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48 MADRID VIERNES 11 s 1 s 2008 ABC El sumario del caso Guateque incide en una trama organizada e interconectada El juez Torres acusa de cohecho a los dos empresarios encarcelados el miércoles S. L. MADRID. El sumario del caso Guateque cuyo secreto fue levantado de forma parcial hace hoy una semana, incide en que los funcionarios implicados formaban un entramado perfectamente organizado, interconectado desde hace años. Los integrantes de esta tela de araña mantenían un modus operandi elemental, según los análisis de las decenas de documentos incautados durante los múltiples registros efectuados por la Guardia Civil. En su día, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ya apuntó a que la trama funcionaba como una organización estable en el tiempo cuyo fin era obtener dinero El sumario avala este planteamiento inicial, favorecido por la falta de controles efectivos a la hora de supervisar las actividades de los funcionarios afectados. La complejidad de un sumario de más de 4.100 folios y la lentitud con la que está llegando a las partes hace difícil una visión de conjunto, pero los datos que van apareciendo apuntan a un grupo que sabía cómo eludir los posibles controles. Las cantidades que exigían por agilizar las licencias variavan sustancialmente, pero solían oscilar entre los 12.000 y 20.000 euros. Mientras, la dificultad de la investigación ha obligado al juez Santiago Torres a paralizar varias causas internacionales que tenía pendientes. Entre otras, el caso Guateque ha paralizado la instrucción de la operación Babel, en la que se descubrió un fraude de 35 millones de euros de una trama organizada dedicada a la importación de vehículos de alta gama para venderlos a través de concesionarios, sin abonar el impuesto de matriculación y el IVA. El instructor de la causa está a la espera de que el TSJ de Madrid le asigne los cuatro funcionarios que solicitó a finales de noviembre ante el volumen de la causa. Entonces, también pidió ayuda directa al Ayuntamiento para canalizar las denuncias aportadas por particulares, mediante la creación de una oficina receptora. Santiago Torres tiene intención de extender la primera parte del caso hasta que se acumulen indicios suficientes contra los funcionarios imputados, así como las personas que actuaron como intermediarios entre el Consistorio y las empresas, informa Ep. Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil durante la investigación y las agendas de los imputados constituyen los principales indicios de los que dispone el juez para sustentar su acusación acerca de la existencia de la trama organizada por el cobro de comisiones ilegales para la consecución de licencias exprés para abrir locales. Hasta ahora, la investigación se ha centrado en los funcionarios que exigieron pagos y en los intermediarios. Una vez que se cierre esta parte, el juez pondrá su punto de mira en los empresarios, salvándose aquellos que hayan denunciado las extorsiones en un plazo que no supere los diez días desde la fecha de los hechos. Sobre esta excepción se refiere al artículo 427 del Código Penal, que establece que quedará exento de pena por delito de cohecho el particular que haya accedido ocasionalmente Conversaciones telefónicas Registro judicial en las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, el pasado 14 de noviembre La complejidad del caso ha llevado al juzgado a aparcar otras causas, como la operación Babel El magistrado se centra ahora en acumular las pruebas contra los funcionarios y sus intermediarios La segunda parte de la investigación profundizará en los empresarios que pagaron por favores a la solicitud de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad Acusados de cohecho Los empresarios que el miércoles se entregaron a la Guardia Civil tras permanecer en busca y captura por su relación con el caso Guateque pasaron ayer su primera noche en prisión. El juez Torres les imputa los delitos de cohecho y prevaricación por acceder a los pagos exigidos a cambio de que se acelerase el expediente para la concesión de una licencia de su local, informa Ep. Con Julián Rubén López y Eduardo Agostinos son ya diez el número de personas que Nadie de la Comunidad de Madrid tiene nada que ver También se refirió ayer a la Operación Guateque el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Lo hizo en respuesta a algunas informaciones extraídas del sumario según las cuales en una conversación telefónica interceptada, uno de los propietarios del pub La Botellita aseguraba que la madre de su novia es la mejor amiga de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que ésta- -Aguirre- ha movido los hilos para que pueda abrir sin licencia su sala de fiestas Aguirre, afirmó el portavoz del Ejecutivo autonómico, no tiene ninguna preocupación sobre la Operación Guateque ya que la presunta trama de corrupción funcionarial no es nada que tenga que ver con la Comunidad de Madrid Ninguno de los miembros de la Comunidad, como miembro de la Comunidad, tenemos nada que ver precisó. Defendió a Aguirre: Ni la presidenta de la Comunidad de Madrid conoce a estas personas ni sabe qué local es, donde está ni a qué se dedica y, por tanto, no tiene ninguna relación ni vinculación con nada que tenga que ver con eso agregó. Para el futuro, indicó: Imagino que sabremos a lo largo de las investigaciones si las actuaciones de esa trama funcionarial corrupta ha llegado hasta el día de la fecha o se quedó en hace cuatro o cinco años González pronosticó que acabaremos sabiendo realmente todo cumplen prisión preventiva por su implicación en la red corrupta. En el auto, el magistrado decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos empresarios, propietarios de Agustinos y Proyectos S. L. Tras conocer su situación, los imputados fueron trasladados al Centro Penitenciario Madrid V en Soto del Real. López y Agustinos se encontraban huidos de la justicia desde el pasado 27 de diciembre, fecha en la que se activó la segunda fase de la operación Guateque. El magistrado les interrogó a finales de noviembre. En su declaración, admitieron que habían pagado al supuesto cerebro de la trama, Victoriano Ceballos, jefe de la División de Impacto Medioambiental, a fin de que agilizara las licencias de sus locales. Pese a sus confesiones, el juez Torres les dejó en libertad, pero con la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días. El pasado 15 de diciembre, los imputados no se presentaron.