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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 23 s 1 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro REACCIONA LA RESERVA FEDERAL UANDO todo apuntaba a un nuevo desplome bursátil, la Reserva Federal americana decidió bajar drásticamente los tipos de interés hasta el 3,75 sin esperar a la reunión prevista. Salvó la jornada europea, aunque sólo sirvió para calmar parcialmente los ánimos de los inversores americanos, ya que Nueva York cerró con pérdidas menores de las anticipadas. Se trata de una decisión extraordinaria, aunque haya precedentes en crisis similares, que refleja la seriedad de la amenaza de recesión y la importancia que la política monetaria moderna concede a las condiciones financieras en sentido amplio, y no solo a los agregados monetarios estrictos. En menos de una semana, Estados Unidos ha respondido con medidas fiscales y monetarias a la crisis de confianza en el sistema financiero y al deterioro de la situación económica. Las medidas pueden ser insuficientes, pueden haber llegado demasiado tarde, pueden incluso alentar burbujas futuras y agravar el problema inflacionista a medio plazo. Pero son una manifestación inequívoca de la gravedad con que se vive el cambio de ciclo y de la voluntad explícita de evitar la recesión. La respuesta europea ha sido bien diferente. El BCE, fiel a su tradición y debilitado por características institucionales que le impiden la agilidad necesaria, no se ha movido. Pero nadie duda de que se verá obligado a reducir también los tipos de interés, a pesar del indiscutible repunte de la inflación, apareciendo una vez más subordinado a las decisiones de la Fed. Es en estos momentos de crisis cuando cobran toda la importancia las palabras del gobernador Trichet apelando a la necesaria flexibilidad de las economías europeas para dotar de mayor margen de maniobra y eficacia a la política monetaria. Los ministros de Economía reunidos en Consejo Europeo se han limitado a pedir tranquilidad a los inversores, restar importancia a las turbulencias financieras y descartar cualquier posible comparación. Es un problema básicamente americano, argumentan, como si en la economía global los problemas de liquidez, las dificultades de valoración de activos y estimación del riesgo y las crisis de confianza en la solvencia de las instituciones financieras pudieran aislarse por características geográficas o ideológicas. El comisario Almunia ha hecho una encendida defensa de las grandes fortalezas europeas, superávit exterior y bajo nivel de endeudamiento de familias y empresas. Ninguna de estas dos características, tan convenientes en tiempos de crédito escaso y caro para limitar su impacto en la economía real, se aplican a España. Antes, al contrario, seguramente sin quererlo, el máximo responsable económico de la Unión ha puesto el dedo en la llaga de las dos grandes debilidades de nuestra economía. Son precisamente esas las razones de la mayor vulnerabilidad del crecimiento y empleo españoles a la crisis financiera. Ambas se han deteriorado drásticamente en esta legislatura. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera C ATUTXA O EL DESPRESTIGIO DEL FISCAL A condena impuesta por la sala Segunda del Tribunal Supremo al ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, es una decisión que refuerza de forma especial el Estado de Derecho y constituye un antecedente imprescindible para fijar las relaciones entre el poder político y las autoridades judiciales. Atutxa jugó con fuego cuando desobedeció reiterada e injustificadamente las órdenes de la sala del 61 del TS para que ejecutara la disolución del grupo parlamentario de Batasuna, Sozialistak Abertzaleak, en respuesta a la sentencia que aplicó la ley de Partidos Políticos al entramado proetarra. El ahora condenado organizó una pantomima seudo- legal que ha sido desmontada por los jueces, porque las órdenes de Supremo no necesitaban, como excusaba Atutxa, la modificación del reglamento de la Cámara vasca. Su contumaz desobediencia no fue más que un acto de complicidad política con los proetarras y lo lógico es que haya sido sancionada por la Justicia. Aquellos jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que iniciaron el proceso contra Atutxa, en medio de la coacción nacionalista, hoy deben sentirse totalmente reconocidos. En lo sucesivo, quien se dedique a facilitar las cosas a ETA, en cualquiera de sus disfraces; quien se niegue a cumplir las decisiones judiciales firmes; quien eluda las sentencias que aplican la ley de Partidos Políticos y quien busque impunidad escondiéndose tras la política, ya sabe a qué atenerse. El Estado de Derecho es mucho más fuerte gracias a la decisión de la Sala Segunda del TS, la cual matiza acertadamente el alcance de la doctrina sobre la acción popular, establecida en la sentencia del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander. La acción popular sigue viva y gracias a ella se ha hecho justicia en este caso. Un argumento más para no aceptar el monopolio de la acusación por el Ministerio Fiscal. Y si Juan María Atutxa ha sido condenado por los jueces, el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, ha quedado nuevamente desautorizado para ejercer sus funciones institucionales. Conde- Pumpido tiene un problema de verdadera inhabilitación profesional, porque no se recuerda en la historia de la democracia un fiscal general que con tanta notoriedad hayapuesto la Fiscalía al serviciodelGobierno, haya abdi- L cadotan constantementede la defensadelalegalidad- -renunciando a defender las querellas presentadas por la propia Fiscalía- -y haya asumido la protección, por acción u omisión, de intereses contrarios al Estado democrático y de Derecho. No es una valoración discrecional; es lo que objetivamente se desprende de todas las decisiones judiciales que han rechazado o denunciado el uso arbitrario y oportunista que ha hecho el fiscal general de sus funciones, habitualmente en los casos en que al Gobierno le convenía frenar la acción de la Justicia contra ETA o contra el nacionalismo vasco. Por eso, la responsabilidad de Conde- Pumpido por pedir la absolución de Atutxa- -en contra del criterio inicial del Ministerio Fiscal- -es la responsabilidad de quien lo sostiene, defiende e instruye, es decir, del presidentedelGobierno. El fiscal general nohahechootra cosa quetrasladar a la Justicia elcomportamientopolítico del Ejecutivo en la negociación con ETA: aparcar los principios del Estado de Derecho para sobreponer los intereses políticos al mandato de la ley. La política de confianza en el ordenamiento jurídico y en las instituciones está dando resultado. En poco más de un año, los tribunales han condenado a las juventudes de ETA y a su frente político -Ekin, Xaki y demás títeres etarras- -como miembros de la organización terrorista. Y ahora han sancionado la obstrucción a la Justicia perpetrada por Atutxa, quien, a su vez, también fue mera correa de transmisión de la falta de moral y principios que caracteriza al nacionalismo vasco en relación con ETA. Plantar cara a los nacionalistas no provoca ninguna crisis ni incita a la crispación. Antes bien, es algo imprescindible para resolver algunos de los principales problemas de Estado, como el del terrorismo. Conviene no ignorar una lección política de la condena a Atutxa. Este encomiable ejercicio de justicia, realizado por los magistrados del TS en su plena independencia jurisdiccional, no se debe a ninguna iniciativa del actual Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, cuya política de negociación con ETA exigía la abdicación del Estado de Derecho. Se debe a la determinación del Gobierno de José María Aznar de ir directamente a por la derrota de ETA, sin atajos, pero sin vacilaciones. EL PSOE IGNORA A LAS VÍCTIMAS L IV Congreso Internacional de las Víctimas del Terrorismo, organizado una vez más por la Universidad San Pablo CEU, es fiel reflejo de que una parte sustancial de la sociedad española no está dispuesta a olvidar a quienes más han sufrido por causa de la libertad de todos. La inauguración corrió a cargo de los Príncipes de Asturias, cuya presencia demuestra de nuevo el firme compromiso de la Corona. Por encima de las conveniencias tácticas están los principios éticos. Es evidente que no se trata de una cuestión partidista, ni mucho menos sectaria. El impulso que inspira este congreso es el reconocimiento moral a las víctimas, a quienes una sociedad sana debe prestar apoyo permanente. El alcance internacional de la convocatoria, reforzado por la presencia de Clara Rojas, recién liberada de manos de las FARC, es buena prueba de que el terrorismo es una lacra de nuestro tiempo a escala global. España lo sufre desde hace años, con diferentes orígenes y procedimientos, pero siempre con esa condición de injusticia profunda que exige una reacción firme y ejemplar en el marco estricto del estado de Derecho. Se equivoca una vez más Rodríguez Zapatero al no acudir a una convocatoria que ha eludido desde el primer momento, ante el fundado temor de sen- E tirse rechazado. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo tenía un sólido fundamento en el reconocimiento a las víctimas. El entonces líder de la oposición participó en actos de este tipo, apoyando una tarea que generó ilusión y esperanza en la sociedad. Una vez en el poder, todas las expectativas han sido defraudadas por una actitud oportunista, fomentando la división en el colectivo de víctimas y descalificando a determinadas asociaciones. El pretexto que aduce Moncloa para justificar una ausencia inaceptable carece de la lógica más elemental. Dice el Gobierno que la proximidad delas elecciones hace inadecuada la asistencia del presidente o del ministro del Interior, delegando la representación del Ejecutivo en dos secretarios de Estado. El argumento no setiene en pie porque no había elecciones a la vista en los tres congresos anteriores y tampoco acudieron entonces los principales responsables del PSOE. Es comprensible, pero no justificable, que prefieran no encontrarse cara a cara con gentes que se han sentido rechazadas en nombre de un supuesto pragmatismo negociador que concluyó en un fracaso rotundo. El mérito de la democracia constitucional reside en la superioridad moral de las personas honorables sobre los que asesinan en nombre de un dogma totalitario.