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4 OPINIÓN JUEVES 7 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO ACUERDO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro URGENTE SOBRE LOS DEBATES ALTA justamente un mes para que termine la campaña electoral de cara al 9- M y la opinión pública está impaciente por la falta de acuerdo entre PSOE y PP sobre los debates en televisión. Todo parece claro en cuanto a los contenidos, pero no hay consenso sobre el formato, ni sobre en qué cadena televisiva tendrán lugar los cara a cara entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. La guerra soterrada entre Ferraz y Génova resulta difícil de entender para muchos ciudadanos. Ayer mismo, el PP hizo público un comunicado oficial rechazando la posibilidad de que se celebre en TVE, al considerar que la cadena pública no cumple con el requisito imprescindible de independencia. Mucha gente se pregunta ahora si los socialistas, al amparo de la ligera ventaja que les otorgan las encuestas, han perdido interés en este asunto. En todo caso, lo importante no es la sede, sino la confrontación abierta de posiciones políticas, como es propio de una democracia madura. Por supuesto que resulta inaceptable que las técnicas de comunicación se pongan al servicio de alguno de los partidos, pero es esencial que unos y otros alcancen un acuerdo que permita a los votantes ejercer con mayor fundamento su derecho de sufragio. Ningún líder democrático puede eludir este tipo de confrontación pública. Si Zapatero está tan seguro como dice de que las cosas van bien, tendría que estar ansioso por transmitir su optimismo a todos los ciudadanos. Si Rajoy es consciente de su superioridad como parlamentario, nada mejor que un debate en televisión para confirmar esa ventaja dialéctica ante muchos millones de ciudadanos. La democracia mediática es un fenómeno irreversible en la sociedad de masas. No sólo, como es notorio, en Estados Unidos, sino también en muchos países europeos, la opinión pública exige que quienes aspiran a gobernar se sometan a un contraste abierto de sus programas. Da la impresión de que los acuerdos partidistas pretenden encorsetar el debate, es decir, todo lo contrario de lo que esperan muchos millares de personas. En este caso el fondo es más importante que las formas, una vez garantizado que nadie pretenda sacar ventaja de la puesta en escena. Por eso los partidos deben ponerse de acuerdo cuanto antes. La partitocracia que a veces se apodera de nuestro sistema- -listas cerradas, instituciones politizadas y otros fenómenos- -causa un grave daño a la legitimidad democrática. No hay que dar pretextos a quienes acusan a los aparatos de los partidos de falta de transparencia. Rajoy y Zapatero tienen que debatir en televisión ante el tribunal inapelable de la opinión pública. Por eso, ambos líderes deben ordenar de inmediato a sus asesores que se pongan de acuerdo en los elementos mínimos para garantizar la celebración de estos debates. Puesto que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, según las reglas básicas del estado democrático, es imprescindible que tengan los elementos de juicio indispensables a la hora de tomar una decisión. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera F EL SUPERMARTES DE MCCAIN OMO ya se esperaba, el ecuador del proceso de designación de candidatos a la elección presidencial norteamericana, la célebre votación del supermartes todavía no ha clarificado las cosas, aunque ha dejado bastante más definidos los contornos del panorama en el que se va a dilucidar la elección del próximo presidente norteamericano. Si hay un candidato que ha obtenido un impulso relevante, ese es el republicano John McCain, mientras que en el campo demócrata la senadora Hillary Clinton sigue sin imponerse con la suficiente amplitud sobre su perseguidor, el también senador Barack Obama. A McCain le ha beneficiado ya esa tendencia, tan propia de los norteamericanos, de identificarse con aquel que tiene más posibilidades de ganar, que en aquella sociedad tiene un gran vigor pragmático, incluso deportivo y que a veces pasa por encima de otras consideraciones ideológicas. Después de dos mandatos de una Administración republicana y con un resultado tan peliagudo como el que dejará George W. Bush, los republicanos sólo podían tener oportunidades de pelear por mantenerse en la Casa Blanca presentando un candidato capaz de atraer tanto a los votantes más conservadores- -aunque sea, forzadamente, por no tener otra alternativa- -como aquellos a los que incomoden las propuestas demócratas por demasiado izquierdistas. El éxito de McCain parece ser el haber convencido, a los más moderados de uno y otro partido, de que si los candidatos demócratas quieren enarbolar la bandera del cambio, él tiene también la suya. Sin embargo, su actual ventaja parece basada solamente en su preeminencia en los estados de gran población urbana, como Nueva York, California o Florida, mientras que sus dos contendientes se mantienen fuertes en sus respectivos feudos de referencia: Mike Huckabee en el sur conservador y Mitt Romney en la llamada América profunda. Pero ambos compiten por el voto más conservador, y mien- C tras eso sea así, lo único que hacen es aumentar las posibilidades de McCain. Entre los demócratas, las cosas están poco más o menos como estaban, con Hillary Clinton en cabeza, pero sin lograr desmarcarse de Obama, que aún mantiene vivas todas sus esperanzas. Sin embargo, al quedar circunscrita a estos dos candidatos, la campaña demócrata vuelve a dividirse y a ahondar en un terreno en el que los electores norteamericanos históricamente no han querido entrar: el de los aspirantes que se convierten en representantes de minorías muy definidas. Obama tiene que esforzarse permanentemente en no ser visto como el candidato negro un papel que ya ejerció sin ningún éxito durante dos décadas el activista social Jesse Jackson, mientras que a la esposa del ex presidente Clinton le sucede lo mismo con su condición femenina. Resulta muy revelador del grado de disgregación de los demócratas que, aunque a la senadora le hayan apoyado los colectivos hispanos, ni siquiera en Nueva York, donde asienta su escaño, haya logrado ganar con la holgura que hubiera sido de esperar y, en cambio, Obama ha obtenido allí un nada desdeñable 40 por ciento de apoyos. En tanto los demócratas caminan hacia una designación de candidato en la que su electorado va a tender inevitablemente hacia la división, los republicanos tienen la oportunidad de ir construyendo una candidatura reforzada por una suma de adhesiones. Mientras sus potenciales adversarios construyen su candidatura sobre piezas donde han de yuxtaponerse sectores diferentes de la población, McCain se va quedando solo como una propuesta, más integradora, que empieza a generar su propia dinámica. Es pronto para hacer profecías sobre el desenlace de un proceso para el que faltan aún fechas cruciales, pero las lecciones que han ido señalando los electores parecen seguir el camino siempre previsible de apoyar más la coherencia que la división. AMENAZA A LA LIBERTAD RELIGIOSA YER se debatió en el Parlamento de Cataluña el proyecto de ley sobre centros de culto o de reunión con fines religiosos, cuyo principal valedor es el vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluis Carod- Rovira, el mismo que, durante su viaje a Jerusalén, se retrató de la mano de Pasqual Maragall haciendo burla con una corona de espinas. Las verdaderas intenciones de esta ley no están en su texto, técnicamente innecesario pero políticamente ofensivo, sino en la voluntad sectaria del tripartito presidido por José Montilla de diluir la importancia de la Iglesia Católica en la sociedad catalana, con la excusa de regular la concesión de licencias municipales para la apertura de centros religiosos. Basta leer el preámbulo del proyecto para comprobar que el propósito del Gobierno tripartito es, verdaderamente, avanzar hacia un laicismo hostil orientado contra la Iglesia Católica. Como es habitual en los modos empleados por los socialistas y sus socios en esta legislatura, todo el texto está repleto de buenas palabras y, en este caso, además, de invocaciones a la libertad religiosa. Y tanto halago de laicistas es sospechoso. Por otro lado, si se trata de regular algo tan simple como la concesión de licencias municipales, parece desproporcionada una ley que se justifica, según sus redactores, porque la realidad religiosa de Cataluña es cada día más plural Nada tiene que ver una cosa con la otra, y si de verdad se quiere actuar en beneficio de la seguridad de los fieles, la Generalitat y los ayuntamientos catalanes deben centrarse en las mez- A quitas abiertas sin control en locales, viviendas e incluso garajes, porque, salvo que Carod- Rovira tenga otros datos, ninguna iglesia católica desarrolla sus actividades de forma clandestina o en centros carentes de permisos. El urbanismo es la imaginativa coartada que el tripartito catalán ha encontrado para entorpecer la actividad de la Iglesia Católica y apadrinar la expansión de las mezquitas. Resulta tan burda esta reforma que su auténtica finalidad es inocultable. El proyecto de ley que patrocina el Gobierno social- nacionalista de Cataluña es una amenaza contra la libertad religiosa, amparada por la Constitución de 1978. El reconocimiento político de esta libertad se encuentra en el origen mismo de la democracia y su ejercicio es un derecho fundamental. Es un sarcasmo que Zapatero replique a la jerarquía católica diciendo que no dará un paso atrás en los derechos civiles reconocidos en esta legislatura- -el matrimonio homosexual, el divorcio exprés- -y, al mismo tiempo, consienta que un Gobierno autonómico socialista como el catalán lance una propuesta legal tan amenazante para el derecho al culto religioso. Los socialistas- -y sus aliados de la extrema izquierda y del independentismo- -están yendo demasiado lejos en su crispada ofensiva laicista y de las palabras empiezan a pasar a unas decisiones políticas contra la comunidad católica que, si se consolidan, constituirán una agresión al sistema constitucional de derechos y libertades.