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4 OPINIÓN SÁBADO 22 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO EL GOBIERNO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro PONE CERCO A LAS ELÉCTRICAS CABÓ la legislatura con un pleno escoba en el Congreso de los Diputados en el que el Gobierno ha salvado sus Presupuestos Generales para 2008, ha sacado adelante medidas tan controvertidas como el canon digital, y ha colado de rondón un real decreto, disfrazado de incierto futuro proyecto de ley, que amenaza de manera determinante al crecimiento y la calidad de un sector tan vital para nuestra economía como el eléctrico. El pasado día 7, el Consejo de Ministros, consciente del oscuro horizonte que la situación económica dibuja para las elecciones de marzo, decidió utilizar los ingresos de las compañías eléctricas como arma para luchar contra una inflación que crece desbocada. Se trataba de reducir la multimillonaria deuda que debe el Gobierno a las eléctricas- -conocido como déficit de tarifa- a través del cobro de derechos de emisión de CO 2 que son gratuitos, pero que ahora viene bien cobrar para no descuadrar más todavía los presupuestos, que tanto le ha costado sacar adelante al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La arbitraria decisión del Gobierno se parece demasiado a las artes de ese administrador infiel, el personaje de la parábola bíblica, que para congraciarse con su señor restaba la deuda a sus acreedores, aunque en este caso sea al revés, y en vez de fanegas de trigo se trate de las cuentas de resultados y la evolución en la Bolsa de los ahorros de millones de pequeños accionistas. Dicha medida, contestada desde dentro del propio Partido Socialista y el Gobierno, ha sido el broche final a una más que cuestionable labor del ministro de Industria, Joan Clos, y de su secretario de Energía, Ignasi Nieto. Lejos de avanzar en la liberalización del sector, ambos han logrado hipotecar todavía más al Estado con el incremento de un déficit de tarifa que supera ya los 5.000 millones de euros y parece abocado a convertirse en otra deuda histórica como las de Televisión Española o Renfe. Clos y Nieto se han visto obligados a disfrazar su autoritarismo e incompetencia, obvia al ser incapaces de entenderse con un sector tan vital para nuestra economía, con una tramitación como proyecto de ley, que en teoría podría negociarse e incluir enmiendas, pero que en la práctica tiene enormes dificultades al quedar el Parlamento ya virtualmente disuelto. Diferir el problema a la siguiente legislatura, pero con un real decreto válido desde el próximo 1 de enero, es una burla, además de una mala solución a un problema creado por un ministro del PSC, un partido ya muy enfrentado a Zapatero tras el caos provocado por la ministra Magdalena Álvarez en las infraestructuras de Cataluña. Como el administrador infiel, Clos y Nieto han quedado amortizados. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA A ALARMA SOCIAL ANTE LA INSEGURIDAD L asalto a la vivienda del productor y artista José Luis Moreno, en Boadilla del Monte (Madrid) ha causado en una fuerte conmoción en la opinión pública. Es una reacción lógica, porque se trata de un personaje muy conocido y porque la violencia brutal utilizada por los ladrones ante la resistencia del propietario genera una mayor alarma social. Está claro que estamos ante bandas organizadas, que preparan sus golpes de forma minuciosa y cuentan con toda la información necesaria. La brutalidad tiene además una finalidad intimidatoria ante posibles acciones futuras, lanzando así un mensaje inequívoco sobre las consecuencias de cualquier acción defensiva. Las bandas en cuestión, de muy probable origen albano- kosovar, actúan de forma itinerante. Su presencia se detectó hace algún tiempo en Barcelona, luego en Levante y parece ser que ahora toman Madrid como base para sus operaciones. Conviene insistir en la perfecta organización que preside todos sus actos; en este caso, el objetivo eran las tres cajas fuertes, cuya ubicación conocían con toda exactitud. En último término, se trata del recrudecimiento de un fenómeno ya conocido en áreas residenciales de la Comunidad de Madrid y de otros lugares de España que el Ministerio del Interior debe tomarse muy en serio. No son casos aislados ni basta con practicar detenciones esporádicas. Muy al contrario, hace falta una especialización en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para luchar contra individuos bien entrenados y dispuestos a todo, que utilizan hachas, palanquetas y otros objetos contundentes, así como armas de fuego, y están dispuestos a pasar del robo al asesinato o a cualquier otro tipo de agresión a las personas. La inseguridad ciudadana se suma a otros problemas sociales que el Gobierno tiene que afrontar en este traumático final de legislatura. Miles de ciudadanos viven en urbanizaciones de chalés adosados o en viviendas unifamiliares que son el objetivo preferente de estas ban- E das internacionales. Hay varias políticas públicas que deben ser objeto de una revisión rigurosa y profunda para abordar un fenómeno tan preocupante. Ante todo, es preciso analizar los criterios que permiten la entrada y la instalación en nuestro país de gentes que, con frecuencia, tienen ya antecedentes delictivos. Cumplir la ley es una obligación inexcusable para todos, españoles o extranjeros, residentes en territorio nacional o visitantes ocasionales. La marginalidad y el descontrol son un foco natural de delincuencia, que no se remedia con retórica buenista sino con eficacia policial y firme aplicación de la ley. Habría tal vez que considerar una reforma del Código Penal para incluir un tipo específico para estas conductas o un agravamiento de las sanciones correspondientes. Sobre todo, hay que eliminar la sensación de impunidad, o al menos de facilidad operativa, con la que actúan estos peligrosos delincuentes. Sólo una acción enérgica y disuasoria en el marco del Estado de Derecho puede reducir la impresión de grave peligro para las personas y los bienes que estos hechos generan en muchos ámbitos sociales. La gente no se queda tranquila a base de buenas palabras, sino con detenciones rápidas y juicios justos que culminen en una aplicación estricta de las leyes. Cuando la vida y la propiedad están en riesgo real o potencial, la convivencia queda seriamente dañada y se incumple la obligación más elemental que incumbe a los poderes públicos. La sociedad española espera una acción policial inmediata que ponga a disposición judicial a los autores de la brutal agresión a José Luis Moreno y a tantos y tantos afectados cada día por esta ola de violencia. Sobre todo, exige al Gobierno que no mire para otro lado esperando que el tiempo aplaque la indignación generalizada. Más allá de ideologías o debates coyunturales, los ciudadanos tienen derecho a vivir tranquilos y a no estar permanentemente expuestos a una forma de criminalidad tan agresiva. ZAPATERO Y LAS VÍCTIMAS L anuncio del IV Congreso sobre Víctimas del Terrorismo, que tiene como sede la Universidad San Pablo CEU, es fiel reflejo de que una parte de la sociedad es consciente de la deuda moral contraída con quienes sufren más que nadie por causa de la libertad de todos. Más allá del oportunismo coyuntural, los poderes públicos y los partidos democráticos deberían estar a la altura de las circunstancias en su relación con las víctimas. No es un problema de asociaciones ni de grupos más o menos afines, sino del reconocimiento individual y colectivo a personas a las que nadie podrá compensar de una pérdida irreparable. El terrorismo no conseguirá sus fines porque la sociedad democrática y el Estado de Derecho son más fuertes que cualquier agresión sanguinaria. Sin embargo, puede causar, y causa de hecho, un daño inmenso a miles de seres humanos de carne y hueso, porque trunca vidas y rompe una cadena de afectos que alcanzan a los sentimientos más profundos. Por desgracia, no siempre los políticos saben estar en el lugar que les corresponde. Una vez más, Rodríguez Zapatero no ha confirmado su presencia y podría ausentarse de nuevo de un congreso que el Gobierno valora en función de criterios que se refieren a su propia imagen y conveniencia, cuando debería pensar en términos de apoyo moral y sentido de Estado. La frialdad o incluso la desatención hacia las víctimas cuentan entre los errores más graves del Ejecutivo a lo lar- E go de la legislatura que termina. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo tuvo éxito- -fugaz, pero indiscutible- -porque supo sacar del anonimato a quienes lloraban en silencio y les ofreció un mínimo reconocimiento en nombre de la sociedad decente. Esta actitud digna y valiente fue abandonada, como tantas otras cosas, para desarrollar el diálogo con ETA y el mal llamado proceso de paz cuyo fracaso resulta evidente a estas alturas. La rectificación a medias del Gobierno, marcada por un irremediable tono oportunista, ni siquiera alcanza para realizar algún gesto hacia las víctimas, concebidas siempre como un estorbo respecto de planes reales o potenciales de cara al futuro. Las convocatorias anteriores de este congreso han servido para mantener viva ante la opinión pública la llama de la esperanza en que la sociedad sea capaz de hacer honor a sus responsabilidades. Merecen el máximo elogio las entidades que organizan y participan en el evento, especialmente la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, se ha volcado con las víctimas del terrorismo en un gesto que contrasta con la actitud de quienes están dispuestos a cerrar los ojos para no ver una realidad que les resulta incómoda. Rodríguez Zapatero prefiere no saber nada del presente más doloroso. Si no le afectan los argumentos humanos o morales, tendría al menos que ser consciente de que dar la espalda a las víctimas deteriora su imagen ante la gran mayoría de los ciudadanos.