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ABC JUEVES 10 s 1 s 2008 La verdad del 11- M ESPAÑA 25 El presidente del CGPJ destituirá a Beni por pérdida de confianza Revelar conversaciones privadas y criticar a jueces, fiscales y prensa le cuesta el puesto S. SANZ MADRID. La Comisión de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instó ayer al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Francisco José Hernando, a que ejecute la destitución formal de la periodista Elisa Beni al haber perdido la confianza en ella como jefa de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras la publicación del polémico libro La soledad del juzgador. Gómez Bermúdez y el 11- M Aunque la decisión de proponer la destitución de Beni acordada ayer por cuatro votos a favor (Enrique López, José Luis Requero y Adolfo Prego, conservadores, y Montserrat Comas, progresista) y una abstención (Juan Carlos Campo, progresista) no es vinculante para Hernando, todo apunta a que el presidente del CGPJ podría ordenar hoy mismo el relevo de la funcionaria, pues fue él mismo quien delegó en esta comisión la elección y nombramiento de los jefes de prensa en los distintos órganos judiciales. Además, se da la circunstancia, según explicó ayer el portavoz Enrique López, de que Hernando siempre se ha vinculado voluntariamente a las decisiones de la comisión. Al término de la reunión, López subrayó que no consideran incompatible ni ilícito que un director de Comunicación de cualquier tribunal de Justicia pueda publicar un libro. En este sentido, los vocales se mostraron favorables a la defensa que Beni hacía de este extremo en su escrito de alegaciones. En él precisaba que la publicación era una actividad lícita- -escribir un libro- sin repercusiones negativas que se hayan acreditado sobre el desempeño de mi trabajo Sin embargo, fuentes del Consejo consultadas ayer por ABC concretaron que la pérdida de la confianza en la periodista se debe, en primer lugar, al hecho de que revelara en la obra conversaciones privadas entre jueces y fiscales para los que trabaja contratada por el CGPJ. Algunas de ellas mante- El TC afirma que denegar la última palabra no siempre vulnera el derecho de defensa N. V. MADRID. El Tribunal Constitucional considera que el hecho de que se niegue a los acusados el derecho a la última palabra como paso previo a que el juicio quede visto para sentencia no implica siempre una vulneración del derecho de defensa. Así lo asegura el Pleno del TC en una sentencia en la que matiza la doctrina constitucional por la que se consideraba vulnerado el derecho de defensa cuando se había denegado la última palabra al acusado en una vista oral. Los magistrados no conceden así el amparo solicitado por dos policías locales condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona en marzo de 2004 al pago de una multa por una falta de lesiones a un menor. Los agentes habían alegado vulneración del derecho de defensa porque en el juicio de faltas en el que resultaron condenados no se les preguntó si tenían algo que manifestar. Si se parte de la base ya referida de que el sentido constitucional del derecho a la última palabra, como manifestación del derecho de autodefensa, radica en que el acusado, una vez que ha tenido pleno conocimiento de toda la actividad probatoria realizada y de los argumentos vertidos en los alegatos de las acusaciones y de su propia defensa, pueda contradecir o someter a contraste el desarrollo de la vista, añadiendo todo aquello que estime pertinente para su mejor defensa, sólo cabrá considerar que se le ha generado una indefensión material con relevancia constitucional cuando no se pueda descartar que el trámite omitido hubiera sido decisivo en términos de defensa, en el sentido de que hubiera podido determinar un fallo diferente dice el TC. Es decir, denegar el derecho a la última palabra sólo producirá indefensión si las manifestaciones del procesado pueden modificar el criterio que se ha ido formando el tribunal durante el juicio oral. Esta sentencia tendrá una indudable repercusión en el caso de etarras a los que se ha denegado la última palabra por alteración del orden en la Sala y luego recurren alegando indefensión. Uno de los pasajes más controvertidos Durante la mayor parte del tiempo, la instrucción del 11- M fue avanzando protegida por el secreto de sumario y el hermetismo del juez Del Olmo. Un muro que puede ser que favoreciera la investigación pero que, en mi opinión, también propició las dudas, agujeros, misterios y teorías que han acompañado al caso Del Olmo, por una parte, sostenía que todo estaba ya claro, investigado y que le quedaban flecos y, sin embargo, no procesaba (Páginas 65 a 69) Elisa Beni, en la presentación de su polémico libro los atentados de Madrid también fue puesta en entredicho por parte de la autora. Los reproches a los medios de comunicación, contradictorios por completo con su labor de comunicadora según las mismas fuentes, figuran como el tercer aspecto reprobado, sobre todo si se tiene en cuenta que el CGPJ está promoviendo políticas a favor de ÁNGEL DE ANTONIO nidas por su marido, el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, y miembros de la Fiscalía como Olga Sánchez. Tampoco sentó bien que la funcionaria lanzara críticas contra los miembros de la Magistratura Baltasar Garzón, Ricardo de Prada o Juan del Olmo, cuya actuación como instructor del macroproceso de la labor que ejercen dichos medios. En uno de ellos, comete la imprudencia de atribuir equivocadamente a la Fiscalía ser una de las fuentes de una información de ABC. Entretanto, el martes el TS reunirá para resolver el cuarto recurso contra el nombramiento de Gómez Bermúdez al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Compatibilidad de funciones Ayuda a las Víctimas del 11- M sólo recurre ante el TS las indemnizaciones N. V. MADRID. La Asociación Ayuda a las Víctimas del 11- M, una de las acusaciones que durante el juicio de los atentados de Madrid defendió la participación de una cuarta trama en la matanza, ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo sólo algunas de las indemnizaciones concedidas a familiares de fallecidos o heridos y aquéllos casos de víctimas que la Sección Segunda no ha reconocido como tales. De esta forma, esta asociación no ha recurrido en casación ninguna de las absoluciones ni condenas dictadas por los magistrados de la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, aunque fuentes de este colectivo, a la sazón única acusación personada en el caso del ácido bórico -la causa abierta contra varios mandos policiales por falsedad documental a raíz de un presunto informe que vinculaba a ETA con el 11- M- reconocen que no están conformes con algunas de las absoluciones del Tribunal, como la que se refiere a Antonio Toro. Consideran que su participación en los preparativos de los atentados fue tan fundamental como la de su cuñado José Emilio Suárez Trashorras, condenado como cooperador necesario. Fuentes de Ayuda a las Víctimas justificaron su decisión de no recurrir absoluciones como las de los hermanos Toro en que las mismas afectan a la valoración de la prueba que ha hecho el Tribunal, lo que resulta difícilmente planteable ante el Supremo. Además, subrayan, se corre el riesgo de que un pronunciamiento favorable a dichas absoluciones obligue a la asociación a asumir las costas procesales. Tampoco está conforme esta asociación con los explosivos que, según la Sala, se utilizaron en la matanza, ni con que la Renault Kangoo fuera el medio de transporte de los terroristas desde Morata de Tajuña hasta Alcalá de Henares. Sin embargo, no recurrirán estos extremos. La AVT, por su parte, ha decidido no recurrir la sentencia. Sólo si es relevante ABC. es Sentencia del TC sobre el derecho a la última palabra en www. abc. es españa