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4 OPINIÓN SÁBADO 19 s 1 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ALTA TENSIÓN ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA ACE ya ocho años que el caudillo venezolano Hugo Chávez alimenta con sus provocaciones la tensión con la vecina Colombia. Esta política culminó esta semana con una declaración oficial por parte de la Asamblea Nacional de Caracas en la que se pide el reconocimiento como fuerza beligerante para las FARC y el ELN, dos narcoguerrillas de origen comunista que desde hace cuatro décadas se dedican a matar, a secuestrar y a hacer imposible el desarrollo de las enormes potencialidades de los colombianos. Con esta declaración, Hugo Chávez no puede seguir engañando a nadie con sus chocantes propuestas de mediación y de búsqueda de la paz, porque él mismo se ha puesto abiertamente al lado de una de las partes- -la guerrilla terrorista- -y por tanto, no es razonable esperar que se le considere para un papel neutral en ningún proceso. Muy al contrario, todos los indicios llevan a pensar que el reiterado fracaso de sus políticas en Venezuela podría estar llevándole a buscar una falsa salida, creándose un enemigo exterior al que culpar de su estruendosa incapacidad de gestión ante una sociedad que está abandonando masivamente su proyecto revolucionario. La visita que ha hecho a Bogotá esta misma semana el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU. el almirante Michael G. Mullen, tiene mucho que ver con una inquietud que en otras circunstancias sería impensable, pero que en estos momentos no se puede ignorar: Chávez está llevando la crisis hasta un punto en el que existe el riesgo evidente de que intente provocar un conflicto militar con Colombia, directamente o a través de los terroristas de las FARC. Hasta ahora, las excentricidades de Chávez se limitaban a la intervención más o menos disimulada en los procesos electorales de otros países para aupar al poder a aliados suyos. Ahora son perceptibles los síntomas de que ciertos desarreglos anímicos podrían empujarle a tomar decisiones mucho más graves para toda la región. Es el momento de recordar que Hugo Chávez ha gastado mucho dinero en armamento moderno (y que una parte le ha sido servida por el Gobierno socialista español) cuya necesidad real era más que discutible, si no es en el contexto de ciertos proyectos expansionistas a los que disfraza utilizando a su manera el mito de la figura del Libertador. Sin que ello justifique sus defectos en otros campos- -que los tiene- hay que reconocer que el presidente Álvaro Uribe, al que han apoyado con gallardía algunos de sus antecesores en el cargo, ha mantenido una posición razonable, tratando de evitar que el intercambio de declaraciones no sirva para añadir más leña al fuego. La templanza es por ahora la mejor respuesta de Colombia a las provocaciones de Hugo Chávez. Pero, por si acaso, este país merece también una expresión clara de apoyo por parte de la comunidad internacional para que Chávez pueda sacar sus conclusiones antes de que sea demasiado tarde para todos. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera H LA NUEVA SOCIEDAD QUE EMERGE L último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística ratifica la incidencia determinante de la inmigración en el crecimiento demográfico español de los últimos años. Según el INE, España tiene una población actual de 45,2 millones de habitantes, de los que 4,5 millones son extranjeros. La previsión es que en 2015 la población alcance los 50 millones de habitantes y que los extranjeros se mantengan en una tasa cercana al 10 por ciento. Estos datos apuntan claramente a una reconfiguración de la sociedad española a medio plazo, con cambios de todo tipo que deben ser abordados con la seriedad y la objetividad que merecen, dejando a un lado los tópicos de la corrección política sobre la inmigración. Es evidente que los trabajadores extranjeros hacen una aportación imprescindible para el desarrollo económico en España, pero también lo es que no representan sólo una inmigración laboral, sino un verdadero proceso de asentamiento familiar en nuestro país. Por esta razón, el enfoque económico o laboral, siendo imprescindible, es insuficiente para hacer frente a las exigencias de una población inmigrante en crecimiento. Junto a los beneficios indiscutibles que aporta, también hay que asumir con naturalidad y realismo los riesgos que conlleva la coexistencia de grupos sociales de distintas culturas y tradiciones. Con estos datos estadísticos es necesaria una política estatal de integración de los inmigrantes y no meras iniciativas sectoriales o locales. Y desde luego, la demagogia sobra en todo caso. Es el Estado- -el Gobierno y el Parlamento nacionales- -el que debe controlar este proceso de inclusión de ciudadanos extranjeros y de sus sucesivas generaciones, sobre todo de aquellos que se identifican a sí mismos por criterios religiosos, como los musulmanes. La experiencia de otros países europeos es lo suficientemente ilustrativa como para no despreciarla, menos aún para actuar como si España estuviera exenta de sufrir los problemas de integración que se viven en Francia, Italia o Alemania. De hecho, esos problemas ya se están produciendo en E nuestro país allí donde se crean micro- climas sociales impermeables a los valores propios de la sociedad española. Por ejemplo, en el Reino Unido, desde 2005, cualquier extranjero que aspire a la nacionalidad británica debe acreditar el conocimiento del inglés y del sistema institucional y social del país. Los fracasos del multiculturalismo son inapelables porque es un modelo que acaba fragmentando la sociedad, favoreciendo la marginación y rompiendo cohesión de los valores sociales. El primer requisito para llegar a una política de Estado para la integración de los inmigrantes es aceptar que el debate sobre la inmigración es necesario y que no supone ningún ejercicio de xenofobia. Desconocer que las sociedades tienen límites a su capacidad de asimilación e ignorar los graves perjuicios que la ruptura de estos límites conlleva es una temeridad que se paga- -esto sí- -con una extensión del sentimiento xenófobo. La inmigración incide en el coste y en el reparto de las prestaciones sociales, en la atención sanitaria y en el sistema educativo, especialmente sensible a los efectos de las reagrupaciones familiares. La violencia contra la mujer tiene también su capítulo en este análisis. Algún valor habrá que dar, por ejemplo, al hecho de que los autores de todas las muertes de mujeres en lo que llevamos de 2008 son de nacionalidad extranjera; y en el año 2007 el 40 por ciento de las víctimas asesinadas en España provenían de otros países. En el terreno estrictamente económico, la crisis de la construcción está aumentando sin cesar el paro entre los inmigrantes, con la agravante de que su falta de cualificación profesional dificulta notablemente su recolocación en otros sectores productivos. La inmigración no es sólo el argumento para discursos benéficos de políticos superficiales, sino un desafío- -quizás el más serio- -para las sociedades modernas porque ponen a prueba sus hechuras sociales, culturales, políticas y de toda índole, además de requerir también unos compromisos regionales, como el que ya es apremiante en la Unión Europea. AGUA Y SOLIDARIDAD INTERESADA EGÚN informa hoy ABC, la situación de sequía podría exigir en breve el traslado de agua desalinizada desde la localidad almeriense de Carboneras hasta Cataluña. Con este fin, se ha formalizado un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y la Generalitat. En apariencia, todo es perfectamente normal. En términos jurídicos y políticos, nada hay que objetar a un acuerdo interadministrativo entre el Ministerio competente y las comunidades autónomas al servicio de un fin de interés general. Precisamente, el estado autonómico es un sistema de cooperación entre las diferentes entidades territoriales con el objetivo de atender a las necesidad de los ciudadanos. Sin embargo, conviene recordar en este caso que la solidaridad bien entendida debe funcionar en sentido recíproco y no unilateral. El Estatuto catalán desdeña esa solidaridad en nombre de un exclusivismo competencial que no se ajusta a la Constitución por mucho que se fuerce su interpretación. Deben recordarse también las críticas sin matices de diversos partidos catalanes contra el Plan Hidrológico Nacional, que concebía la política del agua como un asunto de Estado. Ahora resulta que Cataluña sufre las consecuencias de la escasez de agua y que la Generalitat no duda en pedir ayuda en otros ámbitos territoriales y en el propio Ministerio. Lo cierto es que no es acepta- S ble pedir la colaboración ajena cuando no se presta con idéntica decisión la propia. Por eso no deja de sorprender el doble rasero con el que los nacionalistas miden las cosas. El agua en España es un bien escaso y es imprescindible repartirlo racionalmente en beneficio de todos, sin egoísmos insolidarios ni oportunismos de ningún tipo. Los planes hidrológicos son la única fórmula razonable para gestionar racionalmente un recurso natural que depende de factores que no pueden ser alterados con criterios voluntaristas. Por eso la legislación debe mostrar altura de miras y evitar los pequeños intereses, que no sólo resultan inmorales sino también ineficientes. Rodríguez Zapatero cometió un grave error al ceder a las presiones de sus socios radicales en contra de proyectos importantes aprobados en la etapa del PP. Tampoco así ha logrado evitar la guerra del agua creando conflictos entre comunidades y generando frustraciones y resentimientos que son producto de una cerrada mentalidad localista. Si Cataluña necesita agua, bien está que la reciba desde Andalucía, siempre- -por supuesto- -que la reciprocidad esté garantizada y que seamos capaces entre todos de gestionar lo que tenemos con sentido común. Además de inconstitucional, usar el agua como objeto de apropiación territorial es contrario a la lógica de una sociedad moderna.