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ABC VIERNES 4 s 1 s 2008 ESPAÑA 23 Dos pescadores de Bueu mueren al naufragar su barca a causa del fuerte temporal ÉRIKA MONTAÑÉS PONTEVEDRA. Francisco Villanueva, de 59 años, y Gonzalo Verde, de 40, residentes en el municipio pontevedrés de Bueu salieron el jueves a la pesca del centollo a bordo de una pequeña lancha que no resistió el fuerte temporal, con olas de cinco metros. Sus cadáveres fueron localizados ayer en dos playas pontevedresas. Las familias de los dos pescadores, pertenecientes a la Cofradía de Bueu, no habían denunciado todavía su desaparición, aunque sí habían dado la señal de alarma de que no regresaron pasada la medianoche. Durante la mañana de ayer se activó el dispositivo de búsqueda. Según fuentes de Sasemar, pasadas las 15.30 horas, se avistaron los dos cuerpos ahogados, uno de ellos prácticamente en la arena de una playa sita en la localidad de Marín, y el otro presentó más dificultades para su rescate, al hallarse flotando entre unas rocas próximas, por lo que tuvieron que intervenir miembros de Protección Civil. EFE La nieve azota el norte y provoca retenciones de tráfico El temporal de viento y nieve que ayer azotó España provocó importantes retenciones de tráfico en numerosas carreteras del norte y obligó al uso de cadenas en tres puertos de montaña de la provincia de Huesca. Además, la presencia de la niebla ralentizó el tráfico en otras tantas vías. En la imagen, la Guardia Civil prohibe el tráfico en dirección norte a partir de Panticosa, en la provincia de Huesca. España recurrirá la sentencia de Nueva York sobre el Prestige Los Tribunales estadounidenses aseguran que no son competentes para determinar si hubo negligencia de la empresa ABS, clasificadora del buque siniestrado P. M. MADRID. El Gobierno no está dispuesto a tirar la toalla en los pleitos que tiene abiertos para tratar de cobrar la factura del Prestige y por ello va a recurrir la decisión de un juzgado de Nueva York que ha sobreseido la demanda contra la clasificadora del buque, ABS, al considerar que no es competente para entrar en este asunto. Tanto en este pleito como en el que está abierto en Corcubión el Estado se juega poder cobrar los mil millones de euros que costó la peor tragedia ecológica de la historia de España. El Ministerio de Justicia hizo público ayer un comunicado en el que explica cómo está la situación tras este varapalo judicial en Estados Unidos. Así, señala que con fecha 2 de enero, el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York ante el que se tramita la reclamación de responsabilidad planteada por la Administración española en mayo del año 2003 contra la empresa norteamericana American Bureau of Shipping (ABS) responsable de la clasificación técnica del buque Prestige ha dictado una resolución por la que se inhibe del conocimiento del asunto al entender que los tribunales de EE. UU. no son competentes para conocer de esta reclamación. La juez hace suya en su resolución una de las mociones previas formuladas por ABS, sin entrar a conocer del fondo del asunto, y se basa en una interpretación del denominado Convenio CLC (Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por Hidrocarburos, de 1969, modificado por Protocolo de 27 de noviembre de 1992) que, respecto de los daños causados por estos siniestros, obliga a plantear las reclamaciones que se susciten ante los Tribunales del Estado en el que se hayan sufrido los daños. El Convenio CLC- -señala Justicia- -enumera en su artículo III (4) las personas o sujetos intervinientes en el tráfico marítimo a las que resulta de aplicación el Convenio, y respecto de las que, por tanto, rige la obligación de demandar en el Estado que haya sufrido el daño. Entre dichas personas no figuran las sociedades clasificadoras, esto es, las empresas ajenas al propietario, fletador y naviero dedicadas de forma independiente a certificar las adecuadas condiciones de navegabilidad del buque, como es el caso de ABS El fundamento de la resolución está en que, conforme a la interpretación del Juzgado, las clasificadoras quedan comprendidas en la expresión utilizada por el artículo III (4) del Convenio, a la hora de prohibir demandas fuera del territorio del Estado dañado. Desde el comienzo del proceso España y ABS sostuvieron posturas contrarias en torno a la interpretación de este precepto, acogiendo la jueza la tesis de ABS. La resolución no es firme- -destaca el Gobierno- y contra ella caben recursos tanto de reconsideración (ante la propia juez) como de apelación. Obviamente, insiste Justicia, España interpondrá los recursos procedentes. Fallecen en Barcelona dos trabajadores que manipulaban productos tóxicos EFE BARCELONA. Los cadáveres de los dos operarios que murieron ayer al entrar en contacto con tricloroetileno en Sant Fruitós de Bages (Barcelona) han sido encontrados por un grupo de ocho personas que trabajan en una empresa contigua. Estos empleados se encuentran fuera de peligro, pero han tenido que ser descontaminados con duchas de agua. La Dirección General de Salvamentos recibió el aviso a las 21.08 horas y desplazó a siete dotaciones de bomberos. El accidente laboral ha tenido lugar en la empresa Bages Polits, dedicada al tratamiento y recubrimiento de metales, mientras los trabajadores traspasaban tricloroetileno- -un producto tóxico por inhalación, ingestión y contacto- -de un depósito a otro. La situación se encuentra controlada, ya que los bomberos procedieron anoche a acordonar y ventilar la zona del accidente laboral. Fallos estructurales La juez estadounidense reconoce que el hundimiento se debió a un fallo estructural y no a factores externos El ministerio destaca además que en el relato de hechos que la propia resolución considera probados se contiene la afirmación de que tras su partida (del puerto de Ventspils, en Letonia) totalmente cargado, el Prestige sufrió fallos estructurales que dieron lugar al vertido de grandes cantidades de fuel en las proximidades de la costa española. Es decir, en el relato de hechos se acoge como probada la tesis de la Administración española de que el hundimiento del Prestige se debió, no a las maniobras de salvamento ni a circunstancias externas imprevisibles, sino a un fallo estructural que no había sido reflejado en las inspecciones del buque y que implica una llamada explícita a la responsabilidad de los titulares del buque y de la compañía que lo inspeccionaba y certificaba su navegabilidad dice el ministerio.