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4 OPINIÓN VIERNES 1 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CARRERA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DE DESCARTES EN EE. UU. a perspectiva del supermartes de la semana que viene ha empezado a desbrozar el panorama de las candidaturas a la elección presidencial norteamericana. En el campo demócrata, la retirada de John Edwards hace que la competencia se limite a la lucha entre los dos más emblemáticos, Hillary Clinton y Barack Obama. Los dos tienen en común que ya pueden pasar a la historia por haber sido los primeros en haber llegado tan lejos en sus aspiraciones respectivas. Ninguna mujer ni ningún ciudadano de raza negra había resistido la competición por la candidatura demócrata con posibilidades reales de lograrla. Ahora ya se sabe que el candidato será uno o la otra, lo cual convertirá en cualquier caso en inédita la propuesta a los ciudadanos del Partido Demócrata. Todo se resume en un duelo entre Obama como el símbolo de un cambio casi estridente, incluso de ruptura con la tradición política norteamericana, y Hillary Clinton, que a su vez representa por un lado el establishment tradicional, pero envolviendo su oferta con la novedad de que se trata de una mujer, nada menos que la esposa de un ex presidente. Ninguno de los dos puede perder de vista, sin embargo, que el fin del camino no es la candidatura demócrata, sino la Casa Blanca, para lo cual deberán vencer al candidato del Partido Republicano, cuya definición, a pesar de la pesada herencia de la administración Bush, avanza a velocidad de crucero. Si el martes los votantes consagran- -como todo parece indicar- -al senador John McCain a la cabeza de los republicanos, la recta final hasta la votación de noviembre podría tener un aspecto muy diferente al que se había previsto. McCain es un veterano senador (incluso demasiado para algunos) con una impecable hoja de servicios, al que por lo que se sabe será difícil encontrar un escándalo y cuya mejor cualidad en política ha sido defender sus ideas lanzando mensajes conciliadores a su alrededor. En lo que llevamos de primarias se puede ver claramente que los electores han preferido su mensaje moderado y centrado, que las tesis más radicales y extremistas de sus competidores, como Mitt Romney y Mike Huckabee, a los que los votantes han empezado a abandonar. El ex alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, podría haber sido un serio aspirante si su actitud no se hubiera percibido como oportunista al despreciar la opinión de todos los ciudadanos que votaban antes que los de Florida. Según las encuestas, además, McCain es el único republicano que tiene posibilidades de derrotar a cualquiera de los candidatos demócratas, lo que significa que es el que mejor suma los votos de distintos colectivos que orbitan en el centro del espacio electoral y que puede añadir grupos emblemáticos como jubilados, hispanos o veteranos de guerra para que, como dice su nonagenaria madre, los republicanos más radicales le tengan que votar aunque sea con la nariz tapada. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera L AJUSTE BRUSCO, SILENCIO ADMINISTRATIVO A aceleración es más importante que la velocidad en los cambios de ciclo económico. Es una obviedad. El Gobierno sigue negando la mayor, que el ritmo de ajuste de la economía española es brutal y no gradual. Para ello encuentra argumentos en el último informe del Banco de España, que estima la velocidad de crecimiento el año pasado en el 3,8 por ciento, pero ignora la fuerte desaceleración y despliega un canto a las excelencias de la situación impropio de un banco central y, desde luego, discorde con las noticias que llegan de fuera y lo que perciben los ciudadanos. Porque resulta sorprendente que cuando la inflación se acelera al 4,4 por ciento en el dato adelantado de enero, el peor registro desde que se empezó a publicar esta serie, cuando España es el país europeo en el que más ha aumentado el desempleo en 2007 según Eurostat- -sólo en Irlanda e Italia también creció el paro- y cuando según el CIS los españoles consideran que la situación económica es la peor de toda la legislatura- -el 36 por ciento la califica de mala o muy mala- el Banco de España concluya que la economía española dispone de suficientes resortes para afrontar una desaceleración gradual. No parece una opinión muy compartida a juzgar por lo que publican los principales analistas internacionales. La interpretación oficial es también imposible de sostener ante una opinión pública española que asiste preocupada a un rosario incesante de malas noticias. Las tres citadas son simplemente de ayer. Pero estos días hemos sabido también que el FMI rebajaba medio punto, al 1,6 por ciento, la previsión de crecimiento para la Zona Euro, que las ventas al por menor han caído en diciembre confirmando que la campaña de Navidad ha sido mala y el consumo se ha resentido de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que la crisis inmobiliaria se ha trasladado de los precios de la vivienda a la destrucción de empleo, que el crédito a familias y empresas ha descendido drásticamente y que la Bolsa ha perdido más del 25 por ciento de su valor en un mes. Todos estos datos no parecen motivo de preocupación L alguna para un Gobierno paralizado, cuya política económica está cedida temporalmente a los políticos y profesionales de las encuestas. Contrasta su actitud con la de influyentes Gobiernos europeos que sí se reúnen al objeto de analizar la crisis y definir posibles respuestas. Reuniones en las que no se considera relevante nuestra presencia, entre otras cosas porque ellos sí creen que la situación exige medidas urgentes. Choca también la diferente actitud de los bancos centrales: mientras la Reserva Federal americana se ha apresurado a reducir los tipos de interés al 3 por ciento ante la gravedad de la crisis económica y financiera- -Estados Unidos apenas ha crecido al 0,6 por ciento en el último trimestre- el Banco Central Europeo sigue enrocado en la inflación como problema. Es verdad que una inflación europea de 3,2 por ciento en enero, el peor dato en 14 años aunque más de un punto inferior al español, no es el mejor momento para bajar los tipos de interés. Pero también lo es que las condiciones monetarias y crediticias en sentido amplio no pueden hoy considerarse laxas dado el endurecimiento de los estándares de crédito, la apreciación del euro y la caída bursátil. Y también que la primera responsabilidad de todo banco central es la estabilidad del sistema financiero. Resulta incomprensible el autismo de un Gobierno que confunde la necesaria tranquilidad con la política del avestruz y que cuando se considera presionado por la opinión pública sale con ocurrencias como el cheque- regalo fiscal a cambio del voto. El jefe del Ejecutivo, Rodríguez Zapatero, no ha entendido la situación y ha perdido el contacto con la realidad de la calle: cuando quiere actuar, improvisa e ignora a sus propios especialistas y termina por confundir a los ciudadanos, que ya no saben si estamos en crisis o de rebajas. En su espléndido aislamiento puede despreciar por agoreros a los que le avisan del cambio de ciclo. Pero los españoles saben que pronto se agota la inercia y empieza el abismo. LEGALIDAD CONTRA FALSA MEMORIA L principio de legalidad penal está por encima del oportunismo político que se desprende de la Ley de Memoria Histórica, aprobada a toda prisa por el PSOE y algunos de sus socios en el último tramo de la legislatura. Así se desprende del escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, presentado ante el juez Baltasar Garzón, por el que solicita el archivo de las denuncias por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la Guerra Civil. En el estricto ejercicio de sus funciones en defensa de la correcta aplicación de las leyes, la Fiscalía estima que estos crímenes habrían prescrito a tenor de la Ley de Amnistía de 1977, en la medida en que el Código Penal vigente en su momento los tipificaba en las categorías ordinarias de asesinato, detenciones ilegales y otros. La cuestión estriba, por tanto, en que el Estado de Derecho está por encima de la pretensión de dividir a la sociedad entre buenos y malos incluso con efectos retroactivos, vulnerando así las reglas más elementales del Derecho Penal, configurado desde la Ilustración con una estricta naturaleza garantista. Más aún, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras aparece recogida literalmente en el artículo 9.3 de la Constitución y en el artículo 25 de la misma recoge también la regla básica de que nadie podrá ser condenado por delitos que, en el momento de producirse, no estuvie- E ran tipificados como tales según la legislación vigente en esa circunstancia. Por muchas ganas de revancha que tengan algunos sectores minoritarios, la sociedad española cerró sus heridas históricas durante la Transición, con el propósito decidido de mirar hacia el futuro. Entre los errores más graves de Rodríguez Zapatero figura, sin duda, la reapertura de cuestiones que se daban ya por zanjadas, no en virtud de un imaginario pacto de silencio, sino del firme deseo de construir sobre bases nuevas un Estado democrático de Derecho. Para dar gusto a sus socios radicales- -que, como de costumbre, nunca se conforman con nada- -el PSOE consiguió la aprobación de una ley absurda y sin sentido, que confunde interesadamente la memoria individual con la objetividad de los hechos históricos, y que se remite a un mero ejercicio de retórica sin validez jurídica alguna por mucho que haya quien pretenda atribuirsela. En este caso, la Fiscalía ha actuado conforme a los principios de legalidad e imparcialidad. La prescripción es una institución que se justifica por razones de seguridad jurídica y constituye por ello una exigencia ineludible del imperio de la ley. Por tanto, no debe prevalecer ninguna actitud partidista, que intenta de cumplir compromisos al servicio de sus intereses particulares en contra del interés general de todos los españoles.