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ABC DOMINGO 3 s 2 s 2008 Tribuna Abierta OPINIÓN 7 Julio Banacloche Catedrático de Derecho Procesal de la UCM JURÍDICA SOBRE EL ABORTO N la reabierta polémica acerca de la práctica del aborto en España se están utilizando muchos argumentos pretendidamente jurídicos que, no por carentes de fundamento, deben dejarse pasar sin ser rebatidos. Para empezar, se afirma que el aborto es un derecho de la mujer, llamado eufemísticamente derecho a interrumpir el embarazo o derecho a la salud reproductiva (como si el embarazo fuera de por sí una enfermedad) Nada más lejos de la realidad. En nuestro ordenamiento constitucional, el aborto provocado no sólo no es un derecho, sino que es siempre un delito; lo que sucede es que no resulta punible cuando concurren determinadas circunstancias señaladas por la ley. Y es delito porque, jurídicamente hablando, la vida del feto es vida humana y, por tanto, protegible como tal. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en su STC 53 1985, de 11 de abril: La vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental- -la vida humana- -garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional Escuchar voces, incluso de representantes públicos, que siguen hablando del feto no como un ser humano vivo, sino como un conjunto de células, o como una parte del cuerpo de la madre, no sólo implica un desconocimento absoluto de la realidad científica, sino del Derecho en su conjunto, que, de forma universal, considera al feto como un ser humano, y por eso declara delictivo el aborto no consentido, el aborto consentido fuera de los casos legales, el aborto imprudente, o las lesiones al feto, y le permite civilmente heredar, recibir donaciones o actuar en juicio a través de sus representantes. UN POCO DE CLARIDAD Si el Gobierno pretende elaborar normas que afecten a derechos fundamentales, como son la vida o la intimidad, no puede hacerlo por real decreto (que es lo único que puede aprobarse antes de las elecciones) como se ha dicho, sino por ley, y además orgánica E Es decir que, sorprendentemente, el Gobierno no manifiesta su preocupación por que en muchas clínicas se puedan estar cometiendo delitos, ni porque en España se cometan más abortos proporcionalmente que en cualquier otro país de su entorno, con los traumas que supone siempre esa realidad; lo que le inquieta es que se esté aplicando la ley e investigando las oscuras actividades de muchas de las clínicas privadas que practican abortos. n cualquier caso, deben hacerse dos aclaraciones: primera, que si el Gobierno pretende elaborar normas que afecten a derechos fundamentales, como son la vida o la intimidad, no puede hacerlo por real decreto (que es lo único que puede aprobarse antes de las elecciones) como se ha dicho, sino por ley, y además orgánica. Y segundo: que, en todo caso, el derecho a la intimidad de las personas cede ante los fines del proceso penal: del mismo modo que una persona a la que se viola debe declarar sobre los hechos constitutivos del delito, por muy desagradable que le resulte (y lo es, sin duda) igual deben hacer las mujeres que han sido protagonistas de abortos presuntamente ilegales, incluso aunque ellas estén exentas de responsabilidad penal (como así están entendiendo los jueces instructores por aplicación del art. 417 bis 2 del antiguo Código Penal, de forma muy favorable y comprensiva para las mujeres que han abortado, lo que nadie hasta ahora ha valorado en su justa medida) Y para eso no hace falta ninguna medida de protección a las mujeres que declaran: ya existen instrumentos suficientes para ello en la Ley procesal penal. abrá que estar, pues, atentos, al contenido concreto de las medidas anunciadas, si es que se terminan concretando en alguna norma: porque, a la vista de las actuaciones y declaraciones de algunos ministros, cabe sospechar, con fundamento cierto, que con la excusa de proteger a las mujeres que han abortado o abortarán, lo que realmente se pretende es servir los intereses crematísticos de las clínicas abortistas, agobiadas actualmente porque se les ha acabado el paraíso de impunidad en el que estaban viviendo. Y sería el colmo que la legislación sobre el aborto en nuestro país se hiciera pensando no en el ser humano con cuya vida se acaba, sino en la consolidación e incremento del negocio de las clínicas privadas que se lucran con él. E A la vista de lo anterior, hay que insistir en que, con la doctrina constitucional existente, una ley de plazos, reclamada por algunos, sería inconstitucional en España, porque el derecho a la vida del feto sólo cede en razón de otros posibles derechos de igual grado, pero no por la mera voluntad de la madre que lo lleva y alimenta (algo que, por otra parte, tendrá que seguir haciendo durante muchos años después de ha- berle dado a luz, junto con el padre, evidentemente) Cumpliendo, pues, su obligación legal de perseguir los delitos contra la vida humana, unos jueces de instrucción están investigando unos posibles delitos de aborto. Y en ejercicio también de sus competencias legales, algunas Administraciones Públicas están inspeccionando las clínicas privadas donde se practican abortos a fin de comprobar si se están cumpliendo las obligaciones establecidas. Pues bien, sin que se sepa muy bien por qué, a este Gobierno parece que le molesta que se cumpla con la legalidad vigente y, por boca de su vicepresidenta, anunció medidas para evitar que se vulneren derechos de las mujeres que abortan (es de suponer que se refiere a las mujeres que abortan dentro de los límites de la ley, porque lo contrario sigue siendo delictivo: art. 145.2 Código Penal) Cabe sospechar, con fundamento cierto, que con la excusa de proteger a las mujeres que han abortado o abortarán, lo que realmente se pretende es servir los intereses crematísticos de las clínicas abortistas Sería el colmo que la legislación sobre el aborto se hiciera pensando no en el ser humano con cuya vida se acaba, sino en la consolidación del negocio de las clínicas privadas que se lucran con él H