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ABC MARTES 5 s 2 s 2008 Tribuna Abierta OPINIÓN 7 Manuel M Sánchez Álvarez Asociación de Solidaridad España Israel (ASEI) CARTA ABIERTA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO xcelentísimo señor: Desde la reinstauración de la democracia en 1977, España ha sido un ejemplo de convivencia ciudadana, lo que ha sido posible por la voluntad decidida de todos los ciudadanos. Por encima de nuestro distinto origen, creencias y opiniones, los españoles hemos demostrado, en medio de todas las vicisitudes, ser un pueblo pacífico, tolerante y democrático, que rechaza toda conducta antidemocrática y violenta. En un corto periodo, hemos recibido con los brazos abiertos a millones de personas provenientes de todo el mundo, dando una lección práctica inapelable de rechazo de toda clase de racismo, cualquiera que sea el ropaje del que se envuelva, por lo que podemos decir que, en términos generales, hemos conseguido hacer efectivo a nivel social el mandato constitucional de prohibir la discriminación basada en el nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La Constitución consagra el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral. Sin su respeto no resultan posibles la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, que son fundamento de nuestro orden político y de la paz social. Siendo siempre odiosos, los ataques a la vida y la integridad física y moral de las personas adquieren especial relevancia cuando afectan a comunidades vinculadas por sus creencias o convicciones, al poner en peligro a sus víctimas directas y a toda la sociedad, quebrando los pilares de la convivencia. La sociedad que no reaccione con rapidez y contundencia ante estas conductas se está condenando al progresivo envilecimiento y a la disolución como sociedad democrática basada en los valores de la libertad, justicia e igualdad. Por esto, nuestro ordenamiento sanciona la discriminación por la raza o la religión y consagra la imprescriptibilidad del delito de genocidio y la jurisdicción universal de nuestros Tribunales para la persecución de este delito. Siendo notorio que nuestros Tribunales han hecho un uso generoso de estas posibilidades para perseguir actos de genocidio cometidos en el extranjero, causa perplejidad el silencio, pasividad o desconcierto con el que se han comportado nuestras autoridades ante la Resulta alarmante que, de un tiempo a esta parte, y como respuesta a la defensa de la democracia por parte de las autoridades de otros Estados europeos, España se haya ido convirtiendo en una base de propaganda racista antijudía ante la pasividad de la mayoría de nuestras autoridades E progresar en su guerra ideológica contra la democracia. No es posible separar las actividades negacionistas de la propaganda racista pura y dura. No hay una línea que separe el negacionismo y sus variantes de los ataques violentos a Sinagogas y cementerios judíos; así como a ciudadanos de piel negra, gitanos, árabes, mendigos, etcétera. Todo forma parte de lo que esta gente llama propaganda por la acción, que es complementaria de la propaganda por escrito. En este contexto, invocar los derechos constitucionales a la libertad de expresión o de investigación, como cobertura de estas actividades, es un escarnio para las víctimas y un peligro para una democracia que abdica de su defensa moral, necesaria, legítima y legal, frente a un enemigo insidioso y violento que, por minoritario que sea hoy, no es menos peligroso. a democracia la defienden los demócratas. La historia demuestra que la derrota de las democracias europeas frente a los fascismos y racismos comenzó el día en que aquéllos permanecieron pasivos ante las actividades de tales grupos, incluso desde su fase incipiente. Por ello resulta alarmante que, de un tiempo a esta parte, y como respuesta a la defensa de la democracia por parte de las autoridades de otros Estados europeos, España se haya ido convirtiendo en una base de propaganda racista antijudía ante la pasividad de la mayoría de nuestras autoridades, que, salvo excepciones honrosas, se han comportado en este caso de manera contradictoria y tímida. Lo trágico de la situación es que esto sucede al tiempo de que se concede el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a Yad Vashem, cuya función es honrar a las víctimas de una Shoah que hoy se puede negar o minimizar impunemente en España. Nuestra Constitución atribuye al Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Para cumplir con estas funciones, el Ministerio Fiscal, con pleno respeto a la legalidad vigente, está obligado a dar una respuesta clara, concreta, sistemática y completa en todos los órdenes del ordenamiento jurídico, y guiada por el principio de unidad de actuación, ante las actividades de propaganda racista, desde las aparentemente inocuas, como la difusión de propaganda- -incluyendo la negacionista- celebración de actos o reuniones, etcétera, como ante cualquier manifestación violenta, por nimia que pueda parecer, por lo que le pedimos a V que imparta las instruccio. E. nes que correspondan a todos los fiscales de España. L evidente escalada de las actividades de los grupos racistas, uno de cuyos pilares esenciales es la propaganda antisemita o, mejor dicho, antijudía. L os racistas de cualquier pelaje saben que para poder prosperar políticamente deben dotarse de cierta respetabilidad social para lo que deben ocultar de manera minuciosa su pasado, su vocación genocida de futuro y que en su programa político está la aniquilación sistemática y completa, cuando les sea posible, del otro, al que consideran su enemigo. El otro es el de otra creencia, raza o religión. En este contexto, el llamado negacionismo- -la negación o la relativización de la existencia de la Shoah- incluida expresamente su variante de la acusación contra los judíos de victimismo (habitual entre algunos progres de salón) ocupa un papel prioritario en la propaganda de los racistas, porque mientras dure el recuerdo del Holocausto no les será posible No hay una línea que separe el negacionismo y sus variantes de los ataques violentos a sinagogas y cementerios judíos; así como a ciudadanos de piel negra, gitanos, árabes, mendigos... Todo forma parte de lo que esta gente llama propaganda por la acción En este contexto, invocar los derechos constitucionales a la libertad de expresión o de investigación, como cobertura de estas actividades, es un escarnio para las víctimas y un peligro para una democracia