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26 ESPAÑA MIÉRCOLES 6 s 2 s 2008 ABC El juez del caso Guateque opta a la plaza que Del Olmo dejó en la Audiencia Nacional EP MADRID. El juez de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, quien actualmente instruye el caso Guateque sobre la presunta trama de corrupción de funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid, ha solicitado la plaza que ha quedado libre en el Juzgado Central de Instrucción número 6 mientras su titular, Juan Del Olmo, disfruta de un permiso de estudios de cuatro meses en París. Fuentes jurídicas señalaron que Torres concurre, junto con otros magistrados, a la convocatoria para cubrir el puesto vacante en la Audiencia Nacional en comisión de servicios mientras transcurre el permiso de Del Olmo. Para la elección del sustituto temporal Del Olmo en la Audiencia Nacional es necesario, en primer lugar, que la Comisión de Calificación del CGPJ realice los preceptivos informes sobre cada uno de los aspirantes. Tras la valoración de estos historiales, el Consejo designará al magistrado que ocupará temporalmente la plaza vacante en los juzgados Centrales de Instrucción. Las mismas fuentes señalaron que el sustituto de Del Olmo será el responsable, durante la ausencia de éste, de los sumarios pendientes en este juzgado, al igual que hiciera en 2005 el juez Fernando GrandeMarlaska en el Juzgado de Instrucción número 5, sustituyendo en todos sus asuntos a Garzón mientras éste disfrutaba de un viaje de un año de estudios en Estados Unidos. Entre las causas abiertas por Del Olmo están las piezas separadas en las que se investigan nuevos presuntos autores de la matanza del 11- M. El PP catalán no descarta recurrir la futura ley ante el Tribunal Constitucional CiU considera la norma una chapuza que da competencias a los ayuntamientos que no le corresponden Miembros de la comunidad paquistaní en una mezquita en el barrio del Raval, en Barcelona YOLANDA CARDO Cataluña empieza a tramitar la ley que iguala iglesias y mezquitas CiU y PP se oponen a una ley que exige licencias municipales para centros de culto y cuestiona la prevalencia católica J. GUIL BARCELONA. En días de enfretamiento abierto entre el Gobierno de Zapatero y la Conferencia Episcopal, el Parlamento de Cataluña será escenario hoy del inicio de la tramitación de una norma que ha levantado ampollas en los sectores católicos, que se ven discriminados por la misma. Se trata del proyecto de ley sobre los centros de culto o de reunión con fines religiosos, aprobado por el gobierno catalán el pasado noviembre y que hoy el Parlamento catalán empezará a tramitar. Eso sí, después de que el previsible rodillo tripartito dé al traste con sendas enmiendas a la totalidad presentadas por PP y CiU. Con esta nueva ley, que será defendida en el hemiciclo por el vicepresidente Carod Rovira, el gobierno pretende unificar los criterios para la concesión de licencias municipales para lugares de reunión con fines religiosos, cuya instalación, en el caso de las mezquitas, es casi siempre polémica. Sin embargo, para ello no hace distingos para los de la religión católica, alegando que lo suyo es la laicidad. Esta ley, que debe ser detallada en un futuro con un reglamento, establece que los nuevos lugares de culto deberán obtener dos licencias otorgadas por los municipios catalanes (los más poblados, en manos socialistas) una de urbanística y una de actividades de uso que regula las condiciones técnicas de seguridad e higiene de los centros. Además, se obliga a los Ayuntamientos a reservar suelo público para este tipo de locales. Según precisa la ley, las citadas licencias serán requeridas para los locales de culto nuevos, no existentes, y no para aquellos incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural Catalán. O sea, que la Sagrada Familia, por ejemplo, en esto está salvada. Con todo, según advierte a ABC la diputada del PP que hoy defenderá la enmienda a la totalidad, Àngels Olano, la norma abre una puerta a que tenga efectos sobre los centros ya existentes, puesto que en su redactado señala que siempre que un local de culto con licencia de actividad realice una obra mayor en su sede que requiera licencia urbanística, deberá solicitar de nuevo la licencia de actividad Más allá de entrar en detalle sobre el asunto de las licencias, PP y CiU alegan otros motivos de fondo para rechazar esta normativa. De entrada, la popular Àngels Olano señala que lo que realmente quiere esta ley es poner en cuestión la situación de prevalencia de la Iglesia católica y denuncia que con ella un derecho fundamental como la libertad religiosa queda a expensas de quién tenga el poder político Olano, además, considera que en su espíritu la norma infringe y cuestiona la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 y el Concordato suscrito por el Estado Español y el Vaticano en 1979. Por todo ello, aseguró que el PP no descarta recurrir esta futura ley ante el Tribunal Constitucional Por su parte, desde CiU, según señaló ayer su portavoz, Oriol Pujol, creen que la norma es una chapuza jurídica que pretende utilizar el urbanismo para regular los centros de culto Asimismo, Pujol denunció que nos es imposible saber cuál es la intención real del tripartito con esta ley y afirmó que la misma confusión es compartida por otras confesiones religiosas.