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4 OPINIÓN JUEVES 31 s 1 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO ESPECULACIÓN SOBRE PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro IBERDROLA OS rumores sobre el lanzamiento de una opa sobre Iberdrola por parte de la empresa pública francesa Electricité de France (EDF) -en la que estaría implicada de algún modo la constructora española ACS- -vuelven a sacar a la luz el debate sobre el papel que deben desempeñar los gobiernos y los estados cuando empresas de sectores estratégicos para la economía corren el peligro de pasar a manos extranjeras. La cuestión estaría zanjada si se tratara de empresas privadas que compiten libremente en el mercado y a las que sólo habría que exigir transparencia, acatamiento de la legalidad y respeto a las reglas de la competencia en el desarrollo de su actividad. Serían los accionistas quienes tendrían en su mano la aprobación o el rechazo de operaciones corporativas en función de la satisfacción de sus legítimos intereses como propietarios. Pero la situación es bien distinta: EDF, la mayor eléctrica del mundo, es una compañía pública, propiedad en un 85 por ciento del Estado francés, que monopoliza sin competencia la producción y el suministro eléctrico de Francia y que cuenta con los privilegios y el respaldo estatal para acometer sus planes de crecimiento. Iberdrola, la primera compañía eléctrica española y líder mundial en renovables, es una empresa totalmente privada, que compite con otros agentes en los mercados en los que opera y que tiene que rendir cuentas de su gestión y sus resultados ante sus cientos de miles de accionistas. Esta asimetría ejemplifica claramente que, hoy por hoy, el mercado único de la energía es una mera entelequia. Las empresas de mayoría pública gozan de las prebendas de una regulación hecha a su medida, copan sus mercados nacionales y se lanzan a la conquista de otros sin temor a ningún contraataque. Mientras, países como Reino Unido o España, con empresas privadas y libertad de mercado, son territorio propicio para la entrada de los monopolios estatales o empresas con control público, como ha ocurrido tras la entrada de Enel en Endesa. Los estados europeos están tomando posiciones para asegurar su papel ante el futuro mercado único de la energía. En Francia, Nicolas Sarkozy viene reclamando medidas para acabar con el capitalismo de los especuladores y lanzando advertencias contra cualquier banco extranjero que quiera comprar Société Générale, mientras EDF puede haber aprovechado la caída de las bolsas para tomar posiciones en Iberdrola. En Alemania, Ángela Merkel ha ratificado la fortaleza de su país en la defensa de sus empresas clave, y, en Italia, Romano Prodi puede darse por satisfecho con el jugoso trozo del pastel de Endesa conseguido por la italiana Enel. ¿Y Rodríguez Zapatero en España? No ha abierto la boca para defender a las empresas españolas, ni para expresar su respaldo, como han hecho los demás líderes europeos, al modelo de economía de mercado y productiva frente a la especulación salvaje. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera L TRANSPARENCIA EN LOS MERCADOS UANDO el pasado agosto comenzaron a manifestarse en Europa las réplicas de la crisis financiera norteamericana, provocada por las hipotecas de alto riesgo- -las llamadas subprime- el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, reclamó una cumbre europea de los países centrales de la Unión para tomar conciencia del problema y adoptar medidas de choque. Desde entonces, el máximo dignatario galo viene reclamando más protagonismo de los gobiernos en la política monetaria y una mayor subordinación del Banco Central Europeo, pero no es esa la posición alemana, ni tampoco la de los británicos, leales a su libra esterlina, divisa por la que están dispuestos a soportar un coste diferencial en intereses a cambio de mantener la herramienta de la política monetaria nacional como palanca de su política económica. Medio año después de aquellas primeras señales, ha sido el primer ministro Brown quien se ha visto obligado a proponer una reunión de urgencia ante la evidencia y la magnitud de la crisis. En principio, se trataba de una llamada al eje francoalemán, motor de la UE y del euro, pero finalmente la cita ha incluido también al agónico Gobierno italiano y al presidente de la Comisión Europea. Definir la naturaleza de la reunión era la primera dificultad, resuelta con la fórmula de cumbre de los cuatro países europeos que forman parte del G- 8, lo cual permitía incluir a Italia y excluir a España. A falta de una voz propia europea en política económica, el procedimiento de esta minicumbre ad hoc sirve como remiendo, aunque no tenga ninguna consecuencia práctica, más allá de un balance que se agota en su propia celebración. La declaración suscrita por los cinco participantes es la evidencia más notoria de que estamos frente una situación de incertidumbre ante la que los cuatro grandes de la UE reclaman más transparencia en los mercados financieros, además de apuntar la conveniencia de promover un sistema de alerta global de situaciones de crisis financiera. Por ahora no se plantean integrar sistemas de supervisión y control, ni reforzar garantías, ni cualquier otro tipo de estrategia conjunta para hacer frente a las tur- C bulencias financieras. Sarkozy critica a los especuladores, pero detrás de sus comentarios- -y en medio de la tormenta desatada en el país vecino por el agujero en la Société Générale- -se esconde más un reproche en clave interna que otra cosa, aunque Francia ya se haya encargado de advertir que no tolerará alternativas externas para resolver los problemas de sus bancos. Por su parte, los británicos tienen que digerir una crisis menor, la del Northern Rock, que ha dejado al descubierto los fallos de su modelo de supervisión y también la calidad de la gestión financiera privada. También el sistema financiero alemán padece serios síntomas de anquilosamiento, y su presencia en el panorama internacional dista mucho de ser la de hace unos años. Así las cosas, cuando los jefes de Gobierno reclaman más transparencia a los mercados es porque no tienen un cálculo- -ni siquiera aproximado- -ni del tamaño de la crisis ni de sus efectos. La cumbre de Londres tiene el valor de la propia reunión, y la presencia en la capital británica de los países más poderosos de Europa- -más allá de la exclusión de España, todo un síntoma de la debilidad de nuestra diplomacia- -sirve para escenificar la preocupación conjunta por la crisis financiera internacional. Nadie esperaba medidas conjuntas, por lo que las expectativas no han sido defraudadas, en parte porque los problemas de unos y de otros son distintos y no cabe aplicar una receta única. En lo que respecta al sector financiero español, su posición es mucho más relevante en Europa que la del Gobierno de Rodríguez Zapatero: los bancos españoles aparecen ahora como los más sólidos y los mejor equipados de Europa. La presencia política de nuestro país es menguante, y por eso el Ejecutivo socialista no fue invitado a la cumbre. Frente a un Gobierno empeñado en negar la evidencia de la situación económica y obsesionado con trasladar hasta el 9- M la idea del no pasa nada lo cierto es que la fortaleza del sistema bancario español y su nivel de transparencia lo colocan en mejor situación que otros para enfrentarse a ese escenario, complejo e imprevisible, que obligó a los líderes de la UE a reunirse con carácter de urgencia. INTIMIDAD Y DERECHOS DE AUTOR L Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a Telefónica frente a la pretensión de una asociación de productores y casas discográficas de que pusiera a su disposición determinados datos que afectan a los clientes de la operadora. Según el máximo órgano judicial comunitario, el derecho a la intimidad prevalece sobre la obligación de identificar o entregar datos personales de sus clientes cuando estos sean solicitados para la protección de los derechos de autor. La sentencia ofrece un criterio acertado y riguroso, que demuestra el escaso fundamento jurídico en esta materia de las medidas preventivas e indiscriminadas, al modo del canon digital, que el PSOE aprobó a toda prisa en el último tramo de la legislatura. La protección del ámbito personal es una regla imprescindible en la sociedad de la información, puesto que los individuos pueden ver vulnerados sus derechos más elementales por la manipulación de datos con fines comerciales o de otro tipo. Así pues, los aficionados a descargar música en internet podrán seguir manteniendo el anonimato y evitar de este modo el acoso que a veces sufren por parte de productores y casas discográficas, cuyos excesos reivindicativos están perjudicando ante la opinión pública la defensa legítima de los intereses que representan. E La legislación española vigente establece que la entrega de los datos sólo debe realizarse en casos de investigación criminal, seguridad pública o defensa nacional, y no cuando se trate de la apertura de un procedimiento civil. Esta normativa sale ahora claramente reforzada con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que sienta una jurisprudencia aplicable no sólo en España, sino en todos los países de la UE. Ahora bien, la propia sentencia reclama de los estados una interpretación ponderada y equilibrada de los dos intereses en conflicto. Sin duda, esta debe ser la línea a seguir en los próximos tiempos. La opinión pública contempla con desconfianza la voracidad en el planteamiento de algunas entidades de gestión de la propiedad intelectual. Los autores, intérpretes y ejecutantes tienen derecho a ser protegidos, pero nunca a costa de los derechos fundamentales del usuario, y mucho menos a través de medidas coactivas y preventivas que son ajenas a la configuración de los contratos en el ordenamiento vigente. Telefónica ha sabido defender los intereses de sus clientes y con ello ha logrado la proclamación de una doctrina jurisprudencial que merece una valoración muy positiva. Es hora de una negociación razonable entre las partes implicadas, sin imposiciones de ningún tipo.