Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN DOMINGO 23 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO SARKOZY Y EL COMPROMISO AFGANO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA OCASIÓN PERDIDA EN EL TC L futuro del Estado autonómico no está más despejado tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana. La división interna del TC- -siete magistrados a favor y cinco en contra- -es un mal precedente para futuros recursos contra Estatutos de autonomía, pues, al margen de cuál sea la orientación de sus decisiones, es importante que éstas se encuentren ampliamente respaldadas. Por otro lado, la división interna de los magistrados sobre una cuestión aparentemente menor- -como la declaración de un derecho al agua atribuido a los valencianos- -demuestra que al proceso de reformas estatutarias que se ha realizado en esta legislatura le ha faltado reflexión y análisis jurídico. Además, es la prueba de que el consenso entre los dos grandes partidos- -como el que respaldó la reforma del Estatuto valenciano- -no es condición bastante para garantizar absolutamente la constitucionalidad de una ley. Dicho esto, no hay motivos suficientes para pensar que esta sentencia sobre el Estatuto valenciano es una especie de vacuna para salvar, por vía interpretativa, el Estatuto catalán. Podría serlo, pero para poder afirmarlo habría que hacer un arriesgado juicio de intenciones. Desde la primera hasta la última página de esta sentencia, los magistrados han tenido el ojo puesto en el nuevo Estatuto de Cataluña. Tal es su relevancia. En este sentido, hay importantes declaraciones en la sentencia que enmarcan los límites de decisión de los recursos de inconstitucionalidad contra ese Estatuto. El TC reitera que la autonomía se integra en el principio de unidad nacional, que la legitimación del Estado autonómico nace de la Constitución y no de situaciones o derechos históricos anteriores a ella y que, en definitiva, los Estatutos están subordinados a la Norma Fundamental. La aplicación de estos principios al Estatuto catalán deberá producir efectos anulatorios en cadena. El asunto conflictivo que analizó el TC en relación con el Estatuto valenciano fue la constitucionalidad o no de incluir derechos subjetivos en un Estatuto y, en concreto, el alcance del artículo 139 de la Constitución. Es este punto en el que la mayoría que apoya la sentencia se expresa con un razonamiento alambicado y, por momentos contradictorio, cuya fi- E nalidad parece ser la creación de una doctrina que permita dosificar, sin compromisos previos, el juicio de inconstitucionalidad que, a buen seguro, habrá de merecer el Estatuto de Cataluña. En efecto, para el TC, los Estatutos de autonomía no pueden establecer por sí mismos derechos subjetivos en sentido estricto, sino directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos Esta afirmación, sin embargo, no sirve de base al TC para zanjar la cuestión como debería corresponder al tenor literal del artículo 139 de la Constitución- -y negar de raíz la constitucionalidad de incluir derechos subjetivos en los Estatutos- sino para ofrecer un escape interpretativo- -que a su vez será fuente de nuevos problemas- -de modo que el Alto Tribunal sustituye la anulación de esos derechos estatutarios por su reconversión en principios rectores de la actuación de los poderes autonómicos. El problema es que esto no siempre es lo que dicen o permiten los nuevos Estatutos. El de Cataluña incluye un sistema propio de derechos subjetivos políticos con órganos propios de protección de tales derechos. Por eso, en la sentencia del TC falta un pronunciamiento claro sobre aquellos casos en que el Estatuto sí quiere introducir un catálogo de derechos subjetivos de naturaleza política y con efectos vinculantes. Los cinco votos particulares coinciden en señalar que un estatuto de autonomía no es una norma hábil para declarar derechos subjetivos. Estos magistrados discrepantes demandaban una respuesta general, no interpretativa, a un problema que incide directamente en la relación entre Estado y Autonomías y, en otro plano, entre ciudadanos y su régimen constitucional de derechos y libertades. Realmente esto es lo que debía haberse resuelto ahora, pero en su lugar se ha construido una doctrina, respetable y argumentada, pero que traslada a las espaldas del TC la responsabilidad no tanto de juzgar la constitucionalidad de los Estatutos que aún penden ante el Alto Tribunal, sino de subsanar por vía interpretativa- -como si se tratara de la segunda vuelta de un partido- -las inconstitucionalidades perpetradas por los legisladores de los nuevo textos autonómicos. El TC no es una tercera cámara parlamentaria, es un tribunal que ha de velar por la Constitución, no por evitar un sofocón al Gobierno o a la oposición. ESCAÑOS FRENTE A VOTOS A situación de empate técnico que pronostican todas las encuestas determina la estrategia de los dos grandes partidos ante el 9- M. Nunca se había llegado a estas alturas con un equilibrio tan evidente; en especial, después de la primera legislatura del gobierno correspondiente, ya que tanto Felipe González como José María Aznar lograron mayorías muy amplias al concluir sus primeros mandatos. En cambio, Rodríguez Zapatero está muy desgastado ante una opinión pública que no se deja convencer con maniobras de última hora. En Ferraz y en Génova son conscientes de que todo está por decidir y de que el resultado promete ser apretado. Por eso el Gobierno mueve sus mejores bazas a toda prisa, destinando a los ministros a circunscripciones que pueden ser decisivas, sin que les importe la falta de arraigo local de estos cuneros a la vieja usanza. Hoy informa ABC de un estudio que maneja el PP, a cuyo tenor hay nueve circunscripciones que pueden ser decisivas y en las cuales el éxito o el fracaso depende simplemente de un puñado de votos. El caso es que esta lucha por cada sufragio y por cada escaño puede inclinarse hacia cualquiera de los dos partidos. Según datos fiables, el PSOE necesita conseguir una ventaja mínima de 1,65 puntos para obtener más escaños que el L PP como consecuencia de la aplicación del método D Hondt a la distribución territorial de los votos. De este modo, resulta factible la hipótesis de que los populares tengan mayor representación en el Congreso, aunque sea algo más alto el número de ciudadanos que vote a los socialistas. No es una situación insólita en democracia, y conviene dejar claro desde el primer momento que el sistema representativo otorga el triunfo a quien obtiene mayor representación en las instituciones, de acuerdo con las reglas de un procedimiento que es igual para todos. En este contexto hay que situar las promesas al respecto de Zapatero y de Rajoy. Este último ha dejado muy claro que se considera ganador si consigue más escaños que su adversario. Es imprescindible que el presidente del Gobierno no practique la ambigüedad ni confunda a la ciudadanía sobre qué es un triunfo electoral: las mayorías parlamentarias se definen en virtud del número de escaños y no de votos, por lo que sentirse legitimado para formar Gobierno en el caso de tener menos escaños que el PP no dejaría de ser un arriesgado ejercicio de mercadeo electoral. Rajoy ya ha manifestado su respeto por las reglas del juego asegurando que si no obtiene más escaños que el PSOE no intentará gobernar. Zapatero, todavía no. FGANISTÁN está entrando en su octavo año de guerra y los resultados siguen siendo irregulares. Los talibanes no pueden amenazar al poder de Kabul. No es realista para ellos pensar en volver a manejar las riendas del país, pero están logrando entorpecer todos los intentos de las autoridades afganas y de la comunidad internacional para posibilitar el desarrollo económico y social del país. La presencia del ingrediente letal de la droga es el elemento más perturbador para la paz porque permite a los rebeldes una fuente de ingresos prácticamente ilimitada con la que agrandan su capacidad de reclutamiento y, por supuesto, de suministro de armamento y municiones. Este es más o menos un retrato de lo que Afganistán padece en estos momentos, en los que se ha producido la visita del presidente francés, Nicolás Sarkozy, para reafirmar su compromiso con una de las misiones más importantes de la historia de la OTAN. El presidente francés ha afirmado, y con razón, que la comunidad internacional no puede en ningún caso permitirse la posibilidad de perder la guerra en aquel lejano país, en el que tantas cosas están en juego. No es una cantinela que se proclama cada cierto tiempo, sino una advertencia grave para aquellos que estuvieran pensando en cambiar de idea o en ceder al cansancio y a los costes políticos de una misión que empieza a ser impopular. La posibilidad de que el Gobierno afgano de Hamid Karzay fuera expulsado de Kabul por los talibanes tendría un efecto demoledor sobre nuestra seguridad; basta mirar lo que está sucediendo en estos momentos en el vecino país de Pakistán- -una potencia nuclear- -como para hacerse una idea de las proporciones del problema al que todo Occidente podría tener que hacer frente en su día. La victoria en Afganistán no es solamente un asunto de tropas, como muy bien pudieron comprobar los dirigentes soviéticos, que llegaron a tener medio millón de hombres en el país. Se trata de mejorar los compromisos políticos, de dedicar los recursos técnicos necesarios (sobre todo helicópteros y aviación) y de acabar con muchas de las molestas reglas de enfrentamiento, que convierten a tropas como las españolas en una especie de don Tancredo dedicadas principalmente a protegerse a sí mismas. Se trata asimismo- -en esto ha insistido Sarkozy y España también lo ve claro- -de favorecer más decididamente el desarrollo de las fuerzas armadas afganas, que a la larga serán las que deberán asegurar algún día la continuidad del esfuerzo de la OTAN. Eso significa también más dinero, porque los soldados necesitan ser pagados. Los afganos son un pueblo recio y difícil, pero ya no quieren la guerra. Preferirían la paz. No es de recibo facilitarles la opción de que se decanten otra vez por la agónica estabilidad de la dictadura talibán. La guerra de Afganistán sigue siendo algo muy serio y no está de más recordarlo de vez en cuando, como ha hecho Sarkozy. A