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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 16 s 1 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO APOYAR A LOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro COLEGIOS CONCERTADOS Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera FALTAR A LA VERDAD L reconocimiento por parte de Rodríguez Zapatero de que autorizó contactos con ETA después del doble atentado mortal de la Terminal 4 de Barajas es un hecho muy grave que arruina definitivamente la confianza institucional que debe conservar todo presidente del Gobierno en las cuestiones de Estado. Desde aquel 30 de diciembre de 2006 en el que ETA asesinó a dos ciudadanos ecuatorianos en el aeropuerto madrileño, Rodríguez Zapatero, personalmente, y ministros y altos cargos del PSOE desmintieron las informaciones relativas a nuevos contactos con la banda terroristas, como las que publicó ABC en diversas exclusivas. No sólo lanzaron desmentidos, sino también graves acusaciones contra las víctimas del terrorismo, dirigentes del Partido Popular y cualquiera que cuestionara la información procedente de La Moncloa. Ahora, el presidente del Gobierno reconoce que faltó a la verdad, aunque su versión pretenda devaluar la gravedad de lo sucedido y limite los contactos a una mera deferencia con las entidades internacionales que actuaron como mediadores con la banda terrorista. Aunque sólo hubiera sido esto, el hecho seguiría siendo muy grave. Pero no fue así. Fue mucho peor. Desde el atentado en Barajas, los contactos se mantuvieron y las decisiones políticas del Gobierno para atraerse el favor de ETA fueron especialmente significativas. ETA no consiguió conservar el diálogo con el Gobierno a pesar de los dos muertos de Barajas, sino gracias a ellos. Después del doble asesinato de la Terminal 4- -aquel accidente el Gobierno excarceló a Ignacio de Juana Chaos y el Ministerio Fiscal libró a Arnaldo Otegi de una condena segura por exaltar a la terrorista Olaia Castresana y se opuso a que el juez Grande- Marlaska abriera juicio contra el ahora encarcelado portavoz de Batasuna. Además, el Gobierno facilitó la presentación de candidaturas de Acción Nacionalista Vasca en las elecciones de mayo de 2007, con la añagaza de impugnar sólo la mitad de sus listas. Y si se E llegó a esta situación de burla electoral fue porque en abril de 2007 Gobierno y ETA hablaron de cómo enmascarar la presencia de ANV en los comicios locales. Todavía es poco lo que Rodríguez Zapatero ha reconocido, porque la política de ocultación en relación con Batasuna y ETA es constante desde 2002, año en el que algunos dirigentes socialistas vascos empezaron a dialogar con una formación ya ilegalizada por el juez Garzón. Falta por reconocer que el Gobierno empezó a negociar con ETA en 2005 y siguió haciéndolo hasta poco antes de la ruptura oficial del alto el fuego. Y hubo negociación política, aunque no hubiera acuerdos, porque los acuerdos que quiere ETA- -autodeterminación, soberanía, territorialidad, amnistía- -escapan al poder de decisión del Gobierno, porque afectan al patrimonio constitucional de los españoles. Pero el Gobierno, que diseñó una estrategia oscurantista para tratar de distorsionar la realidad de lo que acontecía, sí cedió en lo que estaba en sus manos, rompiendo el Pacto Antiterrorista, humillando a las víctimas del terrorismo, implicando a los Parlamentos nacional y europeo como pantallas de su negociación, degradando el papel de la Fiscalía y marginando a los jueces que se atrevieron a seguir aplicando la ley a ETA y a Batasuna. Faltar a la verdad inhabilita a un gobernante. Más aún cuando se trata de una actitud sostenida, duradera y premeditada como la que ha creado el PSOE para ocultar a los españoles que estaban negociando con Batasuna, primero, y con miembros de ETA después. Rodríguez Zapatero ha hecho buena la oposición del PP a su política sobre terrorismo, porque ha certificado que Mariano Rajoy no debía ni podía fiarse de su palabra. Tampoco el resto de los españoles, porque la sociedad, en efecto, reclama de su Gobierno rectitud, después de haber demostrado con creces su capacidad de sacrificio frente al terrorismo y de lealtad al orden constitucional que ETA pretende destruir. LAS BOLSAS, FRENTE A LA RECESIÓN AS pérdidas de Citigroup, superiores a las esperadas, y el debilitamiento de los indicadores de ventas al por menor en los Estados Unidos, sumados a varias opiniones cualificadas- -la de Alan Greenspan, entre otras- todo ello acumulado en muy pocas horas, ha puesto en alerta a los operadores de las bolsas internacionales para situarlas en la zona de los números rojos. El riesgo o amenaza de recesión en los Estados Unidos empieza a materializarse, con consecuencias inmediatas en todos los mercados y economías, empezando por las más débiles, expuestas y endeudadas. El sector público español no padece ese mal, pero sí la economía española en su conjunto, especialmente los hipotecados, que han recurrido al ahorro externo para financiar sus aspiraciones de mejora. Se explica por estas y otras razones que el ajuste en el caso español- -con una caída del 3,37 por ciento en el Ibex- -sea uno de los más acusados a lo largo de la jornada de ayer, quizá porque la economía española es una de las más cuestionadas en los círculos financieros internacionales. Los resultados anunciados por Citigroup- -que ha reconocido que ve comprometidos más de 20.000 millones de dólares como dudosos- -sirvieron ayer de disparo de salida para órdenes de venta en todos los mercados financie- L ros, especialmente de títulos bancarios, pero también de los de sociedades de alta liquidez y de las endeudadas o necesitadas de financiación. Resulta ya muy evidente que no estamos ante una crisis coyuntural ni pasajera, sino expuestos a una situación, volátil e incierta, que va a perjudicar, como las epidemias de gripe, a los más débiles y los menos prevenidos. El presidente de la CEOE advertía ayer mismo de que las empresas, especialmente las de pequeño y mediano tamaño, necesitan ciertas garantías de liquidez para mantener sus planes de producción y de inversión, y no le falta razón, porque la pérdida de confianza es contagiosa y acumulativa. A las autoridades, a los Gobiernos, hay que exigirles responsabilidad, confianza, diagnósticos certeros y que sean capaces de emitir credibilidad y diligencia. Por ello, el presidente de la CEOE reclama políticas fiscales más comprometidas, alentadoras y estimulantes. La encrucijada de la economía española es crítica, y una mala gestión de esta crisis puede acelerar esta situación, mientras que una política serena y la adopción de las medidas adecuadas permitiría mitigar las consecuencias de esta crisis de confianza. Si a la solvencia del sistema financiero español se une una política fiscal inteligente y unas reformas rápidas, la economía española puede sortear esta crisis sin quebrantos irreparables. EGÚN la detallada información que ayer publicó ABC, la enseñanza concertada representa para los poderes públicos un ahorro que se sitúa alrededor de 3.000 millones de euros anuales, de acuerdo con el documento elaborado- -a partir de datos oficiales- -por las entidades titulares de dichos centros. Es muy significativa la estimación en virtud de la cual las administraciones gastan en torno al 50 por ciento más en alumnos de la red pública que en estudiantes de los colegios concertados. El informe demuestra también que el porcentaje de gasto destinado por las comunidades autónomas a estos conciertos es muy inferior al que se dedica a otros fines educativos. Andalucía resulta ser la región con un mayor descenso en la evolución del gasto para promover la gratuidad de la enseñanza, lo cual debería ser motivo de preocupación para el PSOE, siempre muy proclive a la retórica en esta materia. La sociedad es consciente de la labor insustituible que realizan los centros concertados, que son capaces de ofrecer una enseñanza de calidad con un coste moderado para las familias, a pesar de que cuentan con mucha menos ayuda oficial de la que merecen. Varias generaciones de españoles han recibido educación en este tipo de centros, y esta es la base de una sociedad de clases medias, con una buena formación en valores morales y en conocimientos básicos para afrontar la vida profesional. La comunidad escolar exige desde hace tiempo un pacto de Estado en materia de educación, pero siempre se encuentra con la prioridad de políticas basadas en enfoques ideológicos que más de una vez incurren en un sectarismo lamentable. Los graves problemas de nuestro sistema educativo quedan de manifiesto cada vez que aparecen informes internacionales que nos sitúan en el furgón de cola en Europa y en el mundo. En vez de atender a estos problemas reales, lo único que ha hecho el Gobierno a lo largo de la legislatura que ahora termina es aprobar una ley que añade todavía más confusión y forzar la puesta en marcha de una asignatura innecesaria y polémica. Una vez más, los temas de fondo quedan en segundo plano. De cara al futuro, convendría estudiar muy en serio la implantación del llamado cheque escolar una fórmula sensata y eficaz para compaginar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza. Este planteamiento encaja claramente con los objetivos del artículo 27 de la Constitución: si los poderes públicos deciden tomarse en serio el mandato constitucional, como es su obligación, deben buscar las vías más adecuadas para contribuir a que los centros concertados reciban el apoyo que merecen. Cuando se habla de educación, no sirve de nada la retórica sin contenido o la ideología disfrazada con palabras huecas. Por todo ello, merece la pena abrir un debate a fondo sobre el futuro de los centros concertados, cuyos problemas- -planteados en los informes referidos- -ofrecen alguna de las claves de nuestro sistema educativo. S