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ABC SÁBADO 12 s 1 s 2008 La lucha antiterrorista s Cuenta atrás para ilegalizar a los partidos proetarras ESPAÑA 19 La Benemérita aporta datos financieros que vinculan a Batasuna, ANV y PCTV La documentación enviada a la Fiscalía del TS demostraría la existencia de un fondo común entre los partidos proetarras P. M. D. M. N. V. MADRID. La Guardia Civil envió ayer a la Fiscalía del Tribunal Supremo varias cajas que contienen documentación bancaria y de otro tipo sobre dirigentes abertzales y organizaciones proetarras que demostraría la relación financiera de la ilegalizada Batasuna con el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) a través de una especie de fondo común Aunque no se trata del informe definitivo con el que Fiscalía y Abogacía del Estado podrían instar a la ilegalización de ANV fuentes próximas a la investigación señalaron que lo remitido ayer por la Benemérita al fiscal- jefe de lo Contencioso- Administrativo del Supremo- -a petición del fiscal general del Estado, Cándido CondePumpido- -sería una especie de anexo de ese futuro informe; es decir, los documentos a los que en su momento se remitirá el escrito solicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo cierto es que, pese a haber en curso una investigación penal declarada secreta en la Audiencia Nacional, ni en la Fiscalía de este Tribunal ni en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se tenía constancia ayer de este envío de documentación, que también podría tener una indudable repercusión sobre la causa que tiene abierta el juez Baltasar Garzón. Este magistrado ya puso de manifiesto en su día la vinculación de dirigentes batasunos con los otros dos partidos en el auto de prisión de Marije Fullaondo (21 de diciembre de 2007) La cabecilla batasuna recibía un sueldo del PCTV e información de ANV No obstan. te, fuentes consultadas por ABC señalaron que en los próximos días se dará traslado al juez Baltasar Garzón de la misma documentación remitida a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Así las cosas, fuentes del Ministerio Público consultadas por ABC señalaron que una vez estudiados los datos relativos a dirigentes abertzales y recibido el informe definitivo de las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía decidirá si actúa o no contra ANV y el PCTV algo que tam, bién tendrá que analizar el Gobierno a través de la Abogacía del Estado. Sin embargo, el Ministerio de Justicia tampoco tenía constancia ayer de la remisión de esas cajas con documentación financiera, que también serviría para que el Ejecutivo sustente una hipotética demanda de ilegalización. Hay varias posibilidades para desactivar a los dos partidos proetarras, si bien indudablemente es la suspensión de actividades la que podría dejar sin efecto a ANV y PCTV con carácter inmediato con vistas a las elecciones del 9 de marzo. Esta suspensión de actividades puede llevarse a cabo en la jurisdicción penal (de la mano de Garzón, como ya hizo en su momento con Batasuna) o bien como medida cautelar dictada por la Sala del 61 del Supremo, que la podría llevar a cabo mientras se resuelve bien la demanda de ilegalización que interpongan, en su caso, Fiscalía y Abogacía del Estado, bien el incidente de ejecución de la sentencia de Batasuna, opción por la que se consideraría a Acción Nacionalista Vasca sucesora de la ilegalizada Batasuna. Esta segunda vía cuenta con la ventaja de una tramitación más rápida que la demanda de ilegalización. En el caso de Batasuna transcurrieron más de seis meses desde que se presentaron las demandas ante la Sala Especial del Supremo (septiembre de 2002) hasta que se dictó la sentencia que declaró ilegal esta formación (marzo de 2003) Opciones ante el TS La demanda de ilegalización se sustentaría en el artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos, que, entre otras cuestiones, señala que una formación será declarada ilegal cuando dé apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos o exculpando y minimizando su significado cuando incluya en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo, o cuando colabore habitualmente con entidades o grupos que actúen de acuerdo con una organización terrorista o que la amparen. El incidente de ejecución de la sentencia de Batasuna, previsto en el artículo 12.3 de esa misma ley, establece que corresponderá a la Sala sentenciadora declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto teniendo en cuenta para determinar esa conexión la similitud sustancial de ambos partidos políticos de las personas que las componen de los medios de financiación o de otras circunstancias relevantes, como el apoyo de la violencia. Justicia, a la espera