Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC MIÉRCOLES 9 s 1 s 2008 OPINIÓN 3 LA TERCERA ¿SON COMPATIBLES EL DIÁLOGO CON ETA Y SU DERROTA? La derrota de la banda exige la desaparición de los asesinatos, pero también la erradicación de su influencia política y social, metas sólo posibles mediante una estrategia de Estado que confronte la diversidad de expresiones que el terrorismo adopta. Ante la privación de derechos y libertades que el terrorismo comporta, es preciso acometer una pedagogía que incida en la ruptura del mito sobre la imbatibilidad de ETA excluyendo el diálogo con ella... AS divergencias sobre el significado de la derrota de ETA siguen estimulando distintos enfoques, asumiendo todavía algunos sectores que el diálogo con la banda será imprescindible. Sin embargo, nuestra prolongada experiencia antiterrorista obliga a concluir que el denominado final dialogado de la violencia no representa un eficaz instrumento para obtener la deseada y posible derrota del terrorismo etarra. Conviene explicarlo ya que el diálogo con ETA se mantiene como una posibilidad futura pese a los negativos costes de sucesivos contactos. Es preciso hacerlo además porque algunos de quienes expresan su voluntad de derrotar a ETA parecen ignorar que ese fin resulta incompatible con el diálogo con la banda por muy sólidas razones. Ciertos partidarios del diálogo lo restringen a unas condiciones y contenidos determinados: que ETA manifieste una voluntad de renunciar definitivamente al terrorismo para lograr la excarcelación de sus presos. Aceptar tan errónea premisa induce a repetir los errores de la actual legislatura en la que el fundamental consenso entre PSOE y PP en torno al Pacto por las Libertades fue reemplazado por el diálogo con ETA. La resolución parlamentaria utilizada por el gobierno como pretexto establecía unos límites que jamás se respetaron, al negociarse con ETA en ausencia de la exigida voluntad de abandono del terrorismo. Asimismo, los contenidos del diálogo en ningún momento quedaron restringidos al tema de los presos, asumiéndose una negociación política que perseguía significativas modificaciones del marco jurídico político con la esperanza de que ello disuadiera a ETA de continuar con su campaña. n consecuencia debe cuestionarse la fiabilidad de un nuevo intento de final dialogado supuestamente restringido a una particular coyuntura y temática. Asimismo, aun en tan delimitado marco el ofrecimiento de dialogar con ETA constituye una clara injusticia política llamada a incentivar la perpetuación de la intimidación terrorista como resultado de los frutos obtenidos por la misma. Al eludir las vías de salida del terrorismo que el sistema democrático ya ofrece mediante la normal aplicación del Código Penal, el diálogo con terroristas recompensa una criminalidad política que precisamente debido a su componente político requiere una especial firmeza por parte del Estado en su negativa a premiar a criminales políticos. La interlocución con el terrorista menoscaba a aquellos actores democráticos que respetan los cauces constitucionales y que se oponen al empleo de la coacción para obtener réditos políticos, debilitando además los mecanismos de finalización del terrorismo ya existentes. Nuestra experiencia antiterrorista confirma cómo la renuncia al terrorismo de destacados eta- L rras ha sido posible precisamente al denegar el Estado cualquier esperanza de beneficios políticos, entre ellos el diálogo, como resultado de la violencia. Por ello, el ventajismo político que el terrorismo extrae al forzar al Estado a replantear su respuesta tras una consolidada democratización, alimenta en el terrorista una positiva racionalización sobre la eficacia de su amenaza. En este sentido, un documento de ETA fechado en los años ochenta ilustraba los contraproducentes efectos para el Estado que la negociación acarrea, revelando una lógica también aplicable hoy: El marco institucional teóricamente apto para abordar el problema (Parlamento vascongado) ha sido invalidado por nuestra lucha y hemos forzado un reconocimiento del peso real que el MLNV ha adquirido, teniendo que formar esta mesa en nuestro terreno extraparlamentario F E iel a ese razonamiento la permanente oferta de diálogo deja de representar un factor de disuasión para abandonar el terrorismo, al saber el terrorista que su promesa de interrupción será siempre recompensada, eliminando por tanto los costes que debe conllevar el uso de la violencia. ETA interpreta que la impunidad para sus presos es una concesión innegociable, progresando el diálogo ofertado a una negociación política intrínsecamente negativa para el Estado. Así sucede al verse éste seducido por expectativas de disolución convenientemente manipuladas por los terroristas. Éstos se ven alentados a sustituir el prometido diálogo sobre paz por presos por la negociación de objetivos más ambiciosos al confirmarse la disposición estatal a relegar la aplicación de procedimientos ordinarios del sistema penal inalterables para otros criminales. Por ello el ofrecimiento de diálogo debilita una política antiterrorista cuya eficacia reclama firmes políticas integrales contra todos los frentes de acción de la organización terrorista. Es el propagandístico uno de estos frentes en el que la banda ha obtenido un considerable éxito como el que supone que significativos sectores políticos y sociales asuman la necesidad de dialogar con ETA. La pedagogía terrorista ha calado en algunos políticos y ciudadanos que aceptan como insuficiente la vía policial y judicial reclamando el diálogo con la banda a pesar de su incompatibilidad. Sobresaliente es la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad al contener la violencia terrorista. Sin embargo, la política antiterrorista no debe limitarse a ese frente policial sobre el que descansan los éxitos judiciales. Es precisamente una exitosa acción propagandística etarra la que ha conseguido que decisiones judiciales fuesen sometidas a criterios políticos en función de los cuales las acciones delictivas de Batasuna quedaron inmunes ante una falsa voluntad de buscar la paz de sus dirigentes. Se asumía así la retórica de la propaganda terrorista, condicionando esa errónea politización de la Justicia decisivas medidas contra ETA. Conviene incidir en la perjudicial dinámica que la propaganda terrorista genera, pues ha logrado persuadir a destacados actores, y puede volver a hacerlo, de la necesidad de poner en suspenso instrumentos antiterroristas que para su plena eficacia reclaman una consistencia inalterable. Insuficiente resulta la contundencia policial si el sacrificado trabajo de los profesionales de la seguridad queda constreñido al supeditarlo a alteraciones políticas contradictorias con la estrategia que debe guiar su labor, esto es, la derrota de ETA. Dicha derrota debe excluir cualquier legitimación de la violencia como la que supone el reconocimiento del terrorista como interlocutor político cuya criminalidad deja de ser penalizada precisamente como consecuencia de su motivación política. Es justamente la persecución de esos fines políticos la que obliga al Estado a negar al terrorista cualquier gratificación como la derivada de un diálogo que en absoluto se propugna para otros actores violentos en nuestra sociedad ante la injusticia que ello supondría. Mediante unos medios, el asesinato y la amenaza, el terrorista ambiciona la consecución de unos objetivos políticos cuales son la deslegitimación y transformación del sistema democrático. La neutralización de dichas aspiraciones obliga a una constante legitimación de las instituciones incompatible con una injusticia política como la que implica el diálogo con terroristas. n esas condiciones la derrota de ETA requiere una correcta definición de su verdadero significado, así como una acción comunicativa por parte del Estado que contrarreste la propaganda terrorista que ha extendido la infundada creencia de que únicamente el diálogo garantizará el final del terrorismo. La derrota de la banda exige la desaparición de los asesinatos, pero también la erradicación de su influencia política y social, metas sólo posibles mediante una estrategia de Estado que confronte la diversidad de expresiones que el terrorismo adopta. Ante la privación de derechos y libertades que el terrorismo comporta, es preciso acometer una pedagogía que incida en la ruptura del mito sobre la imbatibilidad de ETA excluyendo el diálogo con ella. Tal y como llegó a aceptar la propia ETA tras la firma del Pacto por las Libertades, esta derrota requiere precisamente la categórica exclusión del diálogo como parte de una política antiterrorista integral que sólo puede ser creíble negando el inevitable precio político que supone aceptar la excepcionalidad de dialogar con la banda terrorista. E ROGELIO ALONSO Profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos