurídico a la hora de fijar el tratamiento que merecen aquellos que fueran hechos prisioneros ¿Se les puede tratar como si fueran soldados enemigos? ¿Se debe avanzar en un estatuto especial para terroristas? ¿Qué es terrorismo y cuáles son sus límites? ¿Dónde acaba la guerrilla y empieza el terrorismo? Como en tantas ocasiones Naciones Unidas no ha sido de gran ayuda, al mostrarse incapaz de aprobar una definición operativa de terrorismo. Muchos de sus miembros están convencidos de que el terrorismo es legítimo en determinadas ocasiones y no están dispuestos a facilitar su condena. La Administración Bush optó por definir un marco legal ad hoc dentro de la esfera de la justicia militar, que contó con la aprobación del Legislativo y que, finalmente, fue sólo parcialmente modificado por el Tribunal Supremo. Los expedientes de instrucción siguieron su curso y van llegando a los tribunales. La petición de la máxima condena a seis de los detenidos a nadie le puede extrañar. Estamos haciendo referencia a algunos de los máximos dirigentes de Al Qaida, responsables directos de asesinatos. Entre ellos des- taca Khalid Sheikh Mohammed, el jefe de operaciones de Al Qaida, colaborador directo de Osama Bin Laden y director de los atentados del 11- S. El debate internacional sobre la legalidad del sistema arbitrado por Estados Unidos se volverá a abrir, al tiempo que obligará a los candidatos presidenciales a fijar posición. Sin embargo, no estamos ante un hecho que se vaya a resolver en un tiempo breve. La justicia requiere calma. Para cuando llegue el momento habrán pasado muchas cosas en la política norteamericana, pero es poco probable que para entonces los dirigentes y la opinión pública de ese país hayan dejado de considerar que los responsables de tanto sufrimiento merezcan la pena máxima. La voluntad de hacer el mayor daño posible es tan evidente en sus actos que la defensa tiene ante sí un reto casi imposible. que plantea grandes dudas sobre la viabilidad de procesamientos con testimonios obtenidos bajo sospecha de torturas. De acuerdo con Hartman, brigadier general de la Fuerza Aérea y asesor jurídico de esta corte castrense especial, los fiscales militares no tienen jurisdicción alguna sobre la Agencia Central de Inteligencia y habrá que determinar exactamente las evidencias admisibles en estos juicios tan abiertos como sea posibles Sin dejar de resaltar que los acusados retienen todo el derecho a la presunción de inocencia. La Casa Blanca, por su parte, ha insistido en que el presidente Bush no ha tenido ningún papel en la formulación de estas acusaciones ni en la petición de la pena capital. Más información sobre Guantánamo en www. hrw. org spanish