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22 ESPAÑA LUNES 21 s 1 s 2008 ABC CASOS DENUNCIADOS EN EL DOCUMENTO Sagunto (Valencia) Con 150 años de historia Los orígenes del restaurante Pepita situado en la playa de L Almardà de Sagunto, se remontan a mediados del siglo XIX. Se inscribió en el registro de la propiedad en 1940, antes del primer deslinde de la zona. Costas lo derribó hace tres semanas. No se avisó a los propietarios de la tramitación de su caso. Además, se les ha negado indemnización alguna y se les ha exigido el pago de 83.000 euros para sufragar los costes de la demolición. tal erosión son los espigones del puerto de la localidad. Sin aprobar ningún deslinde, Costas derribó la carpintería el pasado jueves al estimar que es evidente su cercanía al mar. piqueta tras varios fallos judiciales. Según Costas, las residencias están asentadas sobre parte de la playa, por lo que se hallan en dominio público. La razón es un deslinde incompleto efectuado en 1974. un deslinde que pretendía ratificar el anterior, que data de 1969. El problema es que habían desaparecido varios de los hitos que se utilizaron para fijar los límites (por ejemplo, esquinas viviendas que ya no existen) La ausencia de estos puntos fijos ha motivado que los técnicos hayan incluido como dominio público zonas situadas a 40 metros de altura y 30 metros tierra adentro. Sólo un maremoto haría llegar las aguas del mar a esas cotas. La Palma Un espigón erosiona la costa Una carpintería situada en San Sebastián de la Gomera (La Palma) ha pasado de estar a cien metros del mar a tenerlo mucho más cerca debido a la pérdida de tierra firme. Los responsables de Elche (Alicante) 800 viviendas condenadas Los propietarios de 800 viviendas situadas en Arenales del Sol (Elche) han visto cómo sus residencias son carne de Candelaria (Tenerife) Variación de los deslindes En el paraje Bajo la Cuesta de Candelaria (Tenerife) se aprobó Un informe presenta a la UE los abusos del Gobierno al aplicar la Ley de Costas El texto de la plataforma de afectados denuncia las arbitrariedades de Medio Ambiente PEDRO A. ORTIZ VALENCIA. La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, de reciente fundación y que que agrupa a cerca de 2.000 personas de toda España, presentará a final de mes un informe ante la Unión Europea en el que denuncian los abusos del Ministerio de Medio Ambiente en la aplicación de la norma. El informe, al que ha tenido acceso ABC, ha sido elaborado por José Ortega, abogado especializado en la Ley de Costas y asesor jurídico de los integrantes de la plataforma. El documento, de 106 páginas, recopila varios casos en los que se evidencian los excesos cometidos por la Dirección General de Costas. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha reiterado su determinación por dar un fuerte impulso a la aplicación de la Ley de Costas y a la recuperación de las concesiones de uso. El reflejo de esta apuesta lo han notado los afectados, quienes, según el informe, han visto cómo el abanico de arbitrariedades de la Dirección General de Costas se ha venido intensificando desde 2004. se apunta en el documento, no se ha respetado en grandes urbanizaciones de reciente construcción. Sin embargo, a las pequeñas viviendas se les aplica la ley al límite El informe girado a Europa también documenta la existencia de estudios geomorfológicos elaborados a la carta Sin notificaciones a los propietarios Una de las principales características de las tramitaciones de deslindes de Costas durante los años noventa fue el secretismo con el que fueron realizadas- -a través de la figura de ratificación del deslinde anterior -hasta que los tribunales anularon este tipo de procedimiento por un caso en el municipio asturiano de Otur. Un hermetismo que llevó a los afectados a conocer con mucha demora, e incluso en los momentos del derribo de sus posesiones, de que su propiedad había pasado a ser dominio público. Es más, algunos perdieron sus propiedades sin saberlo Secretismo Responsabilidad doble del Estado Imagen del pasado miércoles del derribo de un chalé en Guardamar del Segura (Alicante) negativa de Costas a aplicarla. Según recoge el texto, el departamento no informa sobre el derecho a reclamar una concesión, hace un uso prematuro de los expedientes de recuperación posesoria y, principalmente, ignora las peticiones. Unas prácticas calificadas por los afectados como indolentes La negativa a dar concesiones obliga a los interesados a acudir a los tribunales por silencio negativo (institución que evita el bloqueo de los procedimientos administrativos) Además, se denuncia que se vulnera la ley por incumplir la resolución de las peticiones y la obligación de otorgar la concesión cuando proceda. Por otro lado, el informe revela abusos en la suspensión de autorizaciones y concesiones. ALBERTO ARAGON Regresión de la costa Aplicación retroactiva de la ley Discrepancias sobre su existencia durante la última glaciación, hace cerca de 14.000 años y que está alejado del mar. Negativa a reconocer el derecho La Ley de Costas de 1988 proporcionó a los deslindes unos efectos demoledores sobre la propiedad privada. La única compensación que recoge la norma es en especie se tiene derecho a recibir concesiones administrativas por treinta años, y prorrogables a otros treinta, por los que el propietario podrá seguir disfrutando de su vivienda. Pese a esta opción, una de las principales quejas consignadas en el informe apunta a la Concesiones administrativas La Ley de Costas no es retroactiva, pero se han dado diversos casos en los que, según la plataforma, sí que se ha incurrido en distorsiones de este cariz. Es el caso de las viviendas que el deslinde incluye dentro del dominio público y que fueron construidas fuera de tal delimitación con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa. La dirección de Costas ha aducido errores de los deslindes anteriores para hacer prevalecer el nuevo. El informe cita el ejemplo de un deslinde en Llanos de Aridane (La Palma) donde se incluye como dominio público un acantilado que se modeló La doble vara de medir de Costas El informe pone el énfasis en los cambiantes criterios que utilizan los técnicos de la Dirección General de Costas al aplicar la norma dependiendo de quién sea el destinatario. Una situación en la que siempre aparecen malparados los propietarios de viviendas preexistentes- -los más humildes- y en contadas ocasiones los grandes constructores. La prohibición de construir en una franja de cien metros tierra adentro del límite interior de la ribera del mar, según Arbitrariedades Otro aspecto alarmante para la plataforma radica en aquellos propietarios de viviendas que han visto cómo el avance del mar a costa de la regresión de las playas ha desembocado en la entrada de su propiedad dentro de la franja reconocida como de dominio público. Lo paradójico de esta situación se halla en que las regresiones de costa se deben a actuaciones artificiales, como la construcción de puertos y de escolleras, obras que emprende el Gobierno. Así, se da la circunstancia en la que una obra del Estado varía la línea de costa y facilita que otro departamento- -en este caso, Medio Ambiente- -pueda actuar contra nuevos infractores de la Ley de Costas. Y es que no siempre los procesos de regeneración de las playas se coordinan con los efectos del deslinde. Hay casos documentados en la Comunidad Valenciana.