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4 OPINIÓN DOMINGO 3 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO PERIODISTAS CONTRA LA TELEBASURA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera ABORTO Y SEGURIDAD JURÍDICA A actual polémica sobre el aborto está planteándose en tales términos que demuestra que la aprobación de una ley que garantice mayores facilidades para la eliminación del feto no zanjará la polémica moral, social y jurídica sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Hace veinticinco años comenzó la tramitación parlamentaria de la ley que introdujo en el Código Penal de 1973 tres supuestos o indicaciones que despenalizaban el delito de aborto. Por tanto, la muerte voluntaria del feto se mantuvo como un acto delictivo, salvo en alguno de los tres casos en los que la ley eximía de perseguir y, por tanto, de condenar a los autores materiales del aborto y a la mujer. Las cifras actuales del aborto en España, que superan los cien mil casos, son la prueba irrefutable de que la ley de 1985 nació para no ser cumplida, pues de aplicarse estrictamente las condiciones establecidas concretamente para el tercer supuesto, relativo a los riesgos para la salud psíquica de la madre, el número de abortos sería sensiblemente inferior. Por tanto, una ley de plazos como la que reclaman sectores de la izquierda y de la industria abortista no supondría mayor número de abortos, sino, simplemente, la impunidad de los que actualmente se cometen contraviniendo los requisitos previstos por la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. En todo caso, esa ley de plazos sería abiertamente contraria al artículo 15 de la Constitución al no cumplir el presupuesto constitucional del conflicto de intereses que hace legítimo interrumpir el embarazo. La vida del feto no puede quedar al libre albedrío de la madre y si esto sucede, se comete un delito contra la vida. Las reacciones del Gobierno y de los sectores proabortistas simulan un abanderamiento de la defensa de la mujer, pero esconden realmente un movimiento de crispación ante el temor de que el verdadero rostro del aborto, así como las irregularidades administrativas y penales detectadas hasta el momento, genere a su vez un cambio en la opinión pública. No hay ninguna conjura ultracatólica. Simplemente, la sociedad ha empezado a preguntarse qué pasa con una realidad que mata al año a cien mil fetos. El PSOE puede agitar las pasiones progresistas de quien quiera, pero ningu- L na ley es capaz de ocultar la naturaleza homicida del aborto, ni el hecho de que su resultado es la eliminación de una vida humana, ni la crueldad de los métodos quirúrgicos que llegan a utilizarse para desmembrar y matar al feto. El Ejecutivo socialista está manteniendo una actitud irresponsable, de un activismo abortista impropio de quien ha de apoyar y exigir el cumplimiento de las leyes. Su última iniciativa refleja fielmente la intolerancia del PSOE hacia el Estado de Derecho cuando su funcionamiento lo deja en evidencia. El decreto anunciado por el Gobierno para proteger la intimidad de las mujeres que abortan no es más que una cortapisa a las investigaciones judiciales de las redes de abortos ilegales y a las inspecciones sanitarias de las Comunidades Autónomas. Resulta lamentable que la vicepresidenta del Gobierno defienda este proyecto en aras de la equidad y de la calidad de la interrupción del embarazo Al margen de la atrabiliaria utilización de estos conceptos- ¿qué tendrá que ver la equidad con el aborto? en la defensa de este decreto no se incluye la defensa de la legalidad, pese a que el cumplimiento de la ley es lo que garantiza el ejercicio de los derechos. No es cierto que, como dicen las asociaciones pro abortistas- -en otro ejercicio de ignorancia inexcusable de lo que están diciendo- tengan un problema de seguridad jurídica. Precisamente, su problema es con el Código Penal, que advierte con claridad- -y esto es la seguridad jurídica- -cuándo el aborto es delito y cuándo no lo es. ¿Hacen falta garantías jurídicas? El foco de la polémica está en el supuesto que despenaliza el aborto por riesgo para la salud psíquica de la madre. Es aquí donde debe cambiarse el sistema, introduciendo informes forenses de la sanidad pública y una decisión final a cargo del juez de instrucción, la mejor instancia para despejar cualquier duda sobre la legalidad del aborto. Si se quieren soluciones sensatas, las hay, aunque la mejor ley del aborto es la que no existe. Si lo que se quiere es abortar mucho y con carta de impunidad, entonces el debate no gira en torno a la ley y el derecho de la mujer, sino a la cuenta de resultados de las clínicas abortistas y la satisfacción de los prejuicios ideológicos de la izquierda. VENTAJA MÍNIMA, ELECCIONES ABIERTAS A primera oleada del sondeo electoral del Instituto DYM para ABC sitúa en 3,8 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP ante las próximas elecciones. El análisis de los datos demuestra que la situación sigue muy abierta, aunque Rodríguez Zapatero logra romper por la mínima el empate técnico que reflejaban las encuestas hasta hace poco. En todo caso, estamos al comienzo de una campaña larga y difícil para todos en la que el desgaste de una pobre legislatura circula en contra de los intereses del Gobierno del PSOE. La avalancha de malos datos económicos y el deterioro de otros índices de convivencia social son factores cuyo efecto no está todavía determinado. El PP cuenta a su favor con la ventaja de la estabilidad: sus votantes son extremadamente fieles al partido que dirige Mariano Rajoy, que contaría ahora mismo con la preferencia de un 38,6 del electorado, casi un punto por encima del porcentaje obtenido en 2004. Por el contrario, el PSOE, aun superando al PP en intención de voto, parece sometido a vaivenes constantes que hacen difícil prever cuál será el estado de ánimo de sus posibles votantes el 9- M. De momento, se queda dos décimas por debajo de sus resultados del 14- M (42,4, frente al 42,6) aunque sube respecto al anterior sondeo DYM para L ABC. De todos modos, el PSOE no puede esgrimir estos datos como un éxito porque parece estar en juego la regla general en la actual etapa democrática, a cuyo tenor el partido gobernante siempre sale muy favorecido después de su primera legislatura en el poder. Hay otros elementos que deben ser tenidos en cuenta para la interpretación correcta de estos resultados. La encuesta se llevó a cabo entre el 21 y el 31 del mes de enero, en pleno impacto del complejo proceso de elaboración de las listas del PP Parece lógico que el coste de imagen que dicho proceso ha supuesto para el PP haya tenido alguna influencia en la opinión de los ciudadanos, sin que pueda asegurarse ahora mismo cuál será su repercusión a medio plazo. Por otra parte, es criterio unánime de los expertos la existencia de una bolsa de voto oculto a favor del PP, explicable por razones de psicología social que operan no sólo en España sino también en otros países respecto de la izquierda y la derecha. Aún falta mucho para el 9- M y el PSOE no tiene motivo alguno para la euforia aunque los sondeos le favorezcan ligeramente. Para el PP es hora de dar un salto cualitativo, procurando transmitir un mensaje ilusionante que, por ahora, no termina de calar en la medida que Mariano Rajoy desearía. A libertad de información es un elemento sustancial de la sociedad abierta y de su reflejo político, es decir, el Estado democrático de Derecho. Sin embargo, la dignidad de la persona y el respeto que una sociedad se debe a sí misma constituyen un límite infranqueable para los oportunistas que buscan hacer negocio a costa de los derechos y libertades de todos. Desde este punto de vista, hay que congratularse de que una televisión privada haya tomado la decisión empresarial de poner fin a un conocido programa de fácil olvido que llevó la telebasura a su nivel más ínfimo. Es lamentable que individuos sin escrúpulos pretendan ahora convertirse en adalides de la libertad de expresión. Una cosa es la prensa del corazón y otra muy distinta el ataque sistemático a la intimidad de las personas, incluidas sus circunstancias físicas, y la falta de respeto a los principios básicos de la convivencia en una sociedad civilizada. Por fortuna, el público va dando la espalda a esta clase de sucedáneos del reporterismo que manchan el buen nombre de la profesión periodística y suscitan el rechazo de cualquier ciudadano de buena fe. No obstante, la sociedad española debería reflexionar en profundidad sobre la necesidad perentoria de reforzar la pautas educativas y culturales en lugar del morbo y la zafiedad despiadada. Cuando un programa televisivo de esta clase puede permanecer en pantalla durante años y contar con un apreciable nivel de audiencia, es que algo falla en la mentalidad colectiva. Junto a la sociedad, es la propia profesión periodística la que debe meditar sobre la procedencia de crear mecanismos útiles para impedir que la sociedad llegue a confundir el ejercicio de una actividad responsable y rigurosa con aquellas otras que, parapetadas bajo el escudo de una abusiva concepción de la libertad de expresión, utilizan la palabra y la imagen como un arma punzante para trivializar de modo ofensivo, y con una agresividad innecesaria, la vida de los demás, con o sin su consentimiento, porque eso es lo de menos. El plebeyismo, la grosería y la manipulación sistemática, como pilares en los que se basan muchos de estos programas- -más del hígado que del corazón -no están amparados por ningún código moral. A pesar del carácter preferente de la libertad de expresión, es indudable que también el ordenamiento jurídico impone límites a quienes atentan contra el honor, la intimidad y la imagen de las personas. Desde una perspectiva empresarial, los medios de comunicación saben de sobra que un éxito transitorio, por lucrativo que sea, no compensa la pérdida de prestigio que conlleva la ausencia de valores. La indiferencia es el peor castigo que puede imponer esta sociedad mediática. No tiene ningún sentido lamentar la caída de audiencias de la telebasura porque, a la larga, sus promotores son derrotados por su propia incapacidad para ejercer de forma honorable la hermosa profesión que consiste en contar cosas de forma veraz y sin burdas manipulaciones. L