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4 OPINIÓN JUEVES 3 s 1 s 2008 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO EL RECORRIDO DE LA CRISIS INMOBILIARIA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA OFENSIVA DEL PSOE CONTRA LA IGLESIA A reacción intempestiva del PSOE ante el reciente encuentro de las familias cristianas es fiel reflejo de que en La Moncloa y en Ferraz existe una seria preocupación de cara al 9- M. José Blanco sabe que exagera cuando habla de extrema gravedad acerca de la intervención de varios prelados en dicho acto y exige una rectificación. Por su parte, Fernández Bermejo, siempre dispuesto a hacer méritos en su rápido ascenso dentro del escalafón socialista, habla sin pudor de nacional catolicismo Estas palabras fuera de lugar demuestran que el objetivo es hacer un guiño a los sectores radicales de la izquierda, cuya motivación es más bien escasa ante la cita electoral. Como Rajoy no da oportunidades y el fantasma de Irak resulta ya poco convincente, recurren al viejo tópico que sólo existe en su imaginación: una supuesta Iglesia integrista y antidemocrática que, según tan peregrina teoría, espera agazapada su momento si los progresistas no le paran los pies. Los argumentos son evidentemente endebles y resultan ofensivos para la multitud de personas concentradas en la plaza de Colón, en un acto participativo y orientado a la expresión natural de sus propias convicciones. Es absurdo que el PSOE se rasgue ahora las vestiduras, como si fuera una novedad que la iglesia defiende- -más allá de la coyuntura- -una concepción de la familia formada por la unión indisoluble del varón y la mujer para la educación de los hijos en la fe. Esta fue ni más ni menos la doctrina expresada por los prelados intervenientes, que- -por razones obvias- -no es conciliable con la legislación aprobada a lo largo de esta legislatura. El Gobierno no sabe qué hacer en sus relaciones con la Iglesia y lleva mucho tiempo dando tumbos en un terreno tan significativo para una sociedad que sigue siendo muy mayoritariamente católica, también en muchos sectores de la izquierda. Primero adoptó una actitud laicista, que provocó las lógicas discordias con el Vaticano. Las cosas L se encauzaron con el nombramiento de Francisco Vázquez como embajador ante la Santa Sede y con unos criterios menos dogmáticos por parte del Gobierno, que sorteó incluso con cierta habilidad la beatificación de los mártires de la Guerra Civil. Esta estrategia templada se viene abajo por consideraciones puramente electoralistas. Hay que mover como sea a los radicales, y para ello es bueno cualquier pretexto. Dadas las circunstancias, es un deber de todos los responsables, sean políticos o eclesiásticos, medir con rigor las palabras que puedan ser interpretadas fuera de su contexto y no dejarse llevar al terreno que les conviene a sus adversarios. Dicho de otro modo, el objetivo del Gobierno es evitar que las elecciones se conviertan en un reproche social hacia su política de negociación con ETA y de ruptura del modelo territorial, a cuyo efecto cuestiones tan serias como la familia o el aborto se utilizan como cortina de humo. Si el PSOE se muestra tan ofendido ante esos imaginarios ataques al sistema constitucional, lo primero que debe hacer es cumplir con lo establecido por la norma fundamental. Ante todo, tiene que respetar la libertad de expresión de los obispos, porque lo contrario supondría la imposición de una censura injustificable. Debe además reconocer la función institucional que cumple en España la Iglesia Católica por razones históricas y sociológicas, que no es equiparable a ninguna otra creencia religiosa. Así lo dispone el artículo 16 de la Constitución, con una mención específica que tiene un evidente significado en términos políticos y jurídicos. La Iglesia está y debe estar por encima del debate partidista, y es imprescindible por ello que sus expresiones públicas se muevan en el terreno del magisterio moral, sin ofrecer flancos débiles a una crítica sesgada y oportunista. En todo caso, los socialistas tendrán que buscar otros argumentos más convincentes para alcanzar en las urnas esa mayoría que se les resiste. ETA SE HACE LA VÍCTIMA L primer comunicado de la banda terrorista ETA en 2008 muestra claramente su empeño en asegurarse la fidelidad de la izquierda radical de cara a un período en el que los actos terroristas irán acompañados por nuevas estrategias políticas para comparecer a las elecciones generales de marzo. Aparte de reconocer su autoría en los atentados de Sestao y Valmaseda, ETA quiere evitar que las dudas rebajen el apoyo de los grupos abertzales que sirven de comodines en sus diversos frentes de actuación terrorista. Los etarras buscan mantener la homogeneidad de la izquierda abertzale con mensajes que alertan de la destrucción del independentismo vasco recuerdan el terrorismo de Estado y al ministro del Gal -refiriéndose a Alfredo Pérez Rubalcaba- denuncian supuestas prácticas de torturas y rematan la soflama con el estado de excepción que se vive en el País Vasco. En definitiva, ETA recurre al victimismo, lo cual es una burla cruel. ETA no quiere pusilánimes y su comunicado pretende despejar entre sus seguidores cualquier duda sobre la justificación de su violencia terrorista. Este sí es un comunicado de consumo interno porque encierra un llamamiento para secundar la estrategia terrorista, justo cuando la Audiencia Nacional ha asestado a su entramado político un duro golpe con la sentencia que lo calificaba como entrañas de ETA La reiteración de los mismos tópicos contra el Estado E no carece, por tanto, de sentido, desde el punto de vista de ETA. Quiere entrar en campaña para el 9 de marzo por la doble vía de los atentados y las listas electorales, visto que, gracias a los perversos efectos del proceso de paz pudo hacerlo en 2005, con motivo de las autonómicas vascas, y en 2007, en las elecciones municipales. Si dentro de dos meses se repite el mismo fraude con Acción Nacionalista Vasca, la responsabilidad política será íntegra del actual Gobierno. En esta nueva expectativa electoral, ETA necesita reafirmar a la izquierda proetarra en sus consignas sobre la tortura, la dispersión, el Gal y demás. El problema es que, además de la falta de presión judicial por parte del Gobierno, ETA cuenta ahora con el favor del proyecto político del PNV y del lendakari Ibarretxe, porque su terrorismo sirve a éstos de excusa y, al mismo tiempo, motor para sus planes de referendos soberanistas. Ibarretxe, que también ataca a los jueces por aplicar la ley a los etarras, ya no condiciona el derecho a decidir a que todos los vascos sean libres para hacerlo, es decir, que vivan sin la amenaza del verdugo terrorista. Al revés, la violencia de ETA le es útil políticamente. Y así es como ETA se encuentra legitimada por el proyecto del lendakari, porque da carta de naturaleza histórica y política a su violencia terrorista. Nuevamente, la derrota de ETA exige también, sin medias tintas, la derrota de las estrategias soberanistas del nacionalismo vasco. IENTRAS los precios de los bienes y servicios se disparan, se estanca el precio de la vivienda nueva, que, según el último informe de la Sociedad de Tasación, subió sólo un 1,1 por ciento en el último semestre de 2007, dato que es compatible con las caídas observadas en los meses finales del año. Estamos ante un nuevo escenario- -afirma el presidente de dicha sociedad- -originado por la crisis crediticia que ha provocado el retraimiento de las entidades financieras. Los datos desagregados son también interesantes y demuestran que en aquellas ciudades con más suelo disponible, como es Madrid, los precios suben menos que en otras semejantes que han practicado políticas más intervencionistas, como es el caso de Barcelona. El mercado de la vivienda es muy inercial: se ajusta primero la demanda, lo que empezó a suceder hace dos años con la subida de tipos de interés, mientras que la actividad constructora tarda en responder y los precios van adaptándose lentamente a medida que los propietarios modifican sus expectativas de plusvalías y experimentan dificultades financieras. Según el BBVA, que como heredero del antiguo Banco Hipotecario es la principal autoridad en la materia, el número de transacciones de viviendas se redujo el 16 por ciento en el tercer trimestre del año, y con una clara tendencia a la baja. A su vez, el número de proyectos visados disminuyó un 19 por ciento en 2007 según la Sociedad de Tasación, con un desplome del 30 por ciento en el mes de septiembre, según el BBVA. En términos macroeconómicos, la inversión en vivienda creció el 3 por ciento el año pasado y caerá ese mismo 3 por ciento a lo largo de este año. No hay duda de que el ajuste inmobiliario va a continuar y se va a intensificar. Así ha sucedido en todas las crisis anteriores, porque el ciclo inmobiliario sigue un desarrollo perfectamente previsible. Las políticas de vivienda en España, sin embargo, parecen tener otra lógica. No persiguen suavizar el ciclo, ni disminuir su potencial impacto destructivo sobre la renta y consumo de la población. Siguen pensadas, diseñadas y ejecutadas en clave electoral, con independencia de que el ciclo inmobiliario y político no coincidan. Sólo así puede entenderse que mientras los ciudadanos se preocupan porque les ahoga la hipoteca o no pueden vender sus casas sin perder dinero; mientras los bancos se preocupan por la morosidad y temen quedarse con importantes patrimonios inmobiliarios no deseados; mientras los promotores o constructores se preocupan porque no venden y se les acaba la liquidez, el Gobierno parece sólo preocupado por atraer el voto juvenil con promesas de pisos baratos y subsidiados. Todo esto sucede porque el Ministerio de Vivienda se ha desvinculado de toda lógica económica y se ha concebido como un instrumento electoral. Puede servir, pero lo que es seguro es que la crisis inmobiliaria será más larga e intensa. M