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ABC DOMINGO 10- -2- -2008 Precampaña electoral s La Justicia liquida a ANV y PCTV ESPAÑA 17 lía, los magistrados sostienen que esta petición es claramente accesoria a la medida de suspensión general de actividades, por lo que, explica, desestimada ésta, resulta lógico rechazar el cierre de locales. La Sala del 61 también aclaró ayer que la suspensión de todas las actividades de ANV ordenada el pasado viernes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, no afecta a la vía que se sigue en el Supremo. Según se señala en el auto, ambos procesos, el penal que sigue Garzón y el contencioso del Supremo, son compatibles, pues la coincidencia en el tiempo de uno y otro no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos Resulta significativo cómo la Sala del 61 resalta haber tenido que actuar con urgencia para emplazar a ANV y critica la celeridad con que la Fiscalía ha pedido que se suspendiera a dicho partido para no estar en las elecciones. Los magistrados se cuestionan si estos modos han sido o no adecuados para garantizar el respeto debido a los derechos del partido político demandado A partir de este momento, ANV podría presentar un recurso ante la Junta Electoral hasta el día 14 y apelar ante el Constitucional hasta el 18. El auto el que el TS aborda las demandas sobre PCTV se conocerá mañana. Ocurrirá lo que ha ocurrido siempre dijo el Gobierno Que el Gobierno de Zapatero esperaba bastante más de la decisión del Tribunal Supremo sobre ANV y el PCTV- -la suspensión de actividades- -lo dejó claro la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, diez días antes en un desayuno informativo de Europa Press: Ocurrirá lo que ha ocurrido siempre, y sería raro que ahora no ocurriera Y lo que ha ocurrido siempre es que cuando se ha presentado una demanda de ilegalización de un partido político, o cuando se ha presentado una demanda con pruebas suficientes de que se dan los supuestos que ya ha aplicado la Sala del 61 en relación con la ejecución de una sentencia de la ilegalizada Batasuna, se supone que si se presenta algo igual o incluso con más pruebas, es evidente lo que van a decir El Gobierno, de hecho, pedía la suspensión de actividades, pero el Supremo no lo ha creído oportuno. Evidentemente- -subrayó la vicepresidenta primera del Gobierno- si cumplimos todo lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, no van a estar en las elecciones ni ANV ni PCTV Hay mecanismos suficientes en el Estado de Derecho para que a la vista de las pruebas que tenemos, no estén PROCESOS PARALELOS PERO DIFERENTES No existe error o contradicción. Lo que resulta criticable es el uso partidista de la ley que ha hecho el Gobierno, al promover ahora ambos procesos les los partidos ANV y PCTV por entender no tanto que son una continuación de Batasuna (lo que también se sostiene en la demanda) sino que infringen los principios democráticos básicos que debe respetar cualquier partido político (art. 9 de la Ley de Partidos) Por el contrario, el proceso que se sigue ante la Audiencia Nacional investiga unos posibles delitos vinculados con actividades terroristas, y toma sus decisiones sobre ANV y PCTV al amparo del art. 129.2 del Código Penal, que permite suspender provisionalmente las actividades de asociaciones que se utilicen para la comisión de delitos, para evitar así la continuidad en la actividad delictiva Es decir, que mientras que el proceso ante el Tribunal Supremo decide sobre si los partidos mencionados deben ser declarados ilegales o no por sí mismos, el de Julio Banacloche Catedrático de Derecho Procesal de la UCM ABC. es Texto íntegro del auto en que el TS impide a ANV concurrir al 9- M en http: www. abc. es a opinión pública puede- -con razón- -sentirse un tanto confundida con la existencia de dos procedimientos judiciales que, aparentemente, pretenden una misma finalidad (acabar con la actividad de ANV y PCTV) y, no obstante, llegan a conclusiones distintas (suspensión total de actividades por tres años según el auto del juez Garzón y limitación parcial de su actuación, de acuerdo con el de la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo) Esta discrepancia puede explicarse si se distingue adecuadamente entre lo que se pretende en cada uno de los dos procesos, que es diferente, y lo que se ha pedido en ambos y ha sido resuelto por los respectivos tribunales, que también diverge entre sí. En el proceso que se está sustanciando ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado (únicos competentes para hacerlo) han solicitado que se declaren ilega- L El Gobierno ha posibilitado el victimismo de los afectados y que se ponga en duda el Estado de Derecho la Audiencia resuelve sobre si dicho partidos deben disolverse por ser instrumentos creados para facilitar o proceder a la comisión de delitos. En ambos casos, la decisión final no se conoce aún, y tardará un tiempo en adoptarse. Por eso la Fiscalía ha solicitado que, entretanto, se acuerden unas medidas cautelares que pretenden conseguir que la decisión definitiva del proceso no resulte infructuosa, al menos en parte. Las medidas cautelares se piden y se acuerdan, pues, en función de lo pedido en el proceso, y por eso la decisión puede ser distinta aunque las solicitadas sean las mismas. Esto ha sucedido en el presente caso: mientras que Garzón ha considerado que hay que suspender todas las actividades de ANV PCTV porque si no podrían seguirse cometiendo delitos a través de ellas, la Sala del Supremo sólo les ha impedido presentarse a las elecciones y cobrar subvenciones, porque es lo único que considera que produciría consecuencias irreversibles en el caso de que no se prohibieran. No existe pues, error o contradicción en las resoluciones judiciales. El Poder Judicial ha funcionado correctamente. Lo que resulta criticable en esta cuestión es el uso partidista de la ley que ha hecho el Gobierno, al promover o reactivar en este momento ambos procesos, cuando hace unos meses defendía por boca de sus ministros la legalidad de dichos partidos o de sus conductas. Con ello han posibilitado el victimismo de los afectados y que se ponga en duda el Estado de Derecho, cuando la defensa de éste es lo principal que un Gobierno debe procurar.