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4 OPINIÓN LUNES 11 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO EL TESORO DE LA LENGUA ESPAÑOLA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera LA ECONOMÍA PASA FACTURA AL PSOE A encuesta que hoy publica ABC no deja lugar a dudas: la situación económica se ha deteriorado seriamente en opinión de los españoles, tanto la general como la de cada hogar, y los ciudadanos consideran el programa del Partido Popular más adecuado para superar la crisis. Los electores son sensibles al goteo de malas noticias económicas que se viene produciendo desde antes del verano y han cambiado significativamente su percepción, aunque las preferencias ideológicas, posiblemente por la proximidad de las elecciones, continúen tamizando fuertemente la valoración de los hechos. Son aquellos que no manifiestan una preferencia electoral definida los que inclinan la balanza de la opinión pública, junto con la intensidad de la confianza entre los votantes propios. La economía es el principal problema de los españoles; el desempleo, el segundo. Estas cuestiones han desplazado claramente al terrorismo, la inmigración o la vivienda en lo que es una manifestación rotunda de que los españoles dan por terminado el largo ciclo expansivo y se preparan para una época diferente. El porcentaje de españoles que así lo considera sube veinte puntos desde octubre. El 31 por ciento de los encuestados califica de mala o muy mala la situación económica general, quince puntos más que en la anterior oleada. El 51 por ciento prevé un aumento del paro. También aumenta notablemente hasta hacerse mayoritario el porcentaje de españoles que considera que la situación será peor dentro de un año (29 por ciento) y que la capacidad para afrontar la crisis es mala (27 por ciento) Casi la mitad de los hogares (49 por ciento) declara dificultades para llegar a fin de mes y se queja de que ha aumentado la parte de su renta que dedica a partidas básicas, como alimentación o transporte. La crisis del verano hizo que los españoles empezaran a preocuparse por la economía, pero seguían indecisos sobre la profundidad y duración de la tormenta y le daban un cierto margen de confianza al Gobierno. La evolución de los acontecimientos desde entonces, la insistencia de Zapatero en negar los hechos y la incapacidad demostrada para ofrecer soluciones creíbles han definido un nuevo panorama, L han erosionado la credibilidad del presidente y su equipo económico y han acabado por preocupar seriamente a los españoles, a todos, aunque un poco menos a los que se declaran votantes del PSOE, que siguen confiando, por lo menos hasta el 9 de marzo, en que la crisis se quede en una turbulencia pasajera. Estos ciudadanos se declaran más inquietos por el paro, junto con las mujeres y los individuos adultos, y quizá por eso el Gobierno haya reaccionado con tanta virulencia y falta de rigor ante las cifras del paro registrado de enero: porque ha notado que los datos económicos han empezado a hacer mella en sus perspectivas electorales. Los españoles mantienen su aprobado raspado (5,1) a la política económica del Gobierno socialista, pero encuentran fallos importantes en su gestión: incapacidad para mantener el poder adquisitivo, reducir los impuestos o contener la subida de precios. Y, lo que es peor para sus expectativas, consideran que el programa del PP es más adecuado para garantizar el crecimiento económico y sus propuestas fiscales, abrumadoramente más justas para el conjunto de la sociedad (52 por ciento de los encuestados) y más ventajosas para su propio bolsillo, incluido el 40 por ciento de los votantes socialistas, lo que resulta un dato tremendo para la credibilidad de su propia oferta y un rotundo indicador de que los españoles son electores maduros que no aceptan ocurrencias e improvisaciones. Resulta significativo, por último, y preocupante también para el Ejecutivo, que aunque Solbes aparezca como mejor ministro que Pizarro, sobre todo por su nivel de reconocimiento fuera de sus propios votantes, la confianza en el vicepresidente se hunde en situaciones de crisis- -diez puntos entre sus propios votantes- mientras que el de Teruel es el preferido para fomentar el crecimiento económico, objetivo que se está convirtiendo en prioritario. La conclusión de todos los datos contenidos en la encuesta es inapelable: los españoles perciben la crisis económica y el Gobierno de Zapatero ha gestionado mal el cambio en la situación. Ha preferido ocultarla hasta que le ha sido posible, y ahora no tiene programa ni candidato para encararla con credibilidad y confianza. No lo decimos nosotros, sino los electores. EVITAR LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA NTRE los problemas que afectan al sistema educativo español, es preciso prestar especial atención a la violencia escolar. Las agresiones físicas y el culto a la ley del más fuerte son fenómenos cotidianos en los mensajes que niños y adolescentes reciben por muy diversos medios. Muchos profesores son víctimas del deterioro de las reglas más elementales de convivencia, y si los padres de alumnos se suman a esta ola de violencia, la crisis puede ser imparable. De ahí que la opinión pública siga con expectación el juicio iniciado la semana pasada en Barcelona por la presunta agresión de unos padres a dos maestras y un conserje de un colegio público. De acuerdo con la petición de la Fiscalía, de la Generalitat y del Ayuntamiento, el juzgado de lo Penal analiza los hechos como un posible delito de atentado, y no como una simple falta, de manera que los padres hacen frente a una eventual condena de más de un año de prisión. Con independencia de las circunstancias particulares de este caso, que deberá determinar el órgano judicial, es evidente que cualquier acción violenta tiene que ser eliminada de la vida escolar. La escuela no sólo sirve para transmitir conocimientos, sino también- -muy especialmente- -para educar en los valores propios de la convivencia en paz y en libertad. El fracaso en la transmisión de estas reglas elementales es una E fuente segura de desarraigo y de criminalidad potencial. Por eso los poderes públicos tienen que exigir el cumplimiento estricto de las normas por parte de todos los integrantes de la comunidad escolar. Por desgracia, proliferan las noticias sobre autoridades académicas incapaces de ejercer sus funciones y profesores que sufren ansiedad y depresión ante la imposibilidad de mantener un orden mínimo en las aulas. En una edad tan delicada para su formación, los jóvenes tienen que ser conscientes de que el respeto y la corrección en las formas son exigencias mínimas ante cualquier situación. Los padres tienen que contribuir a ello en lugar de ponerse siempre de parte de sus hijos y transmitirles así una falsa sensación de impunidad ante su mal comportamiento. La cuestión es compleja y exige la contribución de todos, sin demagogia ni retórica vacía. Una cosa es expresar las discrepancias por los cauces establecidos y otra muy distinta amedrentar a los demás a base de golpes y amenazas. El caso de Barcelona ha quedado visto para sentencia, y habrá que estar atentos a la decisión judicial. Con carácter general, lo importante es poner los medios no sólo para sancionar, sino también para prevenir estas conductas, que deben ser atajadas con el objetivo de alcanzar un nivel razonable de convivencia en nuestras escuelas. E ha dicho con acierto que la lengua española es el petróleo de nuestro país en términos socioeconómicos. Como recogía ayer ABC en un amplio informe, estamos en presencia de una verdadera multinacional del idioma, en pleno proceso de expansión. Los estudios más recientes confirman unas cifras realmente atractivas: en la última década, la aportación de nuestra lengua a la economía española es de un billón de euros, y su peso se sitúa en torno al 15 por ciento del PIB. El español es una inmensa plataforma cultural y una buena herramienta para los negocios. Cerca de 450 millones de hablantes, veintiún países que lo utilizan como lengua oficial, abrumadoramente mayoritaria, y una demanda creciente como segundo o tercer idioma en muchos países del mundo son datos dignos de ser resaltados. Es llamativa también la naturaleza económica de la lengua, analizada en el importante informe Economía del español que ha dirigido recientemente el profesor García Delgado: es un bien sin coste de producción, que no se agota con el uso, no es apropiable, tiene un coste único de acceso y su valor se incrementa cuanto más se consume. Si pasamos de la economía a las relaciones internacionales, es bien sabido que la moderna teoría del poder blando considera a la cultura como un valor sustancial para la acción exterior de los estados en la actual sociedad globalizada. Tenemos, por tanto, un activo de primer orden, vehículo de una literatura que está situada- -como mínimo- -a la altura de las mejores. Es imprescindible por ello extraer todo su potencial en beneficio de nuestra posición en una sociedad tan competitiva y exigente. Ante todo, los poderes públicos deben desempeñar un papel activo en la promoción y difusión del idioma. Siempre será rentable reforzar los recursos que se destinan al Instituto Cervantes y demás instituciones que promueven la presencia exterior del español; en particular, conviene impulsar la labor de patrocinio y mecenazgo en colaboración con las grandes empresas de nuestro país con alcance multinacional. A efectos internos, el éxito universal de nuestra lengua común demuestra el grave daño que están causando en sus propios territorios ciertos nacionalistas de mente estrecha. Poner trabas o dificultades al despliegue natural del español es una prueba de miopía lamentable y, lo que es peor, de intolerable sectarismo. Se abren nuevos retos en la sociedad de la información y del conocimiento: así, el español tiene que reforzar su posición en internet y reclamar el papel que le corresponde para su uso habitual en los organismos internacionales, sin ceder ni un ápice ante otros idiomas que ya no pueden competir con el nuestro. Todos- -poderes públicos, empresas y particulares- -tenemos el deber de cuidar ese tesoro que hemos recibido, en el doble sentido cultural y económico del término. Merece la pena el esfuerzo, porque el futuro pertenece a las naciones que sepan utilizar racionalmente sus recursos. S