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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 30 s 1 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LAS SEDACIONES DE LEGANÉS LA AUDIENCIA Y Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera E LA JUSTICIA PERSEVERA EN EL 11- M AS autoridades marroquíes detuvieron el pasado domingo al presunto terrorista Abdelilah Hriz, contra quien el juez Juan del Olmo había emitido una orden de detención como responsable de los atentados del 11- M. En un auto de febrero de 2007, el juez del Olmo detallaba los indicios acumulados contra Hriz, destacando su relación con redes integristas dedicadas la exportación de terroristas a Irak y la detección de su código genético en las viviendas de Morata de Tajuña, donde los terroristas del 11- M montaron los explosivos que utilizaron en los atentados; y de Leganés, donde se suicidaría la mayor parte de los autores materiales de la masacre al verse rodeados por los GEO, uno de cuyos mandos fue asesinado. Por tanto, hace un año que la Justicia española ya había localizado a Hriz en una cárcel marroquí y ahora ha logrado su detención, después de un complejo proceso de trámites judiciales. La justicia del país vecino habrá de encargarse de juzgar a este presunto autor material del 11- M, al no haberlo entregado a las autoridades españolas. Es normal que los Estados no concedan la extradición de sus nacionales, pero, a cambio, se comprometen a juzgarlos cuando el delito por el se les acuse esté previsto también en su legislación interna. Qué vaya a suceder ante la justicia marroquí y con qué garantías discurrirá el proceso contra Abdelilah Hriz es algo que ya depende de las autoridades del Reino alauí. Lo importante es comprobar que la Justicia española no ha reducido la presión investigadora para seguir aclarando los espacios en blanco que aún persisten- -con toda lógica- -tras la celebración del primer juicio por el 11- M. Son capítulos sin esclarecer que el propio juez Del Olmo reflejó en los autos finales del sumario, que destacaban la existencia de perfiles genéticos anónimos y partícipes sin identificar, así como el desconocimiento del itinerario de los autores materiales y sus pasos inmediatos antes de montar en los trenes y depositar las bolsas y mochilas cargadas con Goma 2. El juez Del Olmo, denostado e insultado incluso después de que la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificara las principales conclusiones de su sumario, ha mantenido la investigación y ésta debe seguir dando resultados si L se mantiene la coordinación con la Fiscalía y las Fuerzas deSeguridad del Estado. También la cooperación internacional será esencial para lograrlos, porque la implicación de Abdelilah Hriz demuestra que en el 11- M hay vínculos con redes integristas dedicadas a la financiación, captación y entrenamiento de terroristas formados para atentar en Irak. El denominado Grupo Islámico Combatiente Marroquí- -ampliamente implantado en Europa- -aparece reiteradamente en la instrucción de los atentados del 11- M, con cuya investigación se han entrecruzado operaciones policiales muy importantes como las denominadas Tigris y Sello contra las tramas del yihadismo internacional asentadas en España. La expectativa de nuevos juicios parciales sobre el 11- M no es, en absoluto, un fallo del sistema judicial, sino la lógica consecuencia de la autoría colectiva de los atentados que acabaron con la vida de 191 personas en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. La celebración de varios juicios por un mismo atentado es algo normal en la acción judicial contra ETA. Hay que resaltar que el Estado de Derecho ha acreditado su eficacia para detener a los sospechosos y presentar elementos de prueba cuando los instrumentos judiciales y policiales se aplican a un mismo objetivo de forma coordinada. Baste recordar que las principales pruebas de cargo fueron obtenidas en las setenta y dos horas posteriores a los atentados, algunas de ellas incluso antes de que se celebraran las elecciones del 14- M y de que elGobierno del PP seconstituyera en funciones, lo que, unido a la información oficial que transmitía constantemente el Ministerio del Interior, desmonta la acusación de que el Ejecutivo de Aznar ocultó la verdad. Todas esas pruebas fueron convalidadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con unos razonamientos que, sin perjuicio de lo que dictamine el Tribunal Supremo en su día, son sólidos y convincentes. Como sucede a los terroristas de ETA, capturados pronto o tarde, pero siempre sometidos a juicio, los responsables del 11- M no deben librarse nunca de la presión de la justicia y, pase el tiempo que pase, el objetivo tendrá que seguir siendo su detención y enjuiciamiento por un Tribunal independiente y con todas las garantías constitucionales. DON FELIPE, CUARENTA AÑOS L Príncipe de Asturias cumple hoy cuarenta años, y con este motivo ABC ofrece a sus lectores un suplemento especial acerca del Heredero de la Corona. Don Felipe ejerce sus funciones de manera ejemplar y refleja fielmente la forma de ser de una generación de españoles que nació a la vida adulta en plena vigencia de la Constitución de 1978. Su reconocida preparación académica y la prudencia en el desarrollo de sus tareas son buena prueba del sentido de la responsabilidad de quienes han heredado de los protagonistas de la Transición la convicción de que el más alto patriotismo se identifica con el servicio a los valores constitucionales. En su caso, el ejemplo de Don Juan Carlos, genuino motor del cambio, es un modelo a seguir, como reconoce continuamente el sucesor en la Corona. Así lo demuestran las emotivas palabras que pronunció el Príncipe, más allá del protocolo, en la reciente cena oficial con motivo del cumpleaños de Su Majestad el Rey. El Heredero cumple con rigor las funciones representativas que le son asignadas dentro y fuera de nuestro territorio. Su presencia continua en las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos, como representante oficial del Estado, es una contribución notable a la imagen de unidad entre países que pertenecen a una misma comunidad histórica. Los Premios Príncipes de Asturias han alcanzado ya un sólido presti- E gio internacional: la brillante ceremonia anual en Oviedo incluye un discurso siempre bien meditado y significativo. Su faceta deportiva y los gustos y aficiones culturales del Príncipe son también la seña de identidad de una personalidad que conjuga seriedad y modernidad, con plena conciencia de que vivimos en una sociedad global exigente y competitiva. La presencia continua de Doña Letizia, ya sea en actos conjuntos o con su agenda propia, ayuda decisivamente a configurar la imagen familiar del Príncipe. Las Infantas Doña Leonor y Doña Sofía garantizan la continuidad, con independencia de cualquier debate jurídico ya zanjado sobre situaciones transitorias, puesto que el acuerdo político asegura una reforma constitucional del artículo 57 en cuanto la ocasión sea propicia. En este contexto, Don Felipe alcanza la plenitud vital en las mejores condiciones para cumplir con la responsabilidad que le corresponde. Aunque algunos prefieran no saberlo, la España constitucional ha sido y es un éxito rotundo en la medida en que sitúa a nuestro país, de forma definitiva e irreversible, en el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo. De ahí el papel esencial de la Corona como garantía de continuidad, puesto que la Jefatura del Estado es símbolo de su unidad y permanencia. ABC se suma con este suplemento a las muchas felicitaciones que hoy recibe el Príncipe de Asturias. L auto con el que la Audiencia Provincial de Madrid cierra el caso de las sedaciones practicadas en el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) ha sido utilizado por el PSOE y los médicos inicialmente imputados para lanzar un ataque de carácter político contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su modelo sanitario. Sin embargo, la reacción, que incluye peticiones de dimisión y anuncios de acciones penales, no está amparada por los términos estrictos de la resolución. El auto de la Audiencia, en efecto, ordena suprimir toda mención a la mala práctica médica atribuida por un Juzgado de Leganés a los médicos denunciados, pero lo hace no para sustituirla por una declaración en sentido opuesto, sino por coherencia técnica con el archivo del caso. Es razonable que una decisión de sobreseimiento no contenga juicios peyorativos contra los denunciados, porque, como dice la Audiencia, podrían tener una eventual repercusión negativa en un ámbito extrapenal En todo lo demás, la Audiencia de Madrid ratifica el auto del Juzgado de Instrucción de Leganés, empezando por el carácter provisional del sobreseimiento, es decir, que se trata de un cierre condicionado a que no aparezcan nuevas pruebas sobre las muertes investigadas. Por tanto, al ser provisional el sobreseimiento cabe concluir que la instrucción judicial fue correctamente iniciada y que los médicos investigados no pueden denunciar a sus acusadores por denuncia falsa, para lo que habría sido necesario lo que técnicamente se denomina sobreseimiento libre. Además, la Audiencia comparte con el Juzgado una convicción muy importante. Argumentan los magistrados que la conclusión inequívoca de todas estas diligencias de averiguación es que no es posible afirmar o negar con certeza absoluta si la causa directa de la muerte de alguno de los pacientes sedados fue la medicación administrada Por esto mismo, como la duda no puede disiparse, el sobreseimiento de la investigación es provisional. A partir de este pronunciamiento, la exclusión de las menciones a la mala práctica médica se basa en las opiniones controvertidas de los peritos sobre si las sedaciones estuvieron bien o mal indicadas. Lo cierto es que las sospechas justificaban la investigación, pero no la apertura de juicio oral. Políticamente, socialistas y médicos ahora exonerados quieren hacer pagar a la Comunidad de Madrid el coste de este archivo judicial, aunque no fue un juicio a la sanidad pública madrileña y, además, la Justicia avaló el cese del doctor Luis Montes. La tensión política pudo provocar discursos, por ambas partes, excesivos, pero había razones para investigar. En todo caso, sobre este asunto planea una grave cuestión de ética social acerca del alcance de la muerte digna y los límites de este concepto con la eutanasia. Y semejante debate hay que plantearlo en un contexto de pleno rigor argumental y sin excitaciones políticas.