ABC MADRID 21-12-2007 página 19

ABC VIERNES 21- -12- -2007 La vertebración del Estado y los Estatutos s División en el TC ESPAÑA 19 El precepto de la discordia Art. 17. 1 del EACV: Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen el derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la Ley aunque no en la forma en la que lo habría querido el sector conservador del TC, parte de la base de que los Estatutos pueden asumir libremente competencias, completando así el espacio que la propia Constitución ha dejado desconstitucionalizado, para lo que han de realizar una cierta operación interpretativa Sostiene, además, que los poderes públicos de una comuni- dad autónoma, en este caso la valenciana, deben garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos que residen en esa región, y en este sentido, es obligación del gobierno autonómico garantizarles la prestación de agua (la de las cuencas excedentarias del Ebro; de ahí el recurso de Aragón) Así, recuerdan que entre las materias asumidas por la Comunidad Valenciana figura la de aprovechamientos hidráulicos, canales y riesgos cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de esa Autonomía. Los magistrados consideran que el precepto que se pretendía impugnar se ajusta a la Constitución. De la lectura del artículo no se desprende- -dicen los jueces- -que haya de producirse ningún privilegio económico o social para la Comunidad Valenciana, máxime cuando el precepto atiende a que se habrán de tener en cuenta para la modulación del derecho los criterios de sostenibilidad del recurso hidráulico, lo cual se acomoda a los criterios propios del principio de solidaridad El CGPJ pide explicaciones a Beni para decidir su destitución Valorará el próximo día 9 de enero una incompatibilidad de funciones, así como una posible pérdida de confianza en ella SEGUNDO SANZ MADRID. La Comisión de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad solicitar un informe de alegaciones a Elisa Beni, autora del polémico libro La soledad del juzgador. Gómez Bermúdez y el 11- M y funcionaria de este órgano, como paso previo a decidir su destitución el próximo día 9 de enero. Los cinco vocales de dicha Comisión optaron por dar una oportunidad de defensa a la directora de Comunicación del Tribuna Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después de que en la reunión que mantuvieron ayer barajaran tanto una posible pérdida de confianza en la periodista como el supuesto de que Beni hubiera podido incurrir en una incompatibilidad de funciones. Fuentes jurídicas apuntaron al término de la reunión que el ambiente que se había respirado en la misma no era muy favorable a la continuidad de la funcionaria que deberá entregar sus alegaciones antes del 7 de enero. Escucharla fue la salida que tomó ayer la comisión del CGPJ, pero todo parece indicar que este órgano va a agotar todos los procedimientos antes de decretar la no permanencia de Beni. Más allá de revelar el contenido de conversaciones privadas en relación a una sentencia que aún no es firme o de vulnerar el secreto de las deliberaciones- -cuestión ya descartada por el Consejo- a la Comisión de Comunicación le preocupa sobre todo que una funcionara encargada de facilitar la información disponible de un órgano dependiente del Poder Judicial haya sido la autora de un libro en que se dan detalles de otro órgano judicial, lo que, según fuentes jurídicas, habría quebrado la lealtad hacia la Administración de Justicia. A ello se une que esta institución podría haber perdido la confianza depositada en ella (en su calidad de jefa de prensa del TSJM) si los vocales entienden la publicación como un gesto desleal al órgano de gobierno de los jueces. Mejor suerte corrió el pasado martes su marido, el magistrado de la Audiencia Nacional y presidente del Tribunal del 11- M, Javier Gómez Bermúdez, que vio cómo la Comisión Disciplinaria del CGPJ archivaba la información previa incoada por su vinculación con el citado libro. Precisamente, Bermúdez, que en las últimas semanas mantiene una actitud reacia con la prensa, parece estar siguiendo este asunto muy de cerca: instantes después de que la Comisión de Comunicación finalizara, el juez abandonaba a paso ligero la sede de Marqués de la Ensenada. Bermúdez, expectante ABC. es Texto íntegro de la sentencia del Constitucional y votos particulares en www. abc. es