ABC MADRID 09-02-2008 página 4

4 OPINIÓN SÁBADO 9 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro RECIPROCIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA OS problemas de Sacyr en Eiffage revelan las dificultades del mercado único europeo en tiempos de proteccionismo nacional, pero también muestran el fracaso de la política exterior y económica del Gobierno de Zapatero, que, distraído con sus circunloquios sobre la nación, ha perdido toda influencia en una Europa en la que el tamaño importa y donde algunos estados son más iguales que otros. Resulta inconcebible que la Comisión Europea- -tan proclive a perseguir prácticas restrictivas de la competencia y obstáculos a la libre circulación de capitales cuando afectan a países pequeños- -condone, sin cuestionarlos, los grandes monopolios públicos, protegidos por el mantra de la excepción cultural, mientras rechaza instrumentos selectivos de protección como la exigencia de reciprocidad. Pero resulta aún más sorprendente que el Gobierno socialista, incluido su vicepresidente, experto en asuntos comunitarios, no se hubiera percatado del peligro evidente que esta asimetría representa para el sector eléctrico español y no haya hecho nada en cuatro años para ponerle remedio. El Ejecutivo no puede excusarse en la legislación europea ahora que los ciudadanos españoles asisten estupefactos al espectáculo paralelo de la utilización sistemática e implacable del Derecho, la política y el dinero para impedir que una constructora española compre una empresa en Francia y, en paralelo, observa la alfombra roja tendida al monopolio público francés para que compre lo que queda del sector eléctrico nacional. Sin justificación alguna, se enfrentó Zapatero a Bruselas hasta conseguir la apertura de un expediente sancionador. En el caso Endesa, la Comisión Nacional de Energía impuso condiciones ilegales a Enel en una operación de maquillaje cuyo único objetivo era hacer aparecer al presidente como legítimo defensor de los intereses nacionales. Ahora tiene el Gobierno una oportunidad real de enseñar sus credenciales y de desmarcarse de operaciones de salón; y la CNE, de recuperar parte de su credibilidad, poniendo fin al absurdo legal de un mismo propietario con participaciones significativas en dos eléctricas. La opinión pública no entiende la pasividad mostrada con EDF en el caso Iberdrola y tampoco la discrecionalidad utilizada en beneficio de algunos empresarios, sobre todo cuando la compara con la agresividad mostrada por el Gobierno francés para defender a una inmobiliaria. No se trata de replicar con la misma moneda, sino de exigir reciprocidad ante Bruselas y denunciar una construcción sesgada del mercado único. Los argumentos sencillos son muy poderosos: si una empresa española no puede comprar EDF porque el Estado francés controla el 70 por ciento de su capital, ¿por qué va a permitirle el Estado español a la eléctrica gala comprar Iberdrola? Si Eiffage puede comprar cualquier inmobiliaria española sin más restricción que poner suficiente dinero encima de la mesa, ¿por qué no va a poder hacer lo propio Sacyr con Eiffage? Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera L SUSPENSIÓN NECESARIA, PERO TARDÍA A Sala del 61 del Tribunal Supremo y el juez Garzón resolvieron ayer de forma parcialmente coincidente las peticiones de suspensión cautelar planteadas por el Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca. Si el juez Garzón acordó las suspensiones de actividades de ambas formaciones proetarras a todos los efectos legales, el Tribunal Supremo optó por matizar con mucha precisión el alcance de estas medidas cautelares, pues la Ley de Partidos Políticos prevé que la Sala del 61 establezca los límites de la citada suspensión. Las resoluciones del Supremo y del Juzgado Central de Instrucción número 5 coinciden en excluir a ANV de las elecciones generales del 9- M y en cortar la financiación pública de ambas formaciones de la izquierda abertzale. Sin embargo, el TS ha rechazado la prohibición de actividades políticas de tal manera que PCTV y ANV podrán seguir ejerciendo el derecho de reunión y manifestación. Así como no habrá problemas en la ejecución de estos autos judiciales en lo referente a la expulsión electoral de ANV el conflicto interpretativo se va a plantear con toda seguridad en relación con las demás actividades políticas de ambas formaciones abertzales, porque Garzón prohíbe lo que el Supremo autoriza. ¿Será ilegal la convocatoria la manifestación convocada por ANV para mañana? Estos desajustes entre tribunales son una de las consecuencias de la defectuosa estrategia procesal de la Abogacía del Estado y del Ministerio Público que al emprender simultáneamente dos procesos distintos de jurisdicciones distintas para lograr los mismos objetivos estaba dando lugar a la posibilidad de lo que finalmente se ha producido, dos resoluciones contradictorias en parte. Si el Gobierno hubiera iniciado hace meses estos procesos por separado y sin estas absurdas premuras de tiempo la situación jurídica del PCTV y de ANV no estaría definida por autos de medidas cautelares, sino, probablemente, por sentencias de ilegalización. En principio, salvo que surja alguna de esas listas durmientes cuya existencia descartó el ministro del L Interior, la organización terrorista no podrá comparecer a través de grupos satélites a las elecciones generales del próximo 9 de marzo, lo cual tiene un efecto más político que práctico, pues el escenario electoral que realmente disputa la izquierda proetarra es el vasco. Ahora bien, los diputados autonómicos del PCTV y los alcaldes y concejales de ANV no perderán sus actas, por lo que ETA seguirá presente en el Parlamento de Vitoria y en los ayuntamientos vascos y navarros. Garzón esgrime el argumento de que, cuando ambos partidos concurrieron a las elecciones de 2005 y de 2007, lo hicieron separadamente y sin hallarse integrados en Batasuna o en el complejo terrorista liderado por ETA Esta afirmación suena a justificación de conductas propias o ajenas- -o a ambas cosas a la vez- pero no se corresponde con la notoriedad de los vínculos de esos partidos con el entramado etarra en ambos procesos electorales, ni con los informes policiales que ponían de manifiesto esas conexiones con tiempo suficiente para, al menos, haber resuelto mucho antes la ilegalización de estos grupos. ¿Cómo es posible que el Supremo anulara la mitad de las candidaturas de ANV en 2007- -la otra mitad no se anuló porque el Gobierno no quiso- -por su vinculación con ETA si, según Garzón, este partido no estaba entonces integrado en el complejo terrorista liderado por ETA? En todo caso, la eficacia política de estas suspensiones- -total, según Garzón; parcial, según el Supremo- -no se agota con las resoluciones judiciales que las decretan. Es necesario que ningún partido propicie la actividad de estos grupos sometidos a la medida cautelar: Batasuna fue también suspendida por el juez Garzón en agosto de 2002 y esto no impidió que el Partido Socialista de Euskadi empezara, ese mismo año, a negociar con Otegi la tregua de ETA. Por eso, las declaraciones del secretario y cabeza de lista de los socialistas guipuzcoanos, Miguel Buen- -con desmentido a medias posterior- en las que señaló que volverían a negociar con ETA si se dieran las mismas circunstancias, deberían haber merecido una contundente desautorización por parte de la dirección del PSOE. BAJOS ÍNDICES DE LECTURA UNQUE haya mejorado en 1,4 puntos respecto al año anterior, la población lectora en España sigue muy lejos de la media europea (56,9 frente al 70 por ciento) y a una distancia considerable de los países nórdicos, que ocupan las primeras posiciones. Los datos que aporta la Federación de Gremios de Editores- -publicados ayer por ABC- -son muy significativos: las mujeres leen más que los hombres; los jóvenes, más que los mayores, y, lógicamente, el porcentaje mejora según el nivel educativo. La novela es el género más atractivo y el entretenimiento, el motivo principal por el cual leen los españoles. Los datos son ciertamente discretos en términos globales, y nos sitúan en el furgón de cola en Europa. Esta es otra buena razón para enfocar los asuntos educativos y culturales desde una perspectiva de Estado y no en base a criterios oportunistas. En todo caso, conviene recordar algunos aspectos llamativos. Así, destaca la diferencia entre comunidades autónomas, que sitúa a Madrid con notable ventaja sobre el resto y un porcentaje del 65,7 que se acerca a los parámetros internacionales. En el extremo opuesto, Extremadura ofrece un nivel muy bajo, que debe ser motivo de reflexión para los responsables autonómicos. Los lectores no se improvisan, sino que son una acción A eficaz de los poderes públicos en la promoción del libro y en la formación básica de los ciudadanos. La cultura española en general, y en particular la literatura, se sitúan en un primer plano internacional que no se corresponde con las bajas cifras de usuarios de las ofertas culturales. De nada sirve tener escritores de fama mundial si luego el número de lectores está muy por debajo de las cifras que ofrecen otros países con creadores menos destacados. La educación es la clave que determina para toda la vida la actitud de una persona ante un libro, una obra de teatro o una pieza musical. Hace falta con urgencia un pacto escolar más allá de las ideologías y es imprescindible buscar un denominador común para los planes de estudios en todo el territorio nacional, con el fin de evitar estas diferencias abrumadoras. Según la Constitución, el Estado tiene que garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de todas las personas en cualquier parte de España, y la propia Norma Fundamental establece que la cultura es un derecho de los ciudadanos que los poderes públicos tienen que impulsar y promover. Es imprescindible que, en los próximos años, nuestros índices de lectura se aproximen de forma significativa a la media europea y que las diferencias internas se reduzcan a límites razonables.