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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 9 s 1 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO FUERA DE CONTROL VIOLENCIA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera EL NEGOCIO DEL ABORTO ESDE ayer, diversos centros dedicados a la práctica del aborto han iniciado una farsa victimista consistente en cesar su actividad durante cuatro días como protesta por las presiones que están recibiendo desde que se destaparon las tramas de abortos ilegales en Barcelona y Madrid. Los responsables de los centros que secundan esta peculiar huelga reclaman, además, seguridad jurídica para médicos y mujeres. Tales planteamientos constituyen un intento crispado de desviar la atención sobre las graves violaciones de la ley reguladora del aborto, de las que ABC ha venido informando en los últimos meses. Quienes cumplan las condiciones legales para practicar alguno de los abortos despenalizados nada deben temer de las inspecciones administrativas y de las investigaciones judiciales que se están realizando. Por eso es un contrasentido pedir seguridad jurídica y, al mismo tiempo, protestar por el hecho de que se esté aplicando la ley. Tal contradicción es un síntoma de la realidad que se pretende ocultar con la huelga de los centros abortistas: si la ley se aplicara estrictamente, el número de abortos disminuiría drásticamente y, por tanto, la industria abortista vería reducidos sus beneficios. Para reclamar seguridad jurídica no hace falta parar la actividad de centros que, supuestamente, respetan la ley. Cosa distinta es que los promotores de esta iniciativa tan tramposa consideren que eso que llaman seguridad jurídica es pura y simple impunidad para practicar abortos ilegales. Lo que sucede es que ha caído el velo que tapaba la verdadera cara del aborto ilegal en nuestro país, convertido en la meca de las rutas abortistas porque la percepción que se tiene fuera es que en España no se cumple la ley. Es una incógnita- -fácilmente despejable- -el por qué estos centros, en vez de apoyar la depuración de responsabilidades por la actividad de falsos médicos, por abortos ilegales y por locales sin autorización, se consi- D deran agredidos o perseguidos por las autoridades que se limitan a respetar el ordenamiento jurídico. Con una cifra superior a cien mil abortos anuales es comprensible que el negocio abortista en España rechace cualquier investigación judicial que desemboque en la aplicación del Código Penal, texto legal que sigue tipificando el aborto como un delito contra la vida. Falta saber cuántos de esos miles de abortos realmente estaban justificados con la ley de 1985. El temor de estas clínicas abortistas no es debido, por tanto, a la arbitrariedad judicial ni a una presión persecutoria de las administraciones públicas. Su temor recae en la posibilidad de que la opinión pública empiece a ser más exigente con el aborto y a demandar un mayor rigor en la aplicación de la ley. Los centros en paro no temen esas presiones judiciales y públicas- -meras actuaciones amparadas por la ley- sino la denuncia social contra el fraude de ley, la crueldad de los métodos abortistas y la revelación del verdadero negocio creado en torno a la interrupción voluntaria del embarazo El cheque en blanco al aborto ilegal en este país se ha acabado. Si, por el contrario, los centros abortistas quieren denunciar amenazas o coacciones por personas o grupos exaltados, no tienen más que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que tales hechos sean perseguidos como meros delitos que son. Pero lo que resulta una burda manipulación es que, después de haberse hallado fetos viables descuartizados en la basura, eliminados con técnicas horripilantes, y de haberse acreditado casos en los que la mujer era engañada, demanden seguridad jurídica no para las verdaderas víctimas del aborto, sino para quienes lo practican. Hay que insistir en que si estos lo hacen conforme a la ley, no tendrían de qué preocuparse. Otra cosa es que la perspectiva del negocio haga conveniente ponerse la venda antes que la herida. OPORTUNISMO DEL PSOE CON ANV L final inminente de la legislatura exige celeridad en los mecanismos jurídicos para impedir la inaceptable concurrencia a las urnas de ANV un falso par, tido que actúa en nombre y representación de la banda terrorista ETA. Por una u otra vía, el Gobierno lleva algún tiempo lanzando mensajes sobre su voluntad política de instar la ilegalización, pero cuando están a punto de convocarse las elecciones, las cosas siguen como estaban. Aunque hay otras fórmulas procesales para poner en marcha el procedimiento, los principios democráticos y el antecedente de Batasuna justificaban que fuera el Congreso de los Diputados el que tomara la iniciativa. De ahí que el PSOE haya incurrido en una grave responsabilidad ante la opinión pública al rechazar la convocatoria de un pleno de la Cámara, solicitado por el PP, rompiendo así la última esperanza de volver a una política de consenso en la lucha antiterrorista. El Ejecutivo contempla la situación a partir de un cálculo estricto de sus intereses partidistas, ponderando ventajas e inconvenientes electorales: por una parte, trataría de consumar el giro españolista emprendido desde la ruptura formal del mal llamado proceso de paz por otra, que por ahora prevalece, se trata de no irritar a alguno de sus socios actuales con la intención de dejar todas las puertas abiertas de cara a los pactos postelectorales. El tiempo pasa sin que Zapatero despeje la incógnita, y después de la maniobra parlamenta- E ria de ayer todo depende de cómo evolucione la investigación del juez Garzón, así como de la actitud del Ministerio Fiscal ante los informes de las Fuerzas de Seguridad. Ciertamente, los antecedentes no invitan al optimismo. Rajoy ha sabido anticiparse a la intención del PSOE para rentabilizar electoralmente una cuestión que los socialistas, con el apoyo de IU y los nacionalistas, han rechazado ya cuatro veces. No obstante, el Gobierno y su grupo parlamentario han actuado con el oportunismo que vienen practicando desde el primer día. Por razones tácticas, Zapatero todavía no tiene clara una conclusión que tendría que haber alcanzado mucho antes con argumentos puramente éticos y políticos. ETA no puede ni debe estar presente en las elecciones, porque las instituciones democráticas están reservadas para la gente honorable y no para los asesinos y sus portavoces. Ninguna finalidad partidista debe primar sobre la superioridad moral del Estado de Derecho. La participación en los comicios y la eventual presencia de ANV en el Congreso de los Diputados es contraria al ordenamiento jurídico propio de un Estado democrático. La Ley de Partidos, avalada por la jurisprudencia constitucional, ofrece cauces suficientes para evitar esta consecuencia inaceptable siempre y cuando el Ejecutivo anteponga el interés general a sus conveniencias coyunturales, que le inducen a seguir guardando algunas bazas negociadoras. N su primera semana, 2008 ya se ha cobrado tres mujeres muertas, dato sobrecogedor que mueve al pesimismo sobre la evolución de la violencia machista. El pasado año terminó con 74 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas. La estadística es terrible, porque en 2005, cuando entraron en vigor las medidas penales de la ley integral contra la violencia de género, fallecieron 52 mujeres. Incluso cuando aún no existía una legislación específica, las cifras eran menores, como en 2001, año en el que murieron 21 mujeres. Los poderes públicos están obligados a replantearse, si es que es posible, la trágica realidad de que ahora mueren más mujeres que nunca, pese a contar con mayor protección legal que nunca. Es evidente que la violencia contra la mujer no ofrece apenas margen a la disuasión del agresor, quien, salvo en el maltrato reiterado, se mueve por impulsos homicidas súbitos que hacen inútil la más eficaz de las leyes. Sólo doce de las mujeres muertas en 2007 tenían concedida órdenes de protección. Por otro lado, no se puede decir que las mujeres ya no denuncian las agresiones, pero aún hay muchos casos en que la víctima sigue silenciada. También es frecuente que retire la denuncia por temor a las consecuencias o por una errónea compasión hacia el agresor. La legislación penal castiga de forma especial al hombre agresor, hay juzgados especiales para violencia machista, los cuerpos policiales tienen como prioridad combatir esta delincuencia y las administraciones públicas destinan cuantiosos fondos a campañas de información y servicios asistenciales a las mujeres agredidas y a sus hijos. Aun así, no es suficiente y las razones del fracaso son muy diversas, pero hay que constatar que las expectativas propagandísticas que por puro electoralismo se atribuyeron a la ley de 2005 han fallado por completo. A la brutal cifra de mujeres muertas en 2007 hay que sumar otro dato preocupante. El cuarenta por ciento de ellas tenía nacionalidad extranjera. Este porcentaje- -que ya venía incrementándose en los años anteriores- -obliga necesariamente a unir la lucha contra la violencia de género con las políticas de integración de los inmigrantes. La labor de información a las mujeres inmigrantes es esencial para que sepan cuáles son los recursos legales que tienen a su disposición para protegerse. Estas mujeres viven en situaciones familiares muy adversas, lo que aumenta el riesgo de violencia doméstica. Si además carecen de una mínima formación, proceden de ambientes culturales en los que la mujer está postergada frente al hombre y carecen de documentación legal para residir en España, su indefensión es especialmente grave. Por desgracia, esta legislatura no ha mejorado la situación de las mujeres frente a la violencia machista y así lo reconoce con enormes resignación e impotencia el Observatorio de Violencia Doméstica. El discurso triunfalista del presidente del Gobierno se quiebra ante la cifra de 74 mujeres muertas. Esta tragedia no admite maquillajes, ni juegos de palabras. La culpa sólo es de los agresores, sin duda, pero el Gobierno creó unas esperanzas que no ha podido o sabido realizar. Y esto sí es una clara responsabilidad política que nadie en el Ejecutivo ha asumido, en ningún nivel. E