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14 ESPAÑA La ofensiva terrorista s La ilegalización de ANV VIERNES 25 s 1 s 2008 ABC Garzón permite un acto de ANV cuatro días antes de que la Fiscalía inste a su ilegalización El juez recuerda que todavía es un partido legal, pero exige a las Fuerzas de Seguridad que le informen N. VILLANUEVA S. SANZ MADRID. Aunque el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional haya dado esta semana el primer paso para que las partes personadas en los sumarios de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) puedan solicitar la suspensión de ambas formaciones proetarras (en sendas audiencias convocadas ex profeso los días 4 y 5 de febrero) los dos partidos siguen siendo, de momento, legales, por lo que hasta que no se suspendan sus actividades o no se inicie su proceso de ilegalización (con su consiguiente desactivación) pueden celebrar cualquier tipo de acto. Otra cosa es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén atentos a cuanto acontezca en esos actos y pongan cualquier hecho delictivo en conocimiento del juez. Éste es el argumento con el que el juez Baltasar Garzón justifica su decisión de no prohibir la reunión electoral que ANV tiene previsto celebrar mañana en Vitoria, una petición que veinticuatro horas antes le había hecho la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público- -que ayer anunció por boca del fiscal general, Cándido Conde- Pumpido, que a principios de la próxima semana presentarán las demandas de ilegalización de ANV y PCTV ante el Tribunal Supremo- había justificado su solicitud de prohibición de tal acto en la posibilidad de que en el mismo se produjeran hechos ilícitos similares a los que tuvieron lugar el pasado 12 de enero en Pamplona (en alusión a la imputación de la alcaldesa de Hernani por ensalzar a los asesinos de la T- 4 Portu y Sarasola) Reconoce el magistrado que el precedente citado por el Ministerio Fiscal está acertadamente traído a colación y de hecho es motivo bastante para que el instructor tome medidas pero no tan drásticas como las de prohibir el acto legalmente es imposible en este momento procesal insiste) En todo caso lo que allí suceda podrá ser evaluado a posteriori con el alcance penal y procesal que corresponda respecto de la entidad convocante y los responsables que desarrollen alguna actividad Por ello, requiere la actuación de la Ertzaintza, Policía y Guardia Civil para que eviten cualquier incidente e informen al Juzgado del contenido del acto. El auto de Garzón se notificaba apenas una hora antes de que Cándido Conde- Pumpido anunciara en rueda de prensa que en los primeros días de la próxima semana, la Fiscalía General del Estado interpondrá ante el Tribunal Supremo las demandas de ilegalización de ANV y PCTV Es muy probable que los movimientos del Ministerio Público coincidan en tiempo y forma con los del Gobierno, que a través de la Abogacía del Estado, presentará también sendas demandas ante la Sala del 61 del Alto Tribunal. Precisamente, según anunció el miércoles el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hoy mismo el Gobierno autorizará a los servicios jurídicos del Estado para que inicien dicho proceso. El fiscal general adelantó que las demandas destacarán como causa principal de ilegalización la prevista en el artículo 9. 3 f) de la Ley de Partidos Políticos (LPP) que es la de colaborar habitualmente con entidades o grupos (en este caso, Batasuna) que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas En cuanto al PCTV esta co, laboración vendría dada, entre otras cuestiones, por el abono de las retribuciones de hasta 39 personas vinculadas a Batasuna, entre ellos algunos miembros destacados de la Mesa Nacional. Además de la colaboración, en el caso de ANV la Fiscalía alegará la causa prevista en el artículo 9.3 a) de la LPP, la de Colaboración con Batasuna- ETA La alcaldesa de Hernani y el abogado Íñigo Iruín, antes de entrar, ayer, en la Audiencia Nacional JAIME GARCÍA Pedraz no adopta medidas contra la alcaldesa de ANV que ensalzó a etarras S. S. MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dejó ayer en libertad sin adoptar ninguna medida cautelar a la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, quien en un acto electoral de ANV en Pamplona pidió un aplauso para los asesinos de la T- 4, Igor Portu y Martín Sarasola. Pedraz justifica su decisión de no imponer ningún tipo de medida a la regidora- -el fiscal Ignacio Gordillo había solicitado comparecencias quincenales y la prohibición de salir del territorio nacional- -en que el delito por el que está imputada (enaltecimiento del terrorismo) no lleva aparejada pena grave y en que no se constata riesgo de fuga Antes de que el juez acordara la libertad de la regidora, la defensa de Beitialarrangoitia, Íñigo Iruín- -abogado habitual del entorno proetarra- -se opuso a la solicitud de la Fiscalía argumentando que la postura del representante del Ministerio Público sólo puede entenderse desde razones extraprocesales, mirando más a otros procedimientos que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 (Garzón) y el que se va a iniciar ante la Sala Especial del Tribunal Supremo y no atendiendo a los hechos de esta causa La alcaldesa de Hernani, por su parte, declaró ante Pedraz (durante una hora y media y en castellano) que con la alusión que hizo a Portu y Sarasola no pretendía ensalzar a ETA, sino expresar un sentimiento de afecto hacia los presos vascos según señalaron fuentes jurídicas. Durante el interrogatorio se le preguntó si esos mismos sentimientos que tenía hacia los presos de ETA también los experimentaba hacia las víctimas del terrorismo, a lo que respondió: Tengo muchos sentimientos en mi cabeza Gordillo ha solicitado una copia de la declaración de la alcaldesa para incluirla en la causa de ANV que instruye el juez Garzón. Una acción preventiva En el auto notificado ayer, Garzón recuerda que hasta el momento presente Acción Nacionalista Vasca mantiene, sin restricción legal, todas sus posibilidades de actuación como cualquier otra organización o persona jurídica que cumpla los requisitos formales exigidos por la ley y con los mismos límites hasta que no se decida sobre las eventuales medidas que puedan limitar o eliminar aquella actividad Por tanto, concluye, esta acción preventiva carece, en este momento, de base suficiente