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ABC VIERNES 1 s 2 s 2008 ESPAÑA 23 La Fiscalía rechaza que se investiguen las desapariciones de 30.000 personas en la Guerra Arguye que la Audiencia Nacional no es competente para abordar un delito que la legislación de entonces no incluía SEGUNDO SANZ MADRID. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer al titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, el magistrado Baltasar Garzón, que archive las denuncias presentadas hasta la fecha por asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil, que pedían al Estado que investigase el paradero de unas 30.000 personas. Los demandantes, que iniciaron este proceso en 2006, consideran que dichas desapariciones, sacas, posibles asesinatos, detenciones ilegales, torturas y exilios forzosos producidos por el bando nacional constituyen un delito de lesa humanidad (artículo 607 bis del Código Penal) competencia de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Fiscalía que encabeza Javier Zaragoza se mostró manifiestamente contraria a esta postura. Según reza en el escrito remitido al juez instructor, ese supuesto delito de lesa humanidad sólo sería contemplado conforme al Código Penal actual- -reformado en 2004 con el artículo 607 bis- en el supuesto de que pudiera constatarse que éste es más favorable al que entonces estaba en vigor. Sin embargo, aquí está la clave, pues como señala el escrito del Ministerio Público, en aquella época (1936- 1939) no existía ninguna norma que estableciera una sanción para los hechos descritos aunque contemplara delitos concretos. Asimismo, los demandantes se acogían a la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en 2005 al ex militar argentino Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por un delito de lesa humanidad cometido a finales de los años 70. En este punto, el Ministerio Fiscal se remite a la jurisprudencia del Supremo sobre este mismo caso y sostiene que si bien los hechos citados figuraban como delitos comunes en el Código Penal de aquel momento- -el de 1932, aprobado en la Segunda República- éste no contenía la concreta tipificación de delito de lesa humanidad (acabar con un grupo político o sector de la población) Es decir, únicamente incluía la calificación ordinaria de delitos concretos, como asesinato, detención ilegal o violación. Además, citando de nuevo la sentencia del Alto Tribunal en el caso Scilingo la Fiscalía descarta la aplicación del Derecho Internacional Penal, al entender que en España rige un sistema que no contempla la eficacia directa de las normas internacionales También afirma el Ministerio Público que al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes estos han prescrito según la Ley de Amnistía de 1977, que ya produjo la extinción de la responsabilidad criminal De ningún modo, continúa la Fiscalía ahora mencionando doctrina del Supremo en el caso Gal cabe aludir a un delito de terrorismo, puesto que la violencia y la represión ejercida desde las entrañas mismas de un aparato estatal, siquiera en formación, imposibilita esta calificación Finalmente, Julián Muñoz, condenado de nuevo, esta vez por el caso Incopromar J. M. C. MARBELLA. El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cinco ex ediles han sido condenados a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación urbanística por el caso Incopromar sobre la concesión de una licencia para construir en suelo de uso público. En la comisión de gobierno que aprobó dicha licencia también participó un sexto edil, Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que finalmente no ha sido juzgado al estar en paradero desconocido. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga absuelve al que fuera asesor jurídico del fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil, José Luis Sierra, así como al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento Juan Antonio Roca, al que le fueron retirados los cargos durante el juicio. Se consideran como hechos probados que los condenados aprobaron en Comisión de Gobierno el 4 de julio de 1997 otorgar licencia de obras a la empresa Incopromar- -propiedad en un 95 por ciento del fallecido periodista Antonio Herrero- -para la construcción de un edificio de diez plantas en suelo destinado a uso público. Dicha Comisión de Gobierno fue presidida por Julián Muñoz como alcalde accidental. Javier Zaragoza J. DE DOMINGO Jurisdicción ordinaria Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes éstos han prescrito según la Ley de Amnistía de 1977 el órgano que dirige Javier Zaragoza, declarada la incompetencia de la Audiencia Nacional para abordar estos casos, insta a que sean remitidos a la jurisdicción ordinaria, en concreto a los juzgados del lugar donde se hallan cometido los hechos El pasado 16 de julio, coincidiendo con el 71 aniversario del alzamiento militar que dio comienzo a la Guerra Civil, fueron presentadas en el juzgado de Garzón tres de dichas denuncias. Una anterior, en la que se pedía la búsqueda de 30.000 personas, se presentó el 14 de diciembre de 2006, justo el mismo día en que el proyecto de ley de Memoria Histórica superaba el debate de totalidad- -con el voto en contra de Partido Popular- -en el Pleno del Congreso de los Diputados. ABC. es Especial sobre el 75 aniversario de la II República en España en http: www. abc. es