ABC MADRID 10-02-2008 página 4

4 OPINIÓN DOMINGO 10 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO SARKOZY PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro APUESTA POR LA MANO DURA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera E TODO ABIERTO A UN MES DE LAS URNAS N una semana, el Partido Popular ha recortado en más de medio punto porcentual la diferencia de voto estimado que tiene el PSOE a su favor, según la segunda encuesta preelectoral que hoy publica ABC. Los socialistas mantienen el 42,4 por ciento de hace siete días, pero los populares han pasado del 38,6 al 39,2 por ciento. Además, en la intención directa de voto, el Partido Socialista pierde un punto porcentual y el PP gana 1,4. Estos datos confirman que, en efecto, las elecciones no están ganadas, por mucho que así lo afirmara en octubre pasado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la dirección socialista. No sólo no están ganadas por el PSOE, sino que, además, el desarrollo de la precampaña está favoreciendo al PP, cuyas propuestas de los últimos días han tenido una mayor incidencia en términos de opinión pública que las del partido del Gobierno, obligado a jugar a la defensiva e incapaz de llevar la iniciativa. Las razones de este recorte de la ventaja socialista son de diversa índole, pero es evidente que la evolución negativa de los índices económicos está siendo determinante. La encuesta ya refleja el impacto del pésimo dato de paro en el mes de enero y, probablemente, el error del Gobierno y del PSOE en su contumaz y absurdo empeño en negar que la economía de los españoles va mal, porque crece el desempleo, suben los precios, baja la productividad y se desploma la confianza de los consumidores en medio de la convulsión de los mercados de valores. Este paisaje idílico que pretende vender el Ejecutivo puede tener efectos muy negativos en las aspiraciones socialistas, más incluso que la propia situación económica, porque no hay estrategia electoral que sea capaz de alterar el sentimiento generalizado de que la economía se ha complicado sustancialmente en los últimos meses. Tampoco parece que la polémica con la Conferencia Episcopal esté siendo rentable al PSOE. Por el contrario, la hostilidad manifestada hacia los obispos se ha despropor- E cionado de tal manera que lo que revela es una actitud intransigente y crispada, más que una expresión de legítimo laicismo. El PSOE parece ignorar que ya no vive en marzo de 2004 y que cultivar el voto de la izquierda extremista tiene el coste de perder la confianza de los ciudadanos moderados, que se preocupan por un partido que niega los problemas de economía y de inmigración y se alarma, en cambio, por una imaginaria ofensiva ultracatólica. Por su parte, el PP recoge los primeros beneficios de entrar en los grandes problemas nacionales con mensajes concretos, dirigidos al ciudadano medio, exactamente lo contrario de lo que está haciendo el PSOE. En la última semana Rajoy ha liderado la precampaña, poniendo a los socialistas en una actitud defensiva y de respuesta, pero no de iniciativa. La encuesta de ABC no recoge el efecto de la oferta electoral sobre inmigración- -el contrato de integración pero la polémica que suscitó ha sido el exponente más claro de la falta de reflejos del PSOE y de la vulnerabilidad de una precampaña basada más en la descalificación ajena- -del PP, de los obispos- -que en generar confianza. Conviene, eso sí, que los populares no dilapiden sus éxitos con salidas de tono, sino que los administren con sensatez, moderación y un lenguaje mesurado. El estado actual de la opinión pública es el idóneo para la presentación del programa electoral del PP, que tuvo lugar ayer en Madrid, porque permite a Rajoy enlazar la recuperación en los sondeos con la difusión de sus compromisos electorales. El programa del PP, que pretende compartir un proyecto de convivencia, valores y principios responde a las directrices anunciadas por Rajoy desde hace meses: propuestas concretas, dirigidas a problemas reales y orientadas a mejorar el nivel de vida de todos los españoles. Este programa no olvida tampoco las grandes cuestiones políticas, porque el primer mandato de Rodríguez Zapatero deja tras de sí una secuela de daños institucionales que el PP, si retoma el Gobierno, tendrá que reparar de forma decidida e inmediata. AYUDAS RETÓRICAS AL ALQUILER ON la renta básica de emancipación- -una ayuda de 210 euros al mes al alquiler de vivienda dirigida a mileuristas entre veintidós y treinta años- -el Gobierno pretendía dotarse de un instrumento de movilización del grupo social que presuntamente le dio la mayoría en las anteriores elecciones, pero los problemas que están apareciendo en su puesta en práctica amenazan con convertir la ocurrencia en fiasco. Que los subsidios a la demanda de un bien se trasladan a su precio final es un lugar común de la teoría económica que se puede comprobar en los libros de texto que se imparten en cualquier Facultad española. Si, además, estos subsidios se dirigen a un colectivo concreto, producen efectos perversos y pueden generar la expulsión de los no beneficiarios, que se enfrentan a precios más altos por un bien que se ha convertido en escaso. Estos efectos perversos no son una curiosidad intelectual, sino que han sido ampliamente contrastados- -por ejemplo, en España- -en las políticas de empleo dirigidas a grupos concretos de trabajadores en las propias publicaciones del Ministerio de Trabajo. La reacción de una administración típica ante estos efectos que hacen naufragar su política es siempre la misma: más controles, más inspección y más gasto para asegurar el destino final de las ayudas, con lo que el resultado final es un mercado de alquileres más caro e intervenido y menos eficiente. C Todos estos fenómenos- -perfectamente previsibles y sin duda conocidos por el equipo económico del Gobierno socialista, que ha preferido callar anta la ofensiva electoral encabezada por la ministra Carme Chacón- -se pueden observar ya en la renta de emancipación. Los 210 euros se han trasladado al precio de los alquileres, los grupos sociales que no pueden recibirlos encuentran más dificultades para encontrar una vivienda asequible y cuando lo hacen es de peor calidad o en peores condiciones. Además, se ha generado en el mercado inmobiliario una demanda adicional que presiona aún más el precio al alza, la de aquellos jóvenes incentivados ahora a emanciparse. Los intentos de la Administración por evitar que los propietarios suban los precios- -entre infantiles y amenazantes- -sólo sirven para que estos se retraigan, retiren su vivienda del mercado a la espera de que ésta se tranquilice, pasen las elecciones generales y se recupere el sentido común. Intervenir los mercados con criterios electorales- -el propio y grandilocuente nombre de lo que no es sino un subsidio es la mejor prueba- -no es buena política económica, sino pura demagogia. No soluciona el problema, sino que lo agrava. Más fácil hubiera sido recuperar la ley Boyer para incentivar la oferta de pisos en alquiler, aunque eso no vende en el mercado de votos. L Parlamento francés ha aprobado una polémica reforma legal que permite a los jueces mantener internados indefinidamente en centros especiales- -por periodos anuales prorrogables- -a los delincuentes que, aun habiendo cumplido sus condenas, sean considerados peligrosos por médicos y expertos. La medida se centra en los delitos más odiosos y pone sobre la mesa del debate la necesidad de armonizar la seguridad jurídica, la rehabilitación del delincuente y la protección de la sociedad. Esta reforma legal, que refleja una política de auténtica mano dura contra la delincuencia, tiene efectos retroactivos, es decir, se aplicará a delincuentes que ya estén cumpliendo condena. Desde la perspectiva constitucional española, esta retroactividad sería inadmisible, pero los demás aspectos de la iniciativa merecen un análisis más sosegado, porque el internamiento y el seguimiento del delincuente están sometidos a control judicial, se basa en informes médicos y técnicos y prevé una asistencia jurídica obligatoria. España no es ajena al debate de fondo que plantea esta reforma legal francesa. En numerosas ocasiones- -por ejemplo, cada vez que un violador condenado por múltiples agresiones sexuales sale de prisión con un pronóstico negativo de reinserción y un alto riesgo de reincidencia- -se ha generado el debate acerca de qué hacer con los delincuentes que no están rehabilitados y siguen siendo peligrosos. La reforma propuesta por Nicolás Sarkozy opta por una medida extrema, pero son posibles constitucionalmente en España otras fórmulas legales igualmente eficaces. De hecho, ya existen en la legislación procesal y penal medidas que se basan en la peligrosidad del delincuente. Así, cabe decretar la prisión provisional no sólo por delitos ya cometidos, sino también por los que pueda volver a cometer y, en el caso de la violencia contra la mujer, para proteger a la víctima. Por tanto, se presume que el sujeto es peligroso, puede volver a delinquir y hay que encarcelarlo. También hay medidas de alejamiento, prohibición de residencia, limitación de movimientos, etcétera, que se aplican al delincuente después de cumplida la condena. La idea de aplicar en España una reforma similar a la aprobada en Francia no es descabellada, pero debería adaptarse a las exigencias del principio de legalidad y de seguridad jurídica. El sistema de cumplimiento íntegro de las condenas es una posibilidad, siempre que aumente el tiempo de permanencia en prisión para delitos graves, como las agresiones sexuales, que ahora no llegan al plazo máximo de cuarenta años. Y si se opta por aplicar medidas de seguridad postdelictuales, como el internamiento en caso de riesgo cierto de reincidencia, no podrían tener efecto retroactivo; deberían estar aceptadas, por si fueran necesarias, en la propia sentencia de condena y habrían de quedar siempre sometidas al control judicial.