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18 ESPAÑA Tribuna Abierta VIERNES 4 s 1 s 2008 ABC Josep Antoni Duran Lleida TÓPICOS QUE DESTRUYEN LA CONVIVENCIA E vez en cuandolas revistas de divulgación acostumbran a publicar artículos a propósito delos diez grandes tópicos de la medicina o los grandes mitos de las dietas de adelgazamiento. En tales escritos, o en otros análogos, constatamos que muchas de las afirmaciones consideradas ciertas no se sostienen sobre base empírica alguna e, incluso, suelen ser falsas. Algoparecidoacontececonalgunas supuestas certezasdeldiscurso político, especialmente en relación a los nacionalismos periféricos vistos desde la perspectiva del centro geográfico peninsular. Uno de estos mitos recurrentes, por ejemplo, sostiene quelos partidos nacionalistas resultan antidemocráticos porque condicionan la voluntad detodos los españoles. Otros mitos infundados proclaman como dogma la injusticia de unos votos- -los nacionalistas- -que pesan más que otros, e incluso se afirma también, con igual base, que la actual organización territorial del Estado crea ciudadanos de primera y de segunda categoría. opreocupantede tales aseveraciones radica no sólo en la grieta que generan en el conjunto de la sociedad española, sino también en que últimamente sirven como argumento paraproponer la reforma de la Constitución de 1978. Así lo propugnaba días atrás, por ejemplo, el eminente jurista y ex presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel Jiménez de Parga, en estas mismas páginas. Ante tesis de tal calibre siempre deberíamos preguntarnos si resisten su contraste empírico. La legislación electoral ha sido más o menos la misma desde 1978, pero en ningún momento los partidos periféricos han comportado apartar del Gobierno central la formación política más votada. Incluso en aquellos supuestos en que el partido vencedor carecía de mayoría absoluta, caso de la V y VI legislaturas, o de la VIII, ahora concluida, las formaciones nacionalistas jamás han intentado conformar mayorías alternativas. Como máximo, habrán discutido las condiciones para pactar o no el soporte a la investidura, pero ése es un derecho inherente a cualquier formación política, sea de ámbito periférico o central ejerza ono ejerza debisagra. Hastala fecha, por tanto, ningún partidopolíticoperiféricoha alterado la voluntad política del conjunto de los españoles. Podría contrargumentarse Nosotros, y no otros, hemos trabajado más que nadie para evitar la fractura y la división de la sociedad española. Tenemos derecho a reclamar, por tanto, que no se formulen opiniones desde mitos erróneos, y menos aún que de los mismos se pretendan extraer conclusiones irremediablemente graves para la convivencia y el interés del conjunto de nuestra sociedad D CARLOS KILLIAN L que los sucesivos acuerdos entre los partidos llamados al Gobiernocentraly lospartidos nacionalistas han motivado ciertos cambios en las políticas pretendidas por el PP o por el PSOE. Y ello, pese a ser cierto, tampoco ha comportado ningún daño, ni al interés general ni a las decisiones políticas sucesivamente adoptadas. Incluso en materia de financiación- -el eje de todos los males para algunos opinadores- -los acuerdos alcanzados en su día con el PSOE y luego con el PP no sólo fueron inmediatamente extendidos a todas las restantes comunidades autónomas derégimen común gobernadas por partidos de obediencia central, sino que ningún Gobierno posterior, incluso con mayoría absoluta, hizo nada para revocarlos. En este sentido, la representación políticadelos votantescatalanesmaterializada en Convergencia i Unió ha servido como elemento dinamizador del legítimo y constitucional sistema autonómico y, a la vez, ha actuado siempre con una inequívoca y clara voluntad de servicio al interés general y en pro de la gobernabilidad. Incluso a la vista de nuestra ya extensa reciente historia parlamentaria, creo que ninguna formación estatal o nacionalista ha contribuido tanto al consenso, al entendimientoy ala gobernabilidad comoloha hechoConvergencia i Unió. Y eso no es un tópico, ni un mito, sino un dato que se desprende de los hechos reales acontecidos. a raíz de la errónea afirmación según la cual los nacionalismos (periféricos) adulteran la voluntad del conjunto de los españoles estriba en considerar que las pretensiones políticas que se manifiestan desde Cataluña u otros territorios no resultan legítimas ni dignas de atención. No obstante, el nacionalismo catalán tiene todo el derecho del mundo a pretender intervenir en las decisiones que adopte el Gobierno de España, porque es obvio que entre todos integramos un estado plural y democrático. Pretender que los partidos catalanes no pueden ejercer su legítima representación en las instituciones centrales resultaría tan absurdo como considerar, a la inversa, que los partidos de obediencia estatal no pueden participar en las instituciones y parlamentos autonómicos de las distintas nacionalidades. Unos y otros conformamos la voluntad política que se manifiesta en las leyes, y ello no supone ningún perjuicio para el interés general. Muy al contrario, ejemplifica la grandeza de la democracia. Sorprende, asimismo, la afirmación según la cual los votos de ciertos territorios pesan más que otros, puesto que los datos empíricos indican que el coste en votos de un diputado por cualquiera de las circunscripciones catalanas resulta mucho mayor al de un diputado por Cuenca, por Zamora o por Teruel, sólo por citar algunos ejemplos, cosa que nadie critica ni se erige en causa de escándalo. Una de las grandezas de la Constitución de 1978 es elreconocimiento, tímido, pero real, de la pluralidad del Estado, un Estado, además, que es plural no porque lo diga la Constitución, sino porque así se ha materializado en la historia y en la realidad. Sería un error, por tanto, pretender que el Estado debe aspirar a la uniformidad absoluta, sea en educación, en uso de las distintas lenguas españolasoeneldiseño de políticas de autogobierno. Se trataría, además, de un error recurrenteen elque han incurrido regímenes diversos desde hace casi trescientos años, sin solución alguna salvo en los periodos de constituciones efectivamente democráticas. La uniformidad, además, únicamente supondría constreñir en un único corsé realidades muy diversas, y ahí sí que podríamos detectar la existenciadeinjusticias ydeciudadanosdeprimeraydesegundacategoría. Laimposicióndela uniformidad no conlleva por sí misma unamayor dosis dejusticia, ni de democracia. Baste sólo recordar aquel hilarante nuestros antepasados los galos que recitaban al unísono y muy uniformemente los estudiantes bajo la Argelia francesa. n pro del interés general y del entendimiento, lo que ahora mismo exige nuestra democracia no es ninguna reforma constitucional, sino el imperio del diálogo y del sentido común. Sería también muy conveniente que el diálogo se fundamentase tanto en hechos ciertos como también en la buena fe. Desde años atrás hemos padecido una suerte de todo vale en que lo fácil era acusar Cataluña y el catalanismo de todos los males posibles, y no por causa de Cataluña, sino como táctica de erosión al Gobierno de turno. Tal vez sea ciertoquelosvotosdeConvergencia i Unió pesan más que los restantes, pero lo es exclusivamente por el hecho de que estos votos, y no otros, se han esforzado siempre en el diálogo y en el consenso. Nosotros, y no otros, hemos trabajado másque nadie para evitar la fractura y la división de la sociedad española. Tenemos derecho a reclamar, por tanto, que no se formulen opiniones desde mitos erróneos, y menos aún que de los mismos se pretendan extraer conclusiones irremediablemente graves para la convivencia y el interés del conjunto de nuestra sociedad. Presidente del Grupo parlamentario de CiU en el Congreso y del Comité de Gobierno de Unió Democrática de Cataluña L E