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16 ESPAÑA Precampaña electoral s La batalla de Valencia SÁBADO 22 s 12 s 2007 ABC Edurne Uriarte El Gobierno vuelve a llevar ante el TC a Camps a menos de 80 días de los comicios Donde De la Vega es cabeza de lista, el Ejecutivo presenta un recurso contra la ley de Régimen Matrimonial de Valencia s La Moncloa cede a la presión nacionalista V. VILLAPLANA VALENCIA. Un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) hiciera pública la sentencia que desestima el recurso de Aragón al derecho al agua contenido en el Estatuto valenciano, es el Gobierno central el que abre una ofensiva ante este órgano contra la primera norma aprobada por los valencianos para desarrollar el recién recuperado derecho civil foral. La arremetida contra la actividad legislativa del Gobierno de Camps se produce en el territorio donde el PSOE ha enviado como cabeza de cartel a la vicepresidenta De la Vega. El Ejecutivo de Zapatero, cuyos letrados apoyaron ante el TC las tesis valencianas sobre el derecho hídrico del Estatuto, anunció un recurso contra la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, norma que recupera la separación de bienes como la modalidad aplicable por defecto a los matrimonios valencianos. Gobierno y Generalitat valenciana se dieron en junio seis meses de tiempo para buscar una solución negociada a las discrepancias del Ejecutivo central respecto a once artículos de la ley, que fue pactada en el Parlamento autonómico por el PP con el grupo minoritario compuesto por IU y los ecologistas, y con el voto desfavorable del PSOE. Hoy concluía el plazo para poder presentar recurso y, al límite del tiempo, los abogados del Estado han presentado la iniciativa contra esas once prerrogativas de la norma, sin ningún avance respecto al inicio de las conversaciones. El promotor de la norma y actual consejero de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, denunció que detrás del recurso gubernamental se esconden motivos políticos y no jurídicos y aseveró que el Ejecutivo autonómico no va a consentir ser una nacionalidad histórica de segunda fila puesto que ésta no es una cuestión jurídica, sino política Para Castellano, esta decisión del Gobierno no sorprende a la Generalitat puesto que en la comisión bilateral entre la Administración General del Estado y la Generalitat, para debatir sobre la LREM, se evidenció que la voluntad política del Gobierno central era vaciar de contenido nuestra primera Ley foral Así, indicó que la voluntad era negar la plena competencia de la Comunidad Valenciana en materia de Derecho foral, una decisión que ya venía tomada de antemano, y por tanto, una decisión coyuntural y política Desde el Gobierno valenciano se ha considerado desde el principio la amenaza- -y ahora la explicitación- -de un recurso estatal a esta norma como un peaje a pagar a las fuerzas nacionalistas, dado que la ley valenciana sobre las uniones matrimoniales no sólo iguala las competencias de las nacionalidades históricas, sino que las supera ampliamente en algunos aspectos. La ley de Régimen Económico Matrimonial recupera instituciones que trasladadas a la actualidad resultan únicas en el actual mapa jurídico español. La causa legal esgrimida por el Gobierno para su negativa es que la nueva norma alcanza aspectos que no tiene antecedente en la normativa foral civil histórica. La reforma estatutaria valenciana que rescató el dere- PRECIO POLÍTICO xiki Benegas ha publicado un libro titulado Diario de una tregua que yo rebautizaría como Diario de un precio político Todas las claves de la negociación política con ETA, del precio político, están ahí. Con una radical sinceridad. Porque Benegas cree en la negociación política al igual que el Gobierno, pero, a diferencia de él, no teme los efectos electorales que su admisión pueda provocar en su persona. Como no los teme, la principal virtud de su trabajo es la transparencia de sus argumentos a favor del precio político. Y para todos que condenamos ese precio, la admisión de todos y cada uno de nuestros argumentos sobre la verdadera naturaleza de la negociación que el Gobierno ha negado. La posición moral y política de Benegas contra ETA también está clara. Por eso lleva escolta desde 1977. Igualmente lo está su estrategia. Si no hemos sido capaces de derrotar a ETA en 40 años, no hay otro camino, piensa, que la negociación. Coincide en la conclusión con Zapatero, con la diferencia de que Benegas lo sabe casi todo del terrorismo y Zapatero casi nada, lo que no le impide respaldar al presidente en el completo fiasco del proceso. Con otra diferencia respecto a Zapatero, que Benegas lo revela todo, empezando por la clara percepción del PSE de la integración completa de Batasuna en ETA, aunque se reunieran públicamente con ella como si tal cosa fuera dudosa. De sus contactos con Batasuna en la tregua anterior, tuvo claro que Batasuna no decide. Manda la empresa relata Benegas, el eufemismo que utilizaban para referirse a ETA. Precisamente porque Batasuna es ETA, la Mesa de Partidos le parece un elemento esencial de la negociación. Por supuesto que hay que darles algo. Lo que pasa es que no hay que contarlo, aconseja. Las cesiones deben ser secretas, recomienda. Y luego se verá cómo se hacen públicas. Claro que hay que hablar de política con ETA, pero sin decirlo. Y se le llama diálogo y no negociación. Olvida la inevitable conclusión. Tampoco la negociación ha acabado con ETA, pero le ha dado nueva legitimación política y social, una nueva fuerza para seguir matando. DIARIO DE UN T La más ambiciosa De la Vega, tras el Consejo de Ministros cho civil foral fue aprobada con doble consenso de populares y socialistas en las Cortes Generales y el Parlamento valenciano. Sin embargo, esta primera norma se ha encontrado con la oposición del Gobierno. Hasta el momento está vigente FRANCISCO SECO en la región el derecho civil general, que prima el régimen de gananciales, debido a que la propia norma establece como periodo de latencia hasta el 25 de abril de 2008 para dar a conocer en ese tiempo la nueva regulación familiar. El Constitucional reitera que los Estatutos pueden enunciar derechos N. V. MADRID. El Pleno del Tribunal Constitucional reitera que los Estatutos de Autonomía pueden enunciar derechos subjetivos que sirvan como principios rectores o mandatos a los poderes públicos de cada comunidad. Estos serán, en última instancia, los encargados de hacerlos efectivos. Así, las declaraciones de derechos en los textos autonómicos sólo tienen un límite: la propia Constitución y las leyes. En la resolución del recurso presentado por Castilla- La Mancha contra el artículo 17.1 del Estatuto Valenciano (relativo al agua de las cuencas excedentarias) el TC reproduce los argumentos con los que acordó la inadmisión, el día anterior, del recurso del gobierno de Aragón contra este mismo precepto. Mientras la sentencia de Castilla- La Mancha se hizo pública ayer, la de Aragón se notificó el jueves. Una y otra resolución son, por tanto, idénticas, salvo en lo que se refiere, lógicamente a los antecedentes de hecho. También en este caso, cinco de los vocales próximos al sector conservador han formulado votos particulares al no estar de acuerdo con el hecho de que la mayoría admita la posibilidad de que los Estatutos recojan derechos exclusivos para los ciudadanos que residen en una región concreto. Estos magistrados consideran que era muy importante que, en lo que ha sido el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre una reforma estatutaria, la mayoría debería haber sido más clara, pues se trata de una sentencia que sentará precedente en la revisión de los estatutos que el TC tiene aún pendientes (Cataluña y Andalucía)