Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
18 ESPAÑA SÁBADO 29 s 12 s 2007 ABC Retiran la custodia de sus dos hijas a unos padres para impedir la ablación La juez toma esa medida ante el rumor de que iban a viajar con las niñas a Gambia D. C. BARCELONA. Una juez de Mataró ha retirado la custodia de dos niñas a una familia gambiana que vive en Premiá de Dalt (Barcelona) ante la sospecha de que los padres tenían la intención de llevarlas a Gambia para practicarles la ablación de clítoris. La medida se tomó el viernes de la semana pasada, cuando las dos menores, de 6 y 13 años, quedaron al amparo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (Dgaia) al apreciar que existía el riesgo de que viajaran a África para someterlas a la mutilación de los genitales. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Premiá habían denunciado esta sospecha ante el juez tras conocer que en la escuela de una de las niñas corría este rumor, y después de que los padres no acudiesen a la entrevista a la que les habían citado para aclarar su veracidad. La mutilación genital es delito en nuestro país y puede perseguirse aunque se haga fuera de España. La Dgaia confirmó ayer que se ha limitado a cumplir la orden judicial y que las niñas permanecerán bajo su custodia hasta que la juez decida Ésta, que tomó declaración a los padres el jueves, está a la espera de la petición del fiscal, que podría decidir devolver la tutela a los padres. Aun así, a la familia no les serían devueltos los pasaportes retirados. En declaraciones a TV 3, los padres de las niñas, Ana y Mohamed, aseguraron que están en contra de la ablación y que no tenían intención de viajar a su país. La madre, que lleva 14 años en España, aseguró que incluso colabora con una organización que se opone a esa práctica. El padre reside aquí desde hace 25 años. No es la primera vez que un juez toma una decisión de este tipo para impedir una posible mutilación genital. El pasado mes de junio, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Gerona emitió una orden que prohibía la salida de España de una niña de 3 años ante la sospecha de que su madre pretendía llevarla a su país, también Gambia, para someterla a esa práctica ancestral africana. En ese caso fue el propio padre, del mismo país, quien alertó de las intenciones de su esposa. En respuesta a una pregunta de CiU en el Parlamento catalán, la Generalitat informó hace unos días de que, entre 2003 y 2005, ha descubierto a más de cien niñas residentes en Gerona con riesgo alto de sufrir la mutilación genital. Una niña sostiene un cartel en una de las manifestaciones celebradas en Madrid CHEMA BARROSO Piden el cierre de las cinco clínicas abortistas de Madrid Asociaciones provida se manifestaron frente a estos centros s Exigen que el dinero público deje de financiarlos S. SANZ MADRID. Las cinco clínicas abortistas que siguen funcionando en la Comunidad de Madrid optaron ayer por cerrar como contrapartida a los centenares de manifestantes que pidieron pacíficamente delante de ellas y luego en la Puerta del Sol la derogación de la actual legislación del aborto y el fin de las subvenciones oficiales que se conceden. Estos centros objeto de las protestas tenían previsto atender en la jornada de ayer a algo más de un centenar de pacientes, según informó a Servimedia Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) Varias organizaciones provida secundaron así la convocatoria realizada por Alternativa Española (AES) -partido político que interpuso la denuncia contra el doctor Carlos Morín y sus centros de Barcelona- -y se congregaron ante las clínicas Isadora, El Bosque, Ginecológica Callao, Centro Médico Pacífico y Dator. En estas concentraciones se mostraron pancartas que rezaban No al aborto, sí a la vida El aborto es el Herodes del siglo XXI o Muévete por tus principios y se lanzaron lemas como No más muertes de inocentes No los matéis, hay alternativas o Abortistas genocidas También se pudieron escuchar protestas al grito de Zapatero dimisión contra la permisividad y financiación del aborto por parte del Ejecutivo central. A juicio del secretario general de AES, Rafael López Diéguez, la ley del aborto, aprobada en 1983, ha segado la vida de un millón de niños desde su aplicación a partir de 1985. De este total de casos, un 25 por ciento se producirían en la Comunidad de Madrid, apuntó López Diéguez, para quien los centros de planificación y orientación familiar deberían transformarse en agentes activos en la lucha por la vida Por otra parte, el presidente de la asociación antiabortista Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y Gádor Joya, de Hay Alternativa, entregaron ayer más de 5.000 firmas en la presidencia del Gobierno autonómico de Madrid, en la Puerta del Sol, también para reclamar el cierre de las clínicas situadas en la Comunidad. Las casi 5.200 firmas se recogieron en sólo cinco días que ha estado colgada en nuestra web una carta pidiendo el cierre cautelar de las clínicas El Bosque e Isadora, hasta que el juez decida si hay delito explicaron. Desde Médicos por la Vida, su portavoz, Enrique Jaureguizar, comentó que el 50 por ciento del dinero que reciben estas clínicas ya de por sí forradas procede de los consorcios firmados por entidades públicas. Un dinero que se precisamente se le niega a asociaciones en defensa de la mujer embarazada añadió. Para Jaureguizar no tiene cabida ningún tipo de aborto, ya que, a su modo de entender, la vida del feto comienza desde el mismo momento de la fecundación Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto, y sin plazo determinado- -lo que ha sido considerado como el gran coladero- cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre. Vida desde la fecundación El CGPJ admite que escoltas privados protejan a algunas mujeres maltratadas S. N. MADRID. La Comisión Permanente del CGPJ aprobó ayer por unanimidad una propuesta presentada por el vocal Enrique López para que los órganos judiciales, en casos excepcionales, puedan asignar escoltas de seguridad privada a las víctimas de la violencia de género para su protección, siempre de manera coordinada con las Fuerzas de Seguridad, según informa Ep. Según explicó el CGPJ, el órgano de control de los jueces expondrá su opinión a este respecto en la próxima Comisión Nacional de Policía Judicial, donde se tratará el asunto con el resto de administraciones integrantes. La fecha de la Comisión está todavía por definir. Los casos en que se otorgaría a la víctima protección privada deberían ser designados por los órganos judiciales pertinentes siempre de forma coordinada con los cuerpos policiales, en aras a la consecución efectiva de la protección de las víctimas La actual ley ha segado la vida desde su entrada en vigor en 1985 de más de un millón de niños según uno de los convocantes ABC. es Más información sobre los abortos ilegales en España en ww. abc. es sociedad