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18 ESPAÑA La vertebración del Estado y los Estatutos s División en el TC VIERNES 21 s 12 s 2007 ABC LOS VOTOS PARTICULARES Vicente Conde Algunos de los argumentos de la sentencia afectan, a su juicio, a elementos de nuestra dogmática constitucional que, sobre todo mirando al futuro, me resultan personalmente inaceptables Este magistrado sostiene que el artículo recurrido por el gobierno de Aragón establece propiamente derechos de los valencianos Considero inconstitucionales las declaraciones de derechos en los Estatutos de Autonomía asegura Conde. Javier Delgado Aunque reconoce que, en unas ocasiones, la Constitución posibilita que el Estatuto establezca derechos subjetivos- -lenguas autonómicas- -y que, en otras, tales derechos pueden derivar de las instituciones autonómicas- -sufragio- destaca que fuera de estas excepciones no caben derechos subjetivos en los Estatutos Además, precisa que el Estatuto es norma atributiva de competencias, no de ejercicio de éstas el cual corresponde a las CCAA en su legislación. Roberto García- Calvo En su voto particular, recuerda, como el anterior, que la Constitución no prevé que los derechos deban o puedan ser un contenido de los Estatutos, salvo aquéllos reconocidos constitucionalmente, como es el caso de los lingüísticos. Este vocal reconoce que si bien es cierto que el Estado ya puede estar creando desigualdades entre Comunidades con la sola aprobación de los Estatutos éstas son desigualdades permitidas constitucionalmente o no expresamente prohibidas Jorge Rodríguez Zapata Confiesa que pese a que el recurso sólo impugnaba un artículo, en un principio se creyó necesario acometer el examen de la estructura territorial del Estado y la posibilidad de que se regulen derechos de los ciudadanos Sin embargo, este asunto- -en el que, a su juicio, se tendrían que haber fijado las líneas maestras de Autonomías y Estatutos- -no se abordó porque no se quiso, y esa negativa me alejó definitivamente de sus compañeros. Ramón Rodríguez Arribas Este magistrado insiste en que un derecho subjetivo de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana no cabe en el Estatuto porque no está incluido en los aislados supuestos en los que lo permite la Carta Magna. Considera que resulta imposible pensar que cuando la norma estatutaria habla de cuencas excedentarias se trate de otras que no sean las exteriores a la Comunidad Valenciana (en alusión al Ebro, Aragón) lo que escapa de la potestad del gobierno autonómico. Cinco vocales tildan de ambigua la primera sentencia del TC sobre un Estatuto Consideran que para el futuro se deberían haber fijado las líneas maestras de lo que puede regular un texto autonómico NATI VILLANUEVA MADRID. Creo que sería más respetuoso con el legislador estatutario decirle que ha pretendido establecer un derecho subjetivo de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que no cabe en el Estatuto porque no está incluido en los aislados supuestos en los que lo permite la Constitución El argumento que el vocal Ramón Rodríguez Arribas expone en su voto particular contra la sentencia en la que el Pleno del TC rechazó la semana pasada el recurso del Gobierno de Aragón contra un artículo del Estatuto Valenciano, resume el sentir de los otros cuatro magistrados que se opusieron a que dicho precepto- -relativo al derecho de los valencianos a recibir agua de cuencas excedentarias- -fuera declarado constitucional. Todos ellos (el bloque conservador del TC salvo el magistrado Guillermo Giménez) coinciden en que al tratarse del primer Estatuto de Autonomía que el Pleno del TC abordaba deberían haberse fijado las líneas maestras de Comunidades Autónomas y Estatutos, de forma que hubiera quedado claro cara al futuro (en alusión a los textos catalán y andaluz) que las distintas Autonomías no pueden hacer declaraciones de derechos subjetivos de los ciudadanos que en ellas residen. Y es que el debate sobre la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo aragonés contra el artículo 17.1 del texto valenciano suponía algo más que un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del precepto en cuestión. Era necesario, según reconoce uno de los vocales en su voto particular- -dado a conocer ayer junto con los otros cuatro y la resolución del Pleno- -que la sentencia hubiera sentado precedente sobre lo que puede o no puede regular un Estatuto de Autonomía, que ha de estar siempre sujeto a la Constitución y a las leyes. Por ello, más que el artículo cuya constitucionalidad estaba en juego, lo que realmente se tenía que haber hecho, dicen fuentes jurídicas, era no dar alas a la admisión de declaraciones de derechos como las contenidas en concreto en el Estatuto catalán, cuyos recursos, lejos de cuestionar un artículo concreto, afectan a 150 que los recurrentes consideran inconstitucionales. Uno de los aspectos que los magistrados discrepantes con la mayoría coinciden en criticar es que sus siete compañeros hayan respaldado que la capacidad que la Carta Magna reconoce a los Estatutos de Autonomía para ordenar la organización y funcionamiento de sus Cámaras legislativas tiene efectos en los ciudadanos, lo que determina la posible existencia de verdaderos derechos subjetivos En este sentido, la sentencia sostiene que nada impide que el Estatuto de Autonomía, al atribuir competencias que han de ejercer los poderes públicos autonómicos, les impongan, de modo directo, criterios o directrices para su ejercicio Según el Pleno, lo relevante es que dichos mandatos estén conectados con una materia atribuida como competencia por el Estatuto y que, aunque vinculen efectivamente a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, necesitarán de la competencia normativa que le es propia, de manera que el principio de derecho enunciado carecerá de justiciabilidad (sin) directa hasta que se concrete su régimen jurídico, pues sólo entonces se configurarán los consiguientes derechos subjetivos de los ciudadanos Dicho de otro modo, los Estatutos no pueden establecer derechos subjetivos en sentido estricto, sino directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos que se encargarán de que los mismos tengan eficacia. Respecto a esta afirmación dice el vocal Roberto GarcíaCalvo que la Constitución no prevé que los derechos deban o puedan ser un contenido de los Estatutos de Autonomía, salvo los reconocidos constitucionalmente, como ocurre con los lingüísticos No cabe, pues, la atribución, por parte de un texto autonómico, de ningún derecho que afecte en exclusiva a los ciudadanos que residen en una región específica, por cuanto supondría atentar contra el principio constitucional de igualdad y solidaridad entre todos los españoles. Sin embargo, la sentencia, que desarrolla de forma profusa el papel que los Estatutos de Autonomía juegan en el ordenamiento jurídico español, La sentencia parte de la base de que un Estatuto puede asumir libremente competencias, lo que requiere una labor interpretativa Los magistrados discrepantes sostienen que no es posible la inclusión de derechos subjetivos en un texto autonómico, pues sería inconstitucional