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4 OPINIÓN SÁBADO 2 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO EL SUPREMO AGUANTA LA PRESIÓN PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DE LOS OBISPOS EL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN bierno socialista- -aunque pudieran haberlo hecho- siA Comisión Permanente de la Conferencia Episcono que introducen un criterio moral para insertarlo copal Española debe interpretar muy positivamenmo guía en los intentos de solución del fenómeno terrote la reacción a su comunicado del pasado jueves rista. Es obvio que el presidente del Gobierno sí confirió en el que, bajo el título Ante las elecciones de 2008 dia ETA una capacidad interlocutora fuera de lugar- -lo funde determinados criterios de orden moral de utilique no hicieron ni Felipe González ni José María Azdad para los católicos- -y en general para la ciudadanía nar- -y resulta normal que su Gobierno y su partido se española- -que pueden servir para conformar el sentido sientan concernidos por las menciones episcopales reladel sufragio en las próximas elecciones generales. El tivas a este espinoso asunto. Por lo demás, los prelados PSOE, el Gobierno y la izquierda en general- -dada su vi- -reiterando también manifestaciones anteriores bien rulenta y, en algunos casos, histérica reacción- -deben conocidas de todos- -advierten acerca de los nacionalisvalorar en mucho la fuerza de convicción y la influencia mos separatistas que, aun siendo legítimos si no utilide la jerarquía eclesiástica en la modulación de la opizan la violencia para lograr sus fines, representan un penión pública, porque de otro modo hubiesen acogido ese ligro para valores superiores de la convivencia. pronunciamiento eclesial con mayor sosiego y con supeLos obispos, de modo implícito, desaconsejan el voto rior espíritu democrático. Está, pues, muy claro que la al Partido Socialista, pero las demás opciones en liza Iglesia en España sigue disponiendo de una enorme caelectoral son consideradas por el propio portavoz de la pacidad de persuasión y convicción, y de ello pueden feliConferencia, Juan Antonio Martínez Camino, como un citarse los obispos españoles y los católicos en general. mal menor incluido el Partido Popular en la medida Dicho lo anterior, el texto episcopal- -que se inscribe en que éste tampoco ha previsto la en la indeclinable libertad de la Iglesia abrogación de la ley del aborto, ni de afirmar cuanto convenga al apuntala reforma del Código Civil que inlamiento de la moral católica tanto en Las reacciones socialistas troduce el divorcio sin causa, ni se el ámbito privado como en el público- -ha decantado con la contundencia ha sido torticeramente interpretado paque, con desproporción e necesaria por la derogación de la ra, desde la manipulación de sus térmiirritación exorbitantes, ley del llamado matrimonio homonos literales, articular un insólito, desabogan por la revisión de sexual, de tal manera que el proproporcionado e injusto ataque a la jelos acuerdos entre el nunciamiento episcopal está herarquía católica. cho a la medida de la conveniencia En el documento de la Comisión PerEstado y la Santa Sede e de la propia moral cristiana y en manente de la Conferencia, los obispos insultan- inmorales función de los criterios pastorales no se han apartado ni un ápice de su dis hipócritas -a los que tradicionalmente manejan los curso moral tradicional. Defienden la obispos. Desde una perspectiva esvida- -y por lo tanto se muestran radiobispos por este trictamente política- -que no es la calmente contrarios al aborto y la eutadocumento de orientación de los obispos- -el documento de la nasia- apuestan por opciones que respastoral denotan ese viejo Conferencia sería incómodo para peten la enseñanza de la Religión en la el PP porque su contenido y naturaescuela; no aceptan- -como es lógico- -mal de la izquierda en leza están siendo utilizados por la el llamado matrimonio homosexual; y España: el anticlericalismo izquierda como un motivo de agitarechazan la asignatura Educación pavisceral y, como ción y motivación de sus posibles ra la Ciudadanía. ¿Qué hay de nuevo en consecuencia, el votantes, tan tendentes a refugiaresos pronunciamientos? Nada. Como se en la abstención. tampoco lo hay en que se desaconseje, sistemático mal cálculo de De otra parte, las reacciones soen función de esas valoraciones morala fuerza de la Iglesia en la cialistas que, con desproporción e les, el voto hacia aquellas formaciones sociedad española irritación exorbitantes, abogan- -singularmente el PSOE- -que favorepor la revisión de los acuerdos encen normas, decisiones y comportatre el Estado y la Santa Sede e insulmientos alejados de esos parámetros tan- inmorales hipócritas -a los obispos por este morales que cada ciudadano ha de asumir desde una pledocumento de orientación pastoral, denotan ese viejo na libertad de opinión y juicio. mal de la izquierda en España: el anticlericalismo visceLos obispos son, sin embargo, burdamente manipural y, como consecuencia, el sistemático mal cálculo de lados cuando se simplifica su criterio respecto a la perla fuerza de la Iglesia en la sociedad española. Sea como versión moral que conlleva el reconocimiento implícito fuere, lo cierto es que los obispos se han pronunciado, lo o explícito a una organización terrorista como reprehan hecho sin complejos ni encogimientos desde sus prosentante político de un sector de la población o cuanpios criterios pastorales, y es la ciudadanía- -la católica do se le otorga a una banda criminal el carácter de intery la que no se identifica como tal- -la que debe interiorilocutor político Los obispos no desaprueban, a priori, zar este gesto episcopal, al que en ningún caso puede neel diálogo con los terroristas, ni reprochan la búsqueda gársele ni coherencia ni oportunidad en el marco de la lide fórmulas políticas alternativas a las policiales que bertad que también corresponde a la Iglesia en un régitraten de buscar el fin de los crímenes. Los prelados niemen democrático de un Estado aconfesional, pero en el gan legitimidad moral a quienes reconozcan en los terroque la religión católica es mayoritaria. Los obispos esristas representatividad política y, en consecuencia, les tán, pues, en su derecho y cumplen con su obligación. A otorguen una condición interlocutora en el sistema denadie obligan, pero a nadie engañan. Hacen, por lo tanmocrático. Los miembros de la Comisión Permanente to, lo que deben. de la Conferencia no se refieren nominativamente al Go- L L Tribunal Supremo demostró ayer que los procesos contra ANV y el PCTV son asuntos jurisdiccionales muy serios y no las soflamas propagandistas de última hora que el Gobierno está lanzando. Por lo pronto, la Fiscalía ha visto rechazada su primera petición de que los magistrados suspendieran cautelarmente la actividad de ambos partidos sin audiencia previa a sus representantes. El Supremo, con buen criterio, ha decidido que, primero, hay que oír a los partidos demandados y luego, resolver sobre las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía. Es un buen criterio porque la eficacia de este proceso se basa en respetar las garantías procesales para que la posterior sentencia de disolución supere el filtro del recurso ante el Tribunal Constitucional. La imposición de medidas cautelares sin oír previamente a la parte demandada es una posibilidad excepcional que la ley contempla de forma restrictiva y planteaba serias dudas que fuera aplicable a este caso. Resulta paradójico que el mismo Gobierno que ha consentido y propiciado las actividades políticas de ANV y del PCTV en la legislatura urja ahora a los jueces a tomar el atajo- -legal, pero atajo- -de la suspensión cautelar sin audiencia previa. El Gobierno ha recibido un mensaje muy claro de que sus intereses políticos son ajenos a las reglas del funcionamiento judicial, más aún cuando algunos de sus miembros más destacados se han esforzado en los últimos días por crear un clima de presión social en torno al Supremo, dando por segura la ilegalización del PCTV y de ANV De esta manera, el Ejecutivo pretende que toda la responsabilidad de que los proetarras no concurran a las elecciones recaiga en las espaldas de los magistrados. Esta treta es inaceptable y un ejercicio de hipocresía. El Gobierno ha querido agotar el tiempo para reducir al mínimo su responsabilidad por lo que pueda pasar. Pudo haber presentado las demandas de ilegalización mucho antes, con tiempo suficiente para que se tramitara el proceso de disolución sin el agobio de los plazos electorales, más aún teniendo en cuenta que el Gobierno descartó la vía más rápida, que habría sido la de extender a ANV y PCTV la ejecución de la sentencia dictada contra Batasuna. El proceso elegido por el Gobierno tiene unos plazos legales que pueden desbordar la fecha del 9 de marzo y con toda seguridad lo harán si hay recursos ante el TC. Por eso, la famosa jugada del ministro de Justicia ha sido crear una apariencia de firmeza frente a la izquierda proetarra, llegar tarde a propósito, endosar responsabilidades propias a los jueces, presionar al Supremo con mensajes que dan por hechas las ilegalizaciones y convertir la suspensión cautelar en una especie de juicio sumarísimo. Esta suspensión, sin duda, es legalmente posible, pero no es la mejor opción desde el punto de vista constitucional- -menos aún si se adopta en el sumario instruido por el juez Garzón, en el que ni siquiera están procesados los dirigentes de ambas formaciones- -para dejar fuera de las elecciones a dos partidos políticos. Precisamente, para hacer bien las cosas y no fiar este resultado a los estrictos parámetros de la justicia penal, se aprobó la Ley de Partidos. El Gobierno ha jalonado su gestión con pronunciamientos que descartaban los vínculos del PCTV y de ANV con ETA y les ha regalado argumentos para defenderse. No será la justicia la que llegue tarde si ambos partidos acaban presentándose a las elecciones. La responsabilidad será del Gobierno. E