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4 OPINIÓN VIERNES 18 s 1 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO LA CRISIS INMOBILIARIA GOLPEA DE LLENO EGÚN informó ayer Eurostat, la actividad del sector de la construcción cayó el mes de noviembre un 0,2 por ciento en la Unión Europea. Pero en España, el descenso fue del 3,9 por ciento, el mayor de la Europa de los 27. También supimos ayer que a finales del primer trimestre, el stock de viviendas terminadas sin vender llegará al medio millón. Hace unos días conocimos que la construcción dejará sin empleo a 300.000 personas y la patronal cementera informa de que el consumo de ese material se estancó el año pasado y que la industria asiste a un reajuste después de diez años consecutivos de récord de consumo y producción. A la vez, las promotoras inmobiliarias nos alertan sobre el cierre de pequeñas empresas. Son datos todos ellos que dibujan un aterrizaje brusco de un sector, el de construcción residencial, que ha sido clave en el crecimiento de los últimos años y en la creación de empleo. Es verdad que no es un problema únicamente español. Ayer se conoció que en Estados Unidos la construcción de viviendas cayó al nivel más bajo en 16 años. Pero al menos allí, el presidente Bush y el gobernador de la Reserva Federal coincidieron en pedir medidas fiscales urgentes, temporales y reversibles, para evitar la recesión. Mientras tanto, en España se sigue discutiendo sobre si se trata de galgos o de podencos. Si mencionar la palabra crisis es un exceso, hablar de recesión es puro catastrofismo y hacerlo de estanflación es ser antipatriótico. Parece que en España prefiramos esperar pasivamente que pasen las hojas del calendario y confiar en que llegue marzo sin que el personal se haya dado cuenta. La política económica es el arte de prevenir las crisis antes de que sucedan. Es una actividad que exige un buen diagnóstico y una mirada de futuro. También compromiso y responsabilidad para adoptar medidas antes de que sea demasiado tarde. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ya ha cometido el error de considerar que el crecimiento futuro estaba garantizado y tocaba repartir el superávit. Se ha desperdiciado así toda una legislatura. No debe cometer otro error más minimizando la crisis que soporta ya el sector de la construcción y el inmobiliario. Es urgente modificar la política de vivienda y centrarla en los problemas del presente y no del pasado. Hoy el problema es, y será cada vez más, que las viviendas nuevas no se venden, que los precios caen, que las constructoras y promotoras tienen problemas de actividad y de resultados, que el empleo se destruye y que la morosidad bancaria crece. En la década de los noventa vivimos una crisis inmobiliaria que frenó en seco el crecimiento del país y produjo un inmenso coste social. Ahora no tiene por qué ser igual si se adoptan las medidas correctas. Pero no hay nada automático en la España de la globalización y del euro que nos haga inmunes, como parece pensar el Gobierno. PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera S EL ABORTO CONFUNDE AL PSOE ESDE que se dieron a conocer las primeras investigaciones en Madrid y Barcelona contra centros sospechosos de practicar abortos ilegales, el Gobierno socialista ha ido improvisando, con contradicciones y falta de rigor, su respuesta a un asunto que la izquierda ha tomado como bandera frente a la derecha y la Iglesia. Diversos dirigentes socialistas y ministros, incluso el propio presidente del Gobierno, opinaron inicialmente con mucha prudencia sobre las detenciones de médicos y responsables de los centros investigados, pero a medida que las pesquisas se ampliaban y sacaban a la luz las infracciones flagrantes de la ley de despenalización del aborto, su respuesta ha ido extremándose y haciéndose inquietantemente radical. La razón es que el mito progresista del aborto ha cedido ante la cruel realidad de prácticas homicidas contra fetos de hasta ocho meses, de engaños a las mujeres que preguntaban por la legalidad del aborto que se iba a producir y de falsificaciones de los informes técnicos para avalar la interrupción del embarazo con la excusa del riesgo psíquico para la madre. Ahora, tanto el Gobierno como el PSOE, sin librarse de la confusión que les provoca el cambio de tendencia en la opinión pública, se han instalado en una actitud de enfrentamiento a los jueces y de abierta contradicción con la ley. La citación de una veintena de mujeres por un juzgado de Madrid para que declaren en calidad de testigos, ha sido el detonante de una irresponsable declaración del Gobierno, que ha anunciado que no tolerará que se perjudique la intimidad de las mujeres. Tratándose de una investigación judicial, la amenazante advertencia del Gobierno sólo tiene sentido como un desafío a la justicia, pues no de otra forma podría el Ejecutivo cumplirla. Los propios términos en que se formula demuestran el descontrol socialista ante un problema latente- -el fraude general a la ley del aborto- -que ha salido a la luz sin tapujos. El Gobierno debería frenar sus impulsos partidistas y reconsiderar su respuesta, porque está dando a entender que una investigación ju- D dicial, con todas las garantías y para averiguar si han existido abortos ilegales, equivale a una caza de brujas contra mujeres. Las reuniones que ayer mantuvieron los representantes de las clínicas abortistas con los ministros de Sanidad y Justicia sólo agravan esta actitud agitadora del Gobierno, contraria a las más elementales normas del respeto institucional a la Justicia. Más valdría que el Gobierno exigiera a esos centros que cumplieran la legalidad antes que aparecer como protector de los abortos ilegales que investiga la justicia y del rentable negocio de la interrupción del embarazo. El Gobierno sabe que el aborto sigue siendo un debate difícil incluso para quienes lo aceptan, porque su consecuencia principal es la eliminación de una vida humana. Y es consciente de que una oferta electoral que prometa facilitar aún más la interrupción del embarazo sería vista como una deriva radical, sin fundamento social y muy probablemente anticonstitucional. Por eso navega entre el apoyo a los sectores proabortistas, como gesto a su electorado más izquierdista, y la ambigüedad en su programa electoral, en el que sólo se atreve a plantear una reflexión sobre la situación actual del aborto. Todavía no se ha oído al Gobierno una palabra, no sólo de respeto a los jueces que están siendo atacados por las asociaciones abortistas, sino de mínima exigencia para que se dé cumplimiento a la ley actual, lo que por sí solo sería suficiente para reducir el número de los abortos y salvar numerosas vidas que ahora son eliminadas sin consideración legal ni moral. No haría nada extraordinario el Gobierno- -menos aún el PP- -en reconocer que el supuesto del riesgo para la salud psíquica de la madre es un coladero de abortos ilegales y que la verdadera reforma necesaria no es una ley de plazos para dar carta de impunidad a lo que hoy son puramente delitos de aborto, sino reducir el aborto despenalizado a los casos de estricta incompatibilidad vital entre madre e hijo, e impulsar una política de apoyo activo a la mujer embarazada y a la maternidad. UNA ALIANZA DE PELÍCULA A reunión en Madrid de la llamada Alianza de Civilizaciones constituye el colofón de una legislatura que en política exterior ha batido todos los récords de inanidad de la historia de la democracia. La propuesta no ha tenido nunca posibilidades de trascendencia y no lo conseguirá esta reunión, porque un simple lema vacío de contenido no puede resolver los conflictos del mundo, y menos negando que existan, o- -aún peor- -considerando equivalentes los valores de las sociedades libres y democráticas, con los de aquellos que se empeñan en destruirlas. La relación de asistentes y, sobre todo de los no asistentes, es el mejor reflejo de la auténtica profundidad del evento, que no mereció una mención por parte de Su Majestad el Rey en su discurso de ayer ante el Cuerpo Diplomático acreditado en España. Ningún responsable político occidental o de escala mundial en ejercicio ha dedicado ni siquiera unas palabras medianamente complacientes. Sólo ha obtenido un tibio apoyo por parte de la ONU, porque dadas las características de la organización no habría podido explicar una negativa. Pero conviene recordar que al secretario general saliente, Kofi Anan, se le ofreció un puesto en la nebulosa del organigrama burocrático de la iniciativa y prefirió no vincularse a ella. En cuanto a la participación y co- patrocinio de Turquía, es evidente que está relacionada con sus ambi- L ciones europeas, aunque en este caso concreto le estamos haciendo un flaco favor: si Turquía quiere ser algún día miembro de la UE, debe esforzarse por convertirse en un país enteramente europeo, compartiendo plenamente valores y criterios que no admiten negociación ni matices. Cuando un Gobierno tiene los medios para hacerlo, no es tan difícil formar un cóctel de invitados exóticos. Pero cualquier grupo de figuras convocadas con criterios superficiales y presuntuosos no puede suplantar la representación de los sectores mundiales a los que se supone que la iniciativa en cuestión pretende poner de acuerdo. Con la mayoría de los asistentes a esta reunión de Madrid, en casi todos los casos personas educadas, cosmopolitas y familiarizados al menos con los principios básicos de la democracia, sería imposible no estar de acuerdo en asuntos de sentido común. Alguna de las participantes incluso ha llamado la atención por sus refinados modales y su vinculación con la industria europea de la moda y el lujo. Si de verdad se hubiera querido poner a prueba la eficacia de la iniciativa de Rodríguez Zapatero, tendría que haberse atrevido a invitar, por ejemplo, al clérigo chií Moktad Al Sadr, y comprobar con él hasta dónde resisten las invocaciones a la paz y a la armonía universal que se proclaman en las conclusiones o cuántas películas se pueden filmar conjuntamente.