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4 OPINIÓN VIERNES 8 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO LEGANÉS, PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro PRETEXTO ELECTORAL E cara al 9- M, el PSOE sigue empeñado en provocar batallas artificiales de apariencia ideológica con objeto de movilizar al sector más radical de sus electores potenciales. Todo vale con tal de conseguir un voto más, desde la reacción desmedida contra los obispos hasta las especulaciones sobre la reforma de la ley del aborto. El pretexto es ahora la decisión judicial de confirmar el archivo de las actuaciones en el caso de las muertes de varios pacientes tras un discutible proceso de sedaciones en el hospital de Leganés. Los socialistas fabrican una historia de buenos y malos según su propia conveniencia. Inventan un retrógrado imaginario, el anterior consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, que persigue supuestamente a un médico progresista dispuesto a sacrificarlo todo por sus convicciones. En último término, el mensaje siempre es el mismo: el PP representa a los sectores más autoritarios que sólo podrán ser frenados en su cruzada contra la modernidad si el progresista modélico vota a Rodríguez Zapatero. La maniobra es tan burda que debería caer por su propio peso, pero ciertos círculos radicales del PSOE siguen dispuestos a estirar la tragicomedia. Ayer, el PSOE e IU invitaron al doctor Montes a la Asamblea de Madrid para que pudiera exhibirse como una víctima del Gobierno regional madrileño. Es lógico suponer que no haya muchos ciudadanos que se dejen engañar pero, por si acaso, el PSOE prefiere seguir alimentando el montaje para evitar que se hable de otros asuntos que no le convienen. Una lectura atenta de la resolución judicial desmonta cualquier pretensión de abrir un proceso político en toda regla contra Manuel Lamela y, por extensión, contra el PP en su conjunto. E incluso, puestos a crear confusión, frente a la Conferencia Episcopal y a los católicos que se oponen a la eutanasia. El Tribunal no entró a determinar si hubo o no hubo mala praxis médica, y se ha limitado a aplicar la legislación vigente como corresponde a su función. El PSOE instrumentaliza la justicia con objeto de criminalizar a la oposición y sacar provecho del asunto en plena precampaña. El partidismo alcanza en este caso límites excesivos, sin que el PP haya logrado contrarrestar con eficacia esta campaña artificial. Por fortuna, la opinión pública sabe distinguir entre hechos reales, verdades a medias y mentiras patentes. De hecho, empieza a producirse un efecto bumerán que lleva a mucha gente a analizar las circunstancias y sus secuelas desde el sentido común y lejos de cualquier sectarismo ideológico. Aprovechar este asunto para forzar un debate social sobre la eutanasia es buena prueba de que el PSOE está preocupado y todo sirve con tal de ganar- -hipotéticamente- -un puñado de votos. Los socialistas pretenden distraer la atención con tal de que no se hable de lo que no le conviene. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera D REGLAS CLARAS PARA LA INMIGRACIÓN A propuesta del Partido Popular sobre política de inmigración ha elevado el nivel del debate preelectoral, con el planteamiento, sin tópicos ni eufemismos, de un asunto esencial para el futuro de la sociedad española. La idea de un contrato de integración que habría de firmar todo inmigrante que entrara en España, tiene la virtud de romper el monopolio de la corrección política que pesa sobre la inmigración y de obligar a los partidos a debatir soluciones concretas. Rajoy no sólo ha tomado una iniciativa globalmente acertada, sino que también ha forzado en el PSOE una reacción sintomática de su falta de discurso sobre esta cuestión. Las críticas desaforadas de los socialistas, tachando de xenófoba y racista la propuesta del PP reinciden en los argu, mentos del progresismo más previsible y superficial; también del que resulta menos eficaz para afrontar el problema que todas las sociedades y gobiernos europeos consideran como uno de los más graves a corto y medio plazo. Las bondades de la inmigración en el desarrollo demográfico y económico son evidentes y nadie las discute, pero el constante incremento de población extranjera tiene otras vertientes que una sociedad organizada no debe ignorar. La integración cultural y social de los inmigrantes es tan imprescindible como su integración económica, más aún porque la inmigración que entra en España no es estrictamente laboral. El plan del PP incluye una reforma de la reagrupación familiar, porque este procedimiento ha transformado la naturaleza de los flujos migratorios con destino a España, de manera que la finalidad del trabajador inmigrante no es sólo tener un empleo en nuestro país, sino establecerse en él con toda su familia. Es cierto que la propuesta del PP alude al respeto a las costumbres españolas- -además de a las leyes y otras medidas también de gran importancia- -y que esta fórmula es muy genérica en su planteamiento. Sin embargo, el ciudadano sí entiende, mejor que los grupos políticos críticos con la idea de Rajoy, a qué se refiere el PP con la referencia a las costumbres No, desde luego, a hábitos folclóricos, sino a una di- L námica social ordenada sobre usos de convivencia en barrios, colegios, espacios públicos, etcétera. Lo importante, sin duda, es el fondo político de la propuesta, que se concreta en la exigencia a los inmigrantes de un compromiso vinculante con el Estado para garantizar su integración personal y la cohesión de la sociedad española. Objetivos ambos que están unidos de forma inseparable. Además, los socialistas tienen doble lenguaje. Rodríguez Zapatero dice fuera lo que no se atreve a decir en España. Por el gobierno francés, los españoles saben que el presidente español se comprometió a no hacer más regularizaciones masivas y a organizar deportaciones colectivas con Francia e Italia. Ahora que el PP hace una propuesta que anticipa soluciones- -por lo menos, lo intenta- -a esas medidas drásticas y necesarias que Zapatero acepta a escondidas, el socialismo se rasga las vestiduras para no ver perjudicada su apariencia progresista. Nuevamente, el PSOE incurre en el error de negar la realidad que ven todos los españoles, sin esos sentimientos xenófobos ni racistas con los que se escandaliza la izquierda y que si están presentes en algún discurso es en el de partidos separatistas como ERC, pero contra España y la identidad española. Es urgente una política de inmigración. El PP propone una, similar a la que ya existe en Francia y en otros países europeos, y el PSOE se limita a descalificarla. Así, no hay oferta socialista para resolver los retos de la integración, ni problemas tan concretos como, por ejemplo, el del uso del velo islámico, cuya regulación es otro compromiso del PP. La polémica que se ha producido en Turquía después de que la mayoría islamista del Parlamento aprobara la autorización del velo en la Universidad- -muy criticada por la oposición laica- -demuestra que no es una opción responsable esconder la cabeza bajo el ala o intoxicar a la opinión pública con eslóganes políticamente correctos. Rajoy ha hecho una propuesta audaz en el momento en el que los partidos deben mostrar sus cartas para gobernar España y resolver sus problemas. EL PP CIERRA EL DEBATE DEL AGUA INALMENTE habrá un acuerdo para que las propuestas electorales en materia de política del agua no sean motivo de disputas internas en el Partido Popular. Días atrás, el secretario general del PP en Aragón avanzó su intención de renunciar al cargo si el programa de este partido incluía una mención expresa al trasvase del Ebro, iniciativa que sin embargo sí compartía, por ejemplo, el PP de la Comunidad Valenciana. La fórmula por la que se optará definitivamente para abortar este conato de conflicto en el PP será una mención expresa a la recuperación del Plan Hidrológico Nacional ejecutado durante el Gobierno de José María Aznar, sin mencionar explícitamente el trasvase del Ebro, pero incluyendo la posibilidad de destinar recursos hidrológicos de cuencas excedentarias a otras deficitarias. Tan razonable es que los ciudadanos aragoneses velen por sus intereses como que lo hagan los de otras Comunidades siempre y cuando todos se sometan, y no pongan en cuestión- -de eso ya se encargan cada día los partidos nacionalistas y separatistas- el principio constitucional que garantiza la solidaridad interterritorial. Sin embargo, es menos razonable que el PP incurra en el error de desandar el camino que ya anduvo años atrás, cuando negoció una postura común sobre el PHN, avalada también por los populares aragoneses, que terminaron por aceptar las diversas contrapartidas derivadas de aquel acuerdo. Convertir ahora en casus belli, a un mes de F las elecciones, una cuestión programática que el PP ya había conseguido encauzar tiempo atrás sin mayores diferencias, no sólo supone incurrir en las mismas contradicciones de las que tanto abusa el PSOE- -incapaz de poner de acuerdo a sus autonomías en torno a un proyecto nacional sobre el agua- sino regalarle bazas ante las urnas ofreciendo una perjudicial imagen de división. El PP acierta al haber reconducido la situación y conciliado un proyecto unívoco que, por un lado, garantiza el cumplimiento del nuevo Estatuto aragonés, incluyendo la previsión sobre la reserva de 6.500 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de esa Comunidad y la conclusión de las obras que restan por ejecutarse del Pacto del Agua suscrito en 1992; y, por otro lado, rubrica el compromiso de que, una vez cumplidas estas premisas, los excedentes hídricos de la cuenca puedan ser reconducidos a otras Comunidades necesitadas de agua. Ahora, el PP debería aprovechar este acuerdo para demostrar que el cierre de filas en torno al programa electoral no tiene marcha atrás. Y, sobre todo, para dejar de dar gratuitamente argumentos fáciles al PSOE, cuya gestión no ha sido precisamente un modelo para rebajar la crispación entre autonomías, y cuyo Gobierno derogó el PHN sin haber ofrecido más soluciones alternativas que un Plan Agua ineficaz y una conflictiva política territorial tachada de insolidaria y aún pendiente del veredicto de constitucionalidad.