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38 INTERNACIONAL LUNES 21 s 1 s 2008 ABC GENOCIDIO EN GUATEMALA Alberto Sotillo Una toga contra la impunidad MEJOR CON LA MUJER FATAL as razones del corazón han adquirido un peso creciente en la política de nuestros días. A estas alturas, la derrotada candidata socialista francesa Ségolène Royal se estará lamentando: ¡Lástima no haber ganado para tener a mi lado a un Carlo Bruni con quien dar en las narices a François (Hollande) Como se recordará, Ségolène se presentó a las elecciones cuando los sondeos le dijeron que ella era más querida por los franceses que su François, quien la había abandonado por una pelirroja periodista. Razones del corazón despechado. Como las de Sarkozy, quien se abandonó en brazos de la mujer fatal después de que su Cecilia le dijese que le aburren los presidentes de la República. O las de Hillary Clinton, quien supo tener paciencia y magnanimidad conyugal con la esperanza de conquistar en el futuro el corazón de sus compatriotas. Su imagen de fría mujer ejecutiva, de sempiterno traje de chaqueta y pantalón y con ansias de demostrar que es la eficiencia personificada a punto estuvo de quitarle el afecto de su pueblo. Pero una lágrima a tiempo volvió a poner en su sitio las razones del corazón. Tal vez no sean las razones más eficaces para el Estado. Pero entran en el terreno de lo humano. Incluso de lo razonable. Es una política material. Lo que parece más inasequible a la razón es el personaje que emplea la política como si ésta formase parte de la antimateria. ¡Oh, esas misteriosas antipartículas de antimateria que, a su solo contacto, aniquilan a la materia! Ese afán fulminante sigue siendo una poderosa pulsión política española, cuya razón se me escapa. La ciencia habla de agujeros negros de materia oscura como origen de esa temible nube de antimateria, que debe de tener alguna misteriosa querencia a nuestro país, donde nada parece suscitar más satisfacción al servidor público que morir matando. El político rendido a la mujer fatal o las irresistibles ansias de ser amado en el ejercicio del servicio público tienen su misterio. Pero no hay enigma tan insondable como el de esas antipartículas cuya única antirrazón antipolítica es la aniquilación de la materia con la que entran en contacto. L Cansado de las zancadillas de Guatemala a la investigación judicial del genocidio maya, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acusa al Estado guatemalteco de incumplir sus obligaciones y despreciar la defensa de los derechos humanos POR NATI VILLANUEVA MADRID. Más de 250.000 víctimas, 45.000 desapariciones, un millón y medio de desplazados internos y 150.000 refugiados en México es el trágico balance del genocidio que, auspiciado por los sucesivos gobiernos de Guatemala entre los años 1978 y 1984 (el 93 por ciento de los crímenes y torturas fueron cometidos por agentes del Estado borró del mapa un total de 430 aldeas del país. En las sucesivas matanzas perdieron la vida siete españoles: cuatro de ellos eran sacerdotes y otros tres murieron en el asalto a la embajada de nuestro país en la capital guatemalteca (31 de enero de 1980) Desde entonces hasta ahora las autoridades de Guatemala no sólo no han investigado los crímenes de la dictadura militar, sino que desde que el Tribunal Constitucional declaró la competencia de España para investigar crímenes de lesa humanidad, el Estado guatemalteco no ha hecho más que poner zancadillas a la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien el 24 de junio de 2006 llegó a desplazarse a la capital para interrogar in situ a imputados y testigos del genocidio del pueblo maya. Lo cierto es que la actuación, o más bien la pasividad del gobierno de este país (que la semana pasada estrenó presidencia) no se puede abstraer de la identidad de las personas imputadas en esta causa: el ex dictador y hoy parlamentario Efraín Ríos Montt, el también jefe de Gobierno Óscar Humberto Mejía o el ex presidente de la República Fernando Romeo Lucas, quien podría haber fallecido (aunque el Juzgado no tiene constancia del óbito) La comisión rogatoria frustrada que encabezó Pedraz hace un año y medio (las argucias de la defensas y las dilaciones de la Corte Suprema impidieron la toma de declaraciones) fue sólo la primera de las piedras con las que iba a tropezar este magistrado en el camino del esclarecimiento de unos hechos que a día de hoy se mantienen impunes. De regreso al Los imputados General Efraín Ríos Montt. Jefe de gobierno del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. General Óscar Humberto Mejía. Jefe de gobierno del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986. General Fernando Romeo Lucas. Presidente de la República de Guatemala de 1978 a 1982. General Ángel Aníbal Guevara. Ministro de Defensa del gobierno de Romeo Lucas. Donaldo Álvarez Ruiz. Ministro de Gobernación en ese gobierno. Coronel Germán Chupina. Director de la Policía Nacional con Lucas García como presidente. Pedro García Arredondo. Jefe del comando Seis de la Policía Nacional en el mandato de Lucas. General Benedicto Lucas García. Jefe del Estado Mayor del Ejército. El ex general golpista Ríos Montt, votando en 1999 gar los delitos de genocidio, torturas y asesinatos. Son estas zancadillas las que han motivado un auto que el magistrado dictó el pasado 16 de enero y en el que no escatima críticas a la pasividad de las autoridades guatemaltecas, a las que acusa de situarse en la órbita de los países que violan sus obligaciones internacionales y desprecian la defensa de los derechos humanos Con su decisión, dice Pedraz, quien seguirá investigando con o sin ayuda, la Corte de Constitucionalidad desliza que el Estado de Guatemala acepta y asume la violación de sus obligaciones internacionales y de su propia ley AFP Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el juez cursó órdenes de detención internacional, extradición y varias comisiones rogatorias que Guatemala ni ha llegado a cumplimentar. A ello se suma la resolución que el pasado 12 de diciembre dictó la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (la misma que suspendió in extremis las diligencias de Pedraz y decidió conceder un amparo provisional a Ríos Montt) En ella se deja sin efecto la solicitud de extradición a España de los imputados al considerar que nuestro país no tiene competencia para investi- nacional A su vez, el gobierno de ese país nada dice ni insinúa sobre la plena y efectiva ejecución de la obligación de perseguir delitos en sus Tribunales, por lo que está incurriendo en flagrante vulneración de sus obligaciones internacionales como Estado Precisamente el viernes la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú- -quien en 1999 denunció estos hechos en España- -interpuso una demanda contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parcialidad en la evaluación de los medios probatorios Considera que la decisión de paralizar las extradiciones es tendenciosa Con las manos vacías El juez recurre a la colaboración ciudadana MADRID. Lejos de tirar la toalla, Santiago Pedraz seguirá investigando estos crímenes denunciados por Rigoberta Menchú en el Juzgado del que ahora es titular allá por 1999, cuando todavía no era juez de instrucción. El magistrado ha dejado sin efecto las comisiones rogatorias cursadas a Guatemala, lo que en la práctica significa que ya no cuenta con la colaboración de ese país en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Por este motivo, el juez ha recurrido a los medios de comunicación guatemaltecos y de países limítrofes para que difundan la siguiente nota: El Juzgado Central de Instrucción número 1 de laAudiencia Nacional de España, ante la negativa de las autoridades guatemaltecas a colaborar en la investigación, solicita a todas aquellas personas que sean víctimas, perjudicados, testigos o cualesquiera otras que puedan suministrar información relevante sobre el genocidio y demás delitos cometidos contra el pueblo maya en Guatemala, la pongan en conocimiento de este juzgado a través de los canales oportunos y adecuados para ello en dichos países, de conformidad con lo establecido en el derecho español a tal efecto. Dicha información será oportunamente remitida a este juzgado para incorporarla a la causa (Diligencias Previas 331 1999)