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4 OPINIÓN LUNES 14 s 1 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO LOS ESPAÑOLES PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro PIERDEN PODER ADQUISITIVO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera AVISO DE LOS CATÓLICOS SOCIALISTAS AS estrategias políticas diseñadas a base de tópicos corren un grave riesgo de chocar contra la realidad. Es evidente que el PSOE necesita un elemento que aglutine a los votantes radicales que le dieron la victoria en 2004 y que ahora se muestran escépticos ante el ambiguo proyecto que encabeza Rodríguez Zapatero. Irak ya no sirve como banderín de enganche y Mariano Rajoy extrema su prudencia en los últimos tiempos para evitar errores que permitan a su adversario plantear operaciones de propaganda. Así las cosas, en Ferraz han decidido resucitar el fantasma de una supuesta Iglesia integrista, preparada- -según ellos- -para impulsar un modelo retrógrado contra lo que Zapatero llama conquistas en materia de derechos y libertades. O, en palabras de un diputado socialista en el Congreso, con la fallida pretensión de ser ingenioso, los obispos quieren convertir el pecado en delito Lo que le faltaba a la izquierda arcaica y anacrónica que representa este Gobierno es poner en marcha viejos resabios anticlericales que nos hacen retroceder a la etapa más rancia del socialismo dogmático. Sin embargo, todo vale con tal de crear ambiente entre sus potenciales electores y, sobre todo, de mantener en la penumbra los gravísimos errores políticos cometidos en la negociación con ETA y en la ruptura del modelo territorial por vía estatutaria. También, por supuesto, hablar mal de algunos prelados y crear una confrontación artificial en el seno de la Conferencia Episcopal es una burda maniobra de distracción para dejar a un lado, al menos hasta el próximo 9 de marzo, la avalancha de malas noticias en el ámbito económico. Sin embargo, la operación podría producir un efecto bumerán A partir de datos oficiales del CIS, hoy publica ABC un análisis sociológico según el cual el PSOE podría perder más de medio millón de votantes entre los católicos, como consecuencia de su política laicista. Leyes como las del matrimonio homosexual o el divorcio exprés y hechos tan graves como la constatación de que se vulnera seriamente la legislación sobre el aborto pasan factura entre un sector del L electorado que quiere compaginar su condición de católicos con la preferencia política hacia la izquierda. Debe tenerse presente que, ya antes de la controversia artificial provocada por el encuentro en defensa de la familia cristiana, los votantes de Zapatero que acuden habitualmente a misa ofrecían una baja tasa de fidelidad Los cálculos hablan de una pérdida en este segmento de un voto entre cada cuatro. Hay, por cierto, otras cifras significativas: así, a mayor nivel de práctica religiosa, se produce entre los católicos una mayor participación en las elecciones, lo que demuestra que ese espíritu cívico que el Gobierno se empeña en exigir a efectos retóricos está más arraigado entre los católicos que entre quienes practican otras creencias o se declaran ajenos a la religión. Con datos de 2006, la gente piensa que las relaciones entre España y la Santa Sede han empeorado claramente, lo que refleja que los esfuerzos del Gobierno- -en especial, de la vicepresidenta Fernández de la Vega- -para ofrecer una imagen de armonía no consiguen calar en la opinión pública. Lo cierto es que el PSOE se está creando un problema, tal vez porque algunos se pasan de listos a la hora de analizar la mentalidad de una sociedad cuya madurez no permite diseñar estrategias al amparo de una distinción infantil entre buenos y malos Los ciudadanos no se creen la imagen tópica del progresista que hace frente a los reaccionarios mostrando su apoyo a un presidente moderno que defiende los derechos de todos contra unos supuestos energúmenos que sólo existen en su imaginación. Los cerebros de Ferraz tendrán que hacer horas extras para enfocar de otra manera una campaña electoral que puede escapar de su control, entre otras cosas por su escasa capacidad para encauzar el debate hacia los problemas reales de la sociedad. El anticlericalismo es la seña de identidad de una izquierda, desfasada, que oculta su escasez de ideas bajo la acusación de antidemocráticos para todos aquellos que opinan de manera diferente. Los católicos que votan habitualmente a los socialistas les van a dar muy probablemente un serio toque de atención en las urnas. NO DEBERÍA DARLE IGUAL N el marco de una amigable y fructífera cumbre bilateral hispano- francesa, Rodríguez Zapatero manifestó que le daba igual en qué momento, en qué tiempo o quién tomara la decisión de atentar contra el aeropuerto de Barajas La finalidad de esta afirmación debió de ser la de transmitir firmeza frente a ETA y zanjar polémicas pasadas. Nada habría que objetar a este propósito si no fuera porque Zapatero se expresó de manera inconveniente. Por un lado, porque sus palabras quieren reescribir la historia y, por otro, porque al presidente del Gobierno no le deben dar igual las circunstancias que fraguaron el atentado de la T- 4. Este fue un golpe criminal que acabó con la vida de dos ciudadanos ecuatorianos, que dejó a Zapatero en evidencia ante la opinión pública- -el día antes anunció que 2007 sería mejor que 2006 para el final de la violencia- -y que aniquiló el crédito que aún conservaba en ese momento la posición política del Gobierno en el proceso de negociación con ETA. La opinión pública española está tan comprometida con la derrota de ETA que los recientes éxitos policiales servirán para apaciguar la indignación que provocó el proceso de diálogo con los terroristas, iniciado en 2002 con Batasuna y rematado con contactos desde 2005 entre el Gobierno y ETA, hasta mayo de 2007. Lo que no debería E hacer Rodríguez Zapatero es reinventarse a sí mismo, porque con ello obliga a recordar que el jefe operativo de ETA, Garikoitz Azpiazu Txeroki ordenó atentar en Barajas cuando su Gobierno anunciaba que las Fuerzas de Seguridad del Estado habían verificado el cese de toda actividad terrorista y él mismo autorizaba públicamente los contactos con los terroristas, contactos que, para entonces, llevaban años produciéndose. El terreno donde Zapatero y su Gobierno tienen el apoyo del Partido Popular y de la sociedad española es el de la derrota de ETA, no el de la tergiversación de las propias responsabilidades. La colaboración con Francia- -asentada en sólidas bases construidas por gobiernos anteriores y reactivada un año después del atentado de la T- 4 del aeropuerto de Barajas- la puesta de asesinos a disposición judicial y la eficacia policial conforman el lenguaje que todos los españoles entienden. Sí importa, y mucho, saber que los jefes de ETA ordenaron sembrar el caos y la muerte en Madrid al mismo tiempo que el presidente del Gobierno daba el visto bueno a la negociación con los terroristas. Importa porque en democracia ningún político está exento de rendir cuentas y porque es preciso evitar la temeraria aventura de tratar a asesinos vocacionales como interlocutores políticos. I estamos en los mejores años económicos de la democracia- -como afirma el Gobierno- -se entiende mal que el sentimiento económico de los españoles que publica la Unión Europea se haya deteriorado hasta alcanzar los niveles de la crisis de 1994. La explicación quizás haya que buscarla, como describía el reportaje publicado ayer en ABC, en el deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios: España ha sido el único país de los treinta de la OCDE en el que han bajado los sueldos reales en lo que llevamos de siglo XXI, un dato que criticaban con acritud los socialistas cuando estaban en la oposición, pero que se ha intensificado desde que llegaron al poder. En la legislatura anterior, la renta per cápita española avanzó cinco puntos con respecto a la media de la UE- 25, hasta situarse en el 97,2 por ciento, mientras que en ésta sólo hemos convergido ocho décimas. No es que todos los trabajadores españoles ganen menos, sino que se han incorporado al mercado de trabajo millones de personas con escasa cualificación y sueldos bajos. Es la consecuencia de un modelo de crecimiento basado en la construcción y en servicios de bajo valor añadido que, lejos de haberse corregido, se ha intensificado estos cuatro años, hasta detenerse en seco tras el verano con la crisis inmobiliaria y crediticia. Por este motivo se ha deteriorado la productividad media y hemos perdido competitividad internacional, factores que indudablemente pasarán factura en las nuevas circunstancias. La calidad del empleo se ha entendido en un sentido pasivo y proteccionista, como un mecanismo para dificultar el necesario ajuste y flexibilidad en el mercado de trabajo, y no como una política activa de formación, cualificación permanente e incorporación de conocimiento y tecnología al trabajador. Los resultados internacionales de nuestro sistema educativo lo demuestran y limitan el salario medio del trabajador español en un mundo global. Si, además, los precios de bienes y servicios se descontrolan por la ausencia de una política de liberalización de los mercados y de defensa de la competencia y un consumo público expansivo, se dan todos los elementos para que cunda la inquietud entre trabajadores y consumidores. Han subido carburantes, energía, transporte, alimentos, tipos de interés y precio de la vivienda, artículos, todos ellos, difícilmente sustituibles en la cesta de la compra básica de una población europea moderna. Los hogares españoles dedicaban, por ejemplo, un 31,8 por ciento de su renta mensual a vivienda a finales de 2003. Hoy tienen que dedicar el 43,3 por ciento. Han subido también los impuestos, y no precisamente para los que más tienen, con lo que se deteriora aún más la renta familiar disponible. Tras las reformas fiscales de esta legislatura, el 26 por ciento de los contribuyentes paga más. No parecen datos para mostrarse optimistas sobre el futuro. Los españoles los conocen y se muestran preocupados, aunque el Gobierno siga empeñado en ignorarlos. S