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ABC JUEVES 7- -2- -2008 Dos de cada tres ingresos en los hospitales en 2006 llegaron desde urgencias 11 en el supuesto de que no pueda encontrar empleo, a regresar a su país de origen. A cambio, el Gobierno español proporcionaría al trabajador los mismos derechos y prestaciones que a un español, le ayudaría en su integración y respetaría sus creencias y costumbres, siempre y cuando éstas no sean contrarias a las leyes españolas. Sí a la integración y a la convivencia, pero sin discriminaciones ni ventajas por ser inmigrante. La igualdad se predica para todas las personas. Ser inmigrante no supone ser mejor ni peor dijo Rajoy, muy crítico con la desidia del Partido Socialista en este terreno y contrario a establecer una división social entre grupos étnicos o religiosos. Cada inmigrante es una persona distinta con una capacidad diferente. Sólo en la unidad de la sociedad de acogida puede haber integración dijo. Otro de los cauces de entrada de inmigrantes que, en su opinión, debe revisarse es la reagrupación familiar, pues no puede prolongarse hasta el infinito En este sentido, el PP acepta la entrada de la familia directa, pero nadie más. Ce- El PP quiere restablecer la medida, neutralizada por el PSOE, de expulsar a los extranjeros con delitos menores: Combatiré la idea de que en España se puede entrar ilegalmente Se ha hablado mucho de pateras, pero no de lo que ocurre en los Pirineos y en los aeropuertos dijo Rajoy, partidario de una política europea común contra las mafias rraremos las puertas- -añadió- -a todos aquellos que no respetan la ley y atentan contra la convivencia española aseguró Rajoy, en un discurso muy parecido al de Convergencia i Unió, que en anteriores convocatorias electorales también propuso la idea del contrato social con los inmigrantes- -eso sí, con la mente puesta en el aprendizaje de la cultura catalana- Tampoco es ajeno el mensaje de Rajoy a la sensibilidad que la cuestión de la inmigración existe en el área metropolitana de Barcelona, tradicional feudo socialista que en las últimas municipales se vio debilitado por el exitoso discurso del PP sobre inmigración en lugares como Badalona, L Hospitalet o El Prat de Llobregat. Medidas contra la delincuencia y, muy especialmente, contra la inmigración ilegal. Voy a combatir la idea de que en España se puede entrar ilegalmente subrayó el presidente del PP, quien apostó por intensificar los acuerdos con otros países europeos y fomentar las patrullas policiales conjuntas porque se habla mucho de pateras, pero no de lo que ocurre en los Pirineos y en los aeropuertos Recordó el dirigente popular que Rodríguez Zapatero neutralizó una reforma del Gobierno del PP que permitía expulsar a los delincuentes con delitos menores. Mariano Rajoy prometió que, si gana las elecciones, restablecerá esta medida, como han hecho otros países europeos, para poder expulsar a los delincuentes extranjeros, aunque tengan permiso de residencia, siempre y cuando el delito no sea tan grave que merezca cumplir su pena en España. Asimismo, el candidato popular prometió simplificar los procedimientos de repatriación y acabar así con la ilegalidad, con el sufrimiento que genera, y con el drama humanitario que provocan las mafias El complejo caso catalán El empeño de CiU de catalanizar a los inmigrantes y la defensa de papeles para todos del tripartito han hecho fracasar la política de integración, lo que ha favorecido el auge de un partido xenófobo POR M. J. C. BARCELONA. Propuestas como el contrato social con los inmigrantes o la contratación laboral en origen, explicadas ayer por el presidente del PP, Mariano Rajoy, coinciden con el programa electoral de CiU, aunque en el caso de los nacionalistas la ausencia de un mensaje claro respecto a las políticas de inmigración, unido a un exceso de lenguaje identitario, se ha traducido en discursos altisonantes sobre la necesidad de catalanizar a los recién llegados o en declaraciones que rozaban la xenofobia. Fue precisamente el ex presidente Jordi Pujol quien radicalizó el discurso alertando de que el mestizaje sería el fin de Cataluña o proponiendo pruebas de catalanidad. Igualmente, polémicas fueron las críticas del candidato de CiU en las próximas generales, Josep Duran Lleida, contra el velo islámico, así como su vídeo de campaña en el que aparece la frase un magrebí no quiere que su hija de 7 años haga gimnasia en la escuela Pero quien realmente ha crispado el debate sobre la inmigración ha sido el ex dirigente de ERC Heribert Barrera, quien llegó a asegurar que hay una distribución genética en la población catalana diferente de la subsahariana lo que determina la inteligencia Con la llegada del tripartito a la Generalitat se ha producido una cierta relajación en materia de control de la inmigración, pues aquellos que a finales de los noventa pedían papeles para todos son los responsables ahora de la seguridad ciudadana. Precisamente ayer, el líder del PP catalán, Daniel Sirera, reprochaba al consejero de Interior catalán, Joan Saura, que dé instrucciones a los Mossos d Esquadra para que no hagan controles rutinarios entre los inmigrantes. Según Sirera, en los últimos tres años, el Gobierno español ha enviado a Barcelona a 2.000 inmigrantes ilegales de Canarias. El Ejecutivo catalán mira a otro lado y dice que el problema no va con ellos dijo el dirigente popular, quien añadió que cada año entran en España 15.000 rumanos y búlgaros ilegales a través de los Pirineos, según cifras facilitadas por los sindicatos policiales. Estas mismas fuentes han calculado que actualmente viven en Cataluña unos 200.000 magrebíes legales e ilegales, lo que convierte esta comunidad en un polvorín que, con el despliegue de Mossos, ya no puede controlar la Policía Nacional. Esta situación ha sido aprovechada por partidos xenófobos que, como es el caso de Plataforma per Catalunya, logró nada menos que 17 concejales en toda Cataluña en las últimas municipales. ¿Voto de castigo? Repatriaciones más ágiles Mirar a otro lado España, competente para juzgar el tráfico de ilegales en aguas internacionales El Trribunal Supremo ha compartido los argumentos de la Fiscalía para anular un fallo de la Audiencia Provincial de Canarias en el que se declaraba incompetente para juzgar a 18 ciudadanos extranjeros por intentar introducir en España a unos 150 inmigrantes a bordo de un buque inspeccionado en alta mar por autoridades españolas. Así, el TS considera que que los tribunales españoles pueden juzgar los delitos de tráfico ilegal de inmigrantes cometidos en aguas internacionales cuando el destino de la inmigración sea territorio español. El juzgado de instancia se había apoyado en que, para aplicar la jurisprudencia de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se requiere que el Estado español dicte normas internas que le permitan hacer uso de la facultad atribuida en la Convención. La sentencia contó con el voto particular de Enrique Bacigalupo, para quien la jurisdicción española no se basa en el protocolo que complementa la citada Convención, sino en el principio de territorialidad. ABC. es Especial sobre la campaña electoral en www. abc. es