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28 ESPAÑA MARTES 5 s 2 s 2008 ABC El TSJ de Murcia investiga el aumento de matrimonios de nigerianos con gitanas En muchos casos, las contrayentes no conocen ni el nombre; sólo saben que es de color S. R. MURCIA. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha abierto una investigación sobre la proliferación de supuestos matrimonios de conveniencia celebrados entre inmigrantes nigerianos y mujeres de etnia gitana, según ha sabido Efe de fuentes judiciales. La voz de alarma, añadieron las fuentes, se produjo al detectar un incremento desorbitado en estos matrimonios contraídos varias pedanías murcianas, como El Palmar, Cobatillas y La Alberca. Así, al analizar la cifra de estos matrimonios, se comprobó que desde diciembre de 2006 hasta el mismo mes de 2007 se habían efectuado 125, número que siguió creciendo en fechas posteriores a un ritmo inusual. Aunque en algunos casos los contrayentes varones eran paquistaníes e indios, la cifra más abultada era la protagonizada por nigerianos, muchos de ellos, con residencia en otras provincias españolas, pero llegados a Murcia sólo para la boda. En muchos casos las contrayentes de etnia gitana desconocían el nombre del varón con el que se iban a casar, del que sólo aportaban como dato que era de color La Fiscalía del TSJ ha encargado a la Policía Judicial que abra una investigación sobre estos hechos por si estos enlaces esconden matrimonios de conveniencia. La boda con un español abre a los inmigrantes la posibilidad de solicitar la tarjeta de residencia de familiar no comunitario. Antes, se exigía un año de convivencia en España. Luego, una sentencia del Tribunal Supremo eliminó esta exigencia. Por eso, muchas parejas se marchan cada una por su lado al salir del Registro Civil. De confirmarse las sospechas, el caso de Murcia se sumaría a la ya larga lista de organizaciones y redes dedicadas al lucrativo negocio de organizar matrimonios con inmigrantes ilegales con el objetivo final de obtener papeles que regularicen su situación en España. Uno de los casos más recientes, también tuvo su origen también en Murcia, en donde fueron detenidos los dirigentes de la Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos, acusados de estafa al dedicarse presuntamente a organizar bodas de conveniencia entre españoles e iberoamericanos. El matrimonio que dirigía esta asociación también fue investigado por la posible utilización fraudulenta de subvenciones. Desde 2003, fecha en que fue creada, había recibido ayudas por casi medio millón de euros. El panorama se repite, prácticamente en todas las comunidades autónomas. En Gijón, por ejemplo, fue desarticulada el pasado verano una red que introducía mujeres nigerianas de forma ilegal en España, a las que llegaban a cobrar hasta 4.000 euros por casamiento. El servicio incluía los testigos y la documentación. Algo similar, ocurrió el año pasado en Barcelona, donde fue desarticulada una banda de paquistaníes que amañaba matrimonios de compatriotas ilegales, que captaban en locutorios, con mujeres españolas y los que cobraban entre 5.000 y 12.000 euros. Entre el negocio, la ignorancia y una caridad interesada En ocasiones estas redes convencen a ciudadanos españoles que atraviesan problemas económicos y con nulo conocimiento de la legalidad, de que lo que están haciendo no es ilegal y, además, contribuyen a una buena obra de caridad, como es ayudar a los inmigrantes ilegales. Eso sí, todo ello, previo pago de una compensación económica. A Murcia sólo para la boda Hasta el momento, a la Generalitat no le consta ningún caso de ablación consumada en Cataluña M. PONCE La Generalitat catalana ha intervenido en 223 casos de riesgo de mutilación genital femenina desde 2003 J. GUIL BARCELONA. Desde 2003, la Generalitat ha intervenido en 223 casos en los que se sospechaba que había riesgo de que una niña fuera sometida a una mutilación genital, una ablación. Además, en los últimos cinco años, estos casos en los que se ha intervenido han aumentado: de 20, en 2003, a 68, en 2007. Estos datos fueron aportados ayer por la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, durante la presentación de la segunda edición del Protocolo de actuaciones para prevenir la mutilación genital femenina. Capdevila precisó que las citadas 223 intervenciones no corresponden a ablaciones consumadas, sino que son casos en que la Generalitat ha realizado varias acciones, desde sensibilizar a la familia de la presunta víctima hasta la denuncia en los juzgados. De hecho, afirmó que de momento no les consta ningún caso de ablación consumada en Cataluña y destacó en este sentido que por ahora no ha habido ninguna condena judicial por esta práctica. En cuanto al aumento de casos de riesgo detectados, el secretario para la Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, consideró que aún no es una mala noticia puesto que lo atribuyó a una mayor eficacia en su detección. Con todo, auguró que en un futuro habrá más casos de riesgo, a causa de los procesos de reagrupación familiar. La decisión de realizar una segunda edición del protocolo contra la ablación obedece a la necesidad de adaptarlo a los cambios legislativos que ha habido desde la primera vez que se implantó, en 2002. Una de las novedades normativas que le afectan han sido la reforma del Código Penal de 2003, por la que la ablación pasó a ser tipificada como delito, no como falta, y castigada con penas de 6 a 12 años de cárcel. Otro cambio legislativo crucial fue, en 2005, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite perseguir este delito si se comete fuera de España.