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ABC VIERNES 1 s 2 s 2008 ESPAÑA 27 La juez ve indicios de delito en el Gobierno de Barreda por el incendio de Guadalajara Imputa al delegado provincial de la Junta y encuentra pruebas para inculpar a la ex consejera de Medio Ambiente Ó. CUEVAS F. ROJO GUADALAJARA. La investigación judicial del incendio de Guadalajara en el que murieron once personas afecta desde ayer directamente al Gobierno de Castilla- La Mancha que preside el socialista José María Barreda. La juez de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, emitió un auto en el que imputa por imprudencia grave al delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González, y encuentra indicios razonables de un delito forestal para imputar también a la entonces consejera, Rosario Arévalo, aunque en este último caso deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia por si estuviera aforada en julio de 2005. El auto, al que ha tenido acceso ABC, también imputa a otro cargo socialista, el alcalde de Riba de Saelices, en cuyo término municipal se encuentra la barbacoa donde comenzó el fuego; así como a quien en julio de 2005 era director del Parque Natural del Alto Tajo (en cuyos límites está el paraje donde empezó el incendio) Rafael Ruiz. La imputación de Samper y Rafael Ruiz tiene que ver con el estado de las infraestructuras de la zona donde estaba situada la barbacoa, su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se imputa al director general de un grupo empresarial que dota de material de lucha contra el fuego, Joaquín Baumela. La implicación de Arévalo y González Egido supone un salto cualitativo en el procedimiento. Desde que la actual juez instructora se hizo cargo del sumario, el número de imputaciones ha ido creciendo paulatinamente (con la anterior magistrada sólo lo estaban los excursionistas que prendieron el fuego y el guía de la Cueva de los Casares) pero hasta ahora no habían afectado a altos cargos de la Administración castellano- manchega. En el auto se señala que del contenido de las numerosas diligencias practicadas en el procedimiento se desprende que existen indicios racionales para la imputación de la titular de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha en la fecha de producción de los hechos y se apunta que en su actuación hubo carencias importantes en cuanto al control del uso de las barba- LOS IMPLICADOS DEL PSOE H. FRAILE H. FRAILE I. GIL Rosario Arévalo Consejera de Medio Ambiente en julio de 2005 Fue la única víctima política de aquella tragedia. Dimitió pocos días después, pero no reconoció en ningún momento que se hubiera cometido fallo alguno. A las pocas semanas, consiguió un cargo en Enusa, sociedad pública dedicada a la investigación del uranio. Sergio David González Delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara Barreda le ha mantenido en el cargo durante estos dos años y medio pese a su muy discutida actuación aquel fin de semana. Reconoció en el juzgado que durante la primera noche del incendio estuvo en un hotel de Guadalajara celebrando la boda de su hermano. José Luis Samper Alcalde de Riba de Saelices, donde se originó el fuego Las llamadas indignadas de su esposa por la falta de medios durante el incendio se tornaron después en una defensa a ultranza de las tesis oficiales. Samper se ha convertido en una de las principales referencias del PSOE en la comarca. Volvió a ser reelegido alcalde en 2007. Carencias importantes coas, su vigilancia, la ausencia de medidas específicas y adecuadas, la defectuosa ejecución del Plan de Emergencias de incendios forestales de Castilla La Mancha, y defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio, todo en relación a las funciones que tenía encomendadas Al determinar que Arévalo podría ser persona aforada por el Estatuto de Autonomía en el momento de los hechos, la magistrada pone la situación en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, por si éste reclama la remisión de las actuaciones. Ninguna de las nuevas imputaciones había sido solicitada por la acusación particular que representa a la mayoría de los familiares de víctimas, si- no que ha partido directamente de la magistrada. La Fiscalía, hasta la fecha, tampoco ha solicitado más imputaciones. Nosotros habíamos decidido pedir las imputaciones del delegado y la consejera, además de otras, cuando acabaran de declarar en el juzgado los técnicos de la Junta, pero la juez se ha adelantado señalaron a ABC desde el despacho de abogados que representa a la Asociación de Familiares. Estas mismas fuentes mostraron su satisfacción con el curso del proceso judicial y el trabajo de la juez de Sigüenza. En el caso de que el TSJ consolide la imputación de la consejera, ya serían 26 los imputados, pues también lo están los excursionistas, el guía de la cueva, seis técnicos de Medio Ambiente de Guadalajara; tres trabajadores del 112, un ex alcalde de Riba de Saelices, el secretario del Ayuntamiento, un representante de la empresa Tragsa, y otro de la empresa de mantenimiento de un helicóptero que se averió en el fuego. Desde la Administración regional, el actual consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, manifestó ayer que la Junta sigue respaldando a los cargos y técnicos imputados. El Gobierno regional insiste en que el incendio se controló de manera eficaz No obstante, Martínez Guijarro mostró su respeto a las decisiones judiciales. La agresión que dejó en coma a un guardia urbano se salda con penas de tres y cuatro años D. C. BARCELONA. La agresión sufrida el 4 de febrero de 2006 por un guardia urbano que desde entonces está en coma, se ha saldado con cuatro años y medio de cárcel para Rodrigo Andrés Lanza y tres años y tres meses para Juan Daniel Pintos y Álex Cisternas. El fiscal pedía 11 años para cada uno. La Audiencia barcelonesa considera a Lanza, chileno de 23 años, responsable de un delito de atentado a la autoridad, una falta de lesiones dolosas y un delito de lesiones imprudentes por haber lanzado la piedra que alcanzó al policía. A Juan Daniel Pintos, argentino de 24 años, y al también chileno Álex Cisternas, de 27- -excarcelados el 15 de enero a la espera de la sentencia, después de dos años en prisión preventiva- el tribunal les considera coautores del delito de atentado a la autoridad, aunque no del de lesiones imprudentes, y de la falta de lesiones dolosas. A los tres se les absuelve de la falta de lesiones que se les imputaba por las heridas a otros tres agentes de la patrulla durante el altercado. Éste se produjo cuando entre 20 y 30 personas intentaban acceder a una fiesta ilegal que, de madrugada, hacían simpatizantes del movimiento okupa en un inmueble de Barcelona previamente precintado. Al grupo se le prohibió entrar desde dentro, pero ellos se encararon con la patrulla apostada en las inmediaciones por creerle responsables de esa negativa. La sentencia cree probado que Lanza arrojó una piedra que le dio en la frente al policía, de 42 años ahora, casado y con cuatro hijos. El guardia perdió el sentido, cayó desplomado y sufrió un violento golpe en la cabeza al dar contra el suelo. Entonces, Cisternas lanzó otra piedra que alcanzó al agente, ya en el suelo, sin que conste que le causara lesión alguna Pintos alentaba al grupo a seguir con la agresión con palabras como: Perro, cabrón, nos lo hemos cargado El tribunal descarta por completo que alguno de los objetos lanzados desde el inmueble provocara las heridas al guardia urbano. Rodrigo Andrés Lanza deberá indemnizar al policía con 959.795 euros y a su familia con 120.767. Pintos y Cisternas tienen que pagar una multa de 240 euros. El tribunal decidirá si prorroga la prisión a Lanza. La sentencia condena a tres años de prisión a otros dos jóvenes por un delito de atentado, por lanzar una valla contra un agente, y a un año a cuatro más por el mismo delito.