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4 OPINIÓN JUEVES 20 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO UN RESPIRO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro PARA LA CRISIS POLÍTICA BELGA OS belgas se despertaron ayer con la buena noticia de que se haya logrado por fin un acuerdo para la formación de un Gobierno provisional. Después de más de medio año de crisis, es la primera vez que se produce una evolución positiva en un proceso que estaba poniendo en peligro las posibilidades de supervivencia de un país, pequeño y rico, que en menos de dos siglos de historia había forjado una imagen de sensatez y moderación. La alegría, sin embargo, puede no durar mucho, puesto que se trata de un acuerdo de mínimos, prácticamente una gran coalición cuya misión es poco más que salir del paso y- -lo más importante- -prepararse para las negociaciones de la reforma del Estado, que deben fijar las nuevas reglas de convivencia entre las dos comunidades que comparten el pasaporte belga: los valones de lengua francesa y los flamencos que utilizan el neerlandés. En este sentido, el nuevo Ejecutivo del liberal flamenco Guy Verhodstadt no representa más que un intermedio hasta la verdadera prueba que ha de superar Bélgica, que se puede resumir en el reparto de lo poco que queda de Estado federal entre las regiones. Desde hace veinticinco años, Bélgica es el ejemplo de hacia dónde conduce la utilización interesada de los conceptos políticos. El mejor federalismo sin lealtad al proyecto común es un camino seguro a la división, aunque ese camino se pueda recorrer con los más exquisitos y civilizados modos, propios de una sociedad como la belga, que ha hecho de la negociación una especialidad tan típica como el chocolate. Cuando las partes sólo actúan buscando su propio beneficio, el proyecto común que les precede se desvanece en el aire. Los flamencos- -aunque digan que lo hacen como respuesta a agravios históricos- -tienen una mayor responsabilidad en este lamentable deterioro porque siempre han sido quienes han planteado la necesidad de marcar en todas partes unas divisiones étnico- lingüísticas que no deberían tener sentido en un país de poco más de diez millones de personas y bendecido por la presencia de las instituciones europeas. A los valones se les puede reprochar que se hayan quedado anquilosados en el pasado y que se hayan hecho adictos a los errores del socialismo que les gobierna desde la II Guerra Mundial, pero no son ellos los que gritan muera Bélgica como se escucha a veces en el norte del país. El subnacionalismo como lo denominó acertadamente el Rey de los Belgas Alberto II en uno de sus clarividentes discursos, ha minado las estructuras del país utilizando siempre los mecanismos de la corrección política, y el acuerdo al que lleguen los partidos políticos belgas esta primavera será, en el mejor de los casos, un paso más hacia la separación. Es de esperar que el divorcio total no se consume y los belgas puedan celebrar, al menos, los doscientos años de existencia como país, que es lo mejor que unos y otros podrían hacer por ellos mismos y por Europa. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA L ETA SE QUEDA SIN DISFRACES A contundente sentencia dictada ayer por la Audiencia Nacional contra el entramado de frentes y organizaciones tejido por ETA es el retrato real y completo de esta banda terroristay supone la culminación deun largo proceso policial y judicial cuyo objetivo ha sido, precisamente, la revelación del verdadero rostro de ETA. El éxito de esta sentenciano sedebea lacasualidad nia impulsos aislados: es elresultado de una política antiterrorista integral, en la que cada institucióndelEstado seimplicó conformea sus principios defuncionamiento, pero en la que todas se sintieron comprometidas con la aplicación de la ley para la derrota del terrorismo. A esta sentencia contra el entramado de ETA- -que pone fin a un proceso que ABC calificó, en el día en que daba comienzo, como El Nüremberg de ETA -se ha llegado gracias a la voluntad política del anterior Gobierno del Partido Popular de no dar a los terroristas ningún margen de actuación, de no conformarse con una dinámica indefinida de atentado- detención, ni de aceptar la inverosímil hipótesis de que un grupo u organización controlada por los terroristas puede ser legal. También ha sido fundamental el apoyo político a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que investigaran a fondo, sin condicionamientos extraños, cuál era la realidad de ETA. Igualmente, esta sentencia refleja hasta qué punto puede llegar a ser eficaz en la lucha contra ETA un Ministerio Fiscal orientado al ejercicio de sus funciones constitucionales, no al servicio de intereses políticos y coyunturales. Por supuesto, los jueces han sido decisivos para que el imperio de la ley cayera sobre los acusados, pero para eso contaron también con leyes adecuadas y el amparo institucional de un Gobierno que, hasta 2004, tenía claro el objetivo de derrotar a los terroristas. En definitiva, el éxito es de un Estado de Derecho y democrático que decidió combatir a ETA con todas las consecuencias. Queeljuicio contralas tramasdeKAS, EKIN, XAKI, laFundaciónZumalabe y otras entrañas deETA haya tenido lugar bajo el mandato del PSOE no es más que una coincidencia temporal. Lamentablemente, no responde a una relación de empatía entre la voluntad política del Gobierno y las exigencias del L Estado de Derecho. Es más, muchos socialistas no se reconocieron en este proceso, que fue tenido como un obstáculo a la negociación política entre el Gobierno de Zapatero y ETA. Fue Patxi López, secretario general de los socialistas vascos, quien en una entrevista publicada por el diario Gara el 13 de noviembre de 2005, y tras negar que los hoy condenados pudieran ser parte de ETA, enmarcó el juicio del sumario 18 98 en una legislatura con Aznar en la que prácticamente toda Euskadi estaba bajo sospecha La afirmación, brutal e irresponsable, situaba la acción de la Justicia como producto espurio de la política antiterrorista de Aznar. No fue un error de López. Era eso exactamente lo que pensaba y lo afirmó en Gara cuando jueces y fiscales asumían el riesgo dejuzgar y acusar a medio centenar de terroristas. Esta sentencia no refleja la política del Gobierno socialista sobre ETA. Se trata, por el contrario, de la confirmación de que lo acertado era extender la persecución policial y judicial a todas las ramificaciones de ETA. El valor principal de esta sentenciaes quelevantadefinitivamenteel velo delos terroristas y de sus colaboradores, aunque éstos estuvieran amparados por una legalidad que desde ayer les es negada. ETA creó una sociedad propia que incrustó en la sociedad vasca. Ya nadie debe dudar de que ETA infecta cuanto toca, y de que todo lo que esté bajo su control directo o indirecto es tan terrorista como los asesinos de Capbreton. Por eso, la gran mayoría de los acusados está condenada por integración en ETA, y muchos de ellos con la agravante de condición de dirigente. La comparación es odiosa. Mientras los magistrados que han sentenciado yelbrillantefiscalquehaacusado, juntoa valiosas acusaciones populares, hacían su trabajo, el Gobierno socialista se entretenía en negociaciones con los colegas de los que se sentaban en el banquillo; urdía excusas para liberar a De Juana Chaos; mutilaba la ley de Partidos Políticos frente a ANV y blindaba judicialmente a Arnaldo Otegi, hoy en prisión gracias a una condena heredada de la anterior legislatura. Al menos, elEstado se hareforzado con unasentencia ejemplar que golpea a ETA y muestra cómo combatir el terrorismo. CANON INJUSTO ARIANO Rajoy anunció ayer que el Partido Popular votará hoy en contra del canon digital en el Congreso de los Diputados, al igual que hizo en el trámite del Senado. La llamada ley de medidas de impulso de la sociedad de la información queda así dañada de forma irremediable por la falta de consenso, aunque el PSOE- -según acostumbra en los últimos tiempos- -consiga sacarla adelante con una negociación de urgencia. Dadas las circunstancias, cuando el ministro de Industria habla de solución buena para todos practica un voluntarismo que da la espalda a la realidad, y lo mismo sucede cuando el titular de Cultura afirma que es una fórmula equilibrada En efecto, las posturas no pueden ser más opuestas: hay quienes dicen que el canon es un derecho básico, cuya supresión sería una catástrofe para la cultura española, y hay, en cambio, quienes opinan que es un sistema arbitrario e injusto, con ánimo puramente recaudatorio. La SGAE, en primera línea de defensa del proyecto, amenaza a los populares con tomar buena nota de su voto contrario. Por todo ello, conviene introducir en este debate un factor de racionalidad y sentido común que suele ser incompatible con la defensa a ultranza de los intereses particulares. Es lógico y normal que se defiendan los derechos de au- M tor, porque la propiedad intelectual supone una garantía para los creadores e intérpretes ya consolidada por las normas internas e internacionales. Sin embargo, es imprescindible buscar medios razonables para adaptar esta protección a las nuevas tecnologías, y no- -como hace la ley- -tomar el camino más fácil, que consiste en pagar la factura a costa de los más débiles. La copia se configura como una especie de impuesto preventivo, que se impone a los usuarios por si acaso se les ocurre copiar. Es, en definitiva, algo así como un hecho imponible presunto, de tal manera que primero se cobra y, después, el ciudadano que haga lo que le parezca. Acierta, por tanto, el PP cuando opta por plantear un aplazamiento de la decisión para proceder a un estudio riguroso. Muchos ciudadanos están dispuestos a contribuir de forma adecuada al buen funcionamiento del mercado digital, pero desconfían con buenos motivos de la presión en tromba de las entidades de gestión para que se graven los cds, dvds, discos duros y móviles. En una sociedad plural y compleja, los poderes públicos deben ser conscientes de que cuando existen intereses contrapuestos, la solución no está en dar toda la razón a una de las partes. En especial en casos discutibles como este, que provocan en los consumidores una lógica sensación de desamparo.