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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 19 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro HABLA DESDE LA SOMBRA FIDEL CASTRO EL ABORTO LIBRE ES INCONSTITUCIONAL A polémica sobre la red de abortos ilegales en Barcelona y Madrid ha entrado de lleno en el ámbito político, aunque ayer el presidente del Gobierno quiso rebajar el nivel del debate al matizar que el PSOE sólo se propone analizar el resultado de veintidós años de vigencia de la ley despenalizadora del aborto. También el PP evitó complicar sus discursos preelectorales, anticipando su oposición a una reforma de la ley. Rajoy lanzó un mensaje básico- -y muy nítido- -de respeto a la ley y de crítica a Zapatero por no ser claro en sus posiciones sobre este asunto. Por su parte, ABC se felicita de que, después de varias semanas de informaciones en este periódico, otros medios empiecen a reflejar la gravedad de estos hechos. Lo cierto es que la izquierda y los sectores proabortistas han dado muestras de su temor a que las revelaciones sobre la práctica del aborto en los centros médicos clausurados por órdenes judiciales y administrativas generen un estado de opinión contrario a la ampliación del aborto e incluso demandante de un control más estricto de los que se practiquen al amparo de la vigente ley. Ayer mismo, Izquierda Unida propuso en el Congreso de los Diputados la implantación de un sistema de plazos que pondría en manos de la mujer la decisión de poner fin a su embarazo. La propuesta no salió adelante porque el PSOE tampoco quiere verse envuelto en una polémica que no rentabilizaría electoralmente, porque el aborto libre no suma votos ni moviliza socialmente. Es, ante todo, un signo de identidad del progresismo de izquierda- -y de la indiferencia moral de una parte de la derecha- -y de una práctica agresiva del feminismo. Por eso, desde el pro- abortismo se pretende aislar las vulneraciones de la ley como casos esporádicos, pasando por alto la certeza de que si la ley se aplicara estrictamente, el número de abortos disminuiría drásticamente. Sin embargo, parece que para estos sectores el éxito de una legislación sobre el aborto no es que reduzca el número de las interrupciones de embarazo, sino que los aumente. Ante este debate incipiente, pero no nuevo, sobre el aborto y sus límites, ni el Gobierno ni los grupos pro- abortistas de- L ben olvidar que España es un Estado de Derecho, en cuyo vértice se sitúa la Constitución, norma que es interpretada por el Tribunal Constitucional con efectos vinculantes para todos los poderes públicos y sujetos privados. Y lo que ya ha dicho el TC es que sería inconstitucional una ley que desprotegiera completamente la vida del no nacido poniendo en manos de la mujer la decisión soberana de acabar con ella. El nasciturus está amparado por el derecho a la vida, previsto por el artículo 15 de la Constitución de 1978, por lo que el Estado, según el TC, no sólo debe protegerlo, sino incluso ampararlo con normas penales. Las razones del TC están reflejadas en una sentencia de 1985, la cual, aun siendo como fue un ejercicio de ambigüedad interpretativa, sí dejó claro que la vida humana comienza con la gestación y se desarrolla como un continuo hasta la muerte y que el feto es un ser vivo distinto de la madre. Por eso descartó su desamparo en la fase embrionaria y fetal, pues si la Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma El PSOE y los defensores del aborto han emprendido una estrategia de manipulación al plantear la revelación de abortos ilegales como un problema para los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sean lo que sean tales derechos, cuando lo cierto es que el problema más grave lo tienen las cerca de 100.000 vidas que son segadas al año en España. Las brutales técnicas abortivas que se están dando a conocer- -como la decapitación del feto o su asfixia por estrangulación- -no son prácticas ilegales o desviaciones de la pericia médica, sino las que se emplean habitualmente, también en abortos legales, para atender esos supuestos derechos de la mujer cuya protección requiere, según los abortistas, el sacrificio del hijo. No son anomalías de una ortodoxia médica abortiva: son el aborto mismo, y esta es la realidad que, antes o después, habrá que cambiar en una sociedad que realmente defienda la vida humana. REPROBACIÓN JUSTIFICADA RIMERO fue el veto a la ley de Presupuestos, y ahora es la reprobación de la ministra de Fomento. Lo cierto es que al Gobierno se le atraganta el Senado en este final de legislatura, demostrando así el fracaso del PSOE en su intentó de aislar al PP en el Parlamento. La mayoría popular en la Cámara Alta, junto con los votos de CiU y de Esquerra Republicana, entre otros, refleja con la votación de ayer la debilidad política de un Ejecutivo que ni siquiera puede confiar en sus propios aliados. Magdalena Álvarez se salvó de la censura en el Congreso gracias al despliegue del Grupo Socialista, que llamó con urgencia a votar a los propios ministros y negoció sin pudor con todos los tránsfugas disponibles. Es cierto que la reprobación carece de efectos jurídicos, puesto que en nuestro sistema parlamentario el Congreso otorga su confianza al presidente, que goza de plena libertad para nombrar y cesar a los ministros, y mucho más en el caso del Senado, que carece de competencias para la investidura presidencial. No obstante, la lectura política va mucho más allá de los formalismos legales. Magdalena Álvarez es una pésima ministra y Rodríguez Zapatero no la ha cesado para evitar la impresión de que cede ante la oposición y ante sus propios aliados. También en el Parlamento catalán el PSC se quedó solo en defensa de una minis- P tra cuya gestión pone en peligro las expectativas electorales de su partido en unas circunscripciones que pueden ser determinantes. Tal vez el presidente ya esté arrepentido por no haber soltado lastre a su debido tiempo, porque cada día que pasa se deteriora más la situación en ese Ministerio, no sólo por la ineficacia patente de su titular, sino por su incapacidad para asumir las críticas. En todo caso, no conviene desviar la atención hacia los subordinados cuando la responsabilidad principal incumbe al propio Zapatero, cuyas estrategias políticas se están viniendo abajo, una tras otra, en un final de legislatura que ya se hace interminable para los socialistas. No es un plato de gusto ver cómo sus aliados no votan en contra de ese supuesto partido de derecha extrema al que el PSOE pretendía relegar a los márgenes del sistema. La realidad pasa factura a la torpeza política de mantener a una ministra que esconde su incapacidad para encauzar los problemas bajo una capa de soberbia. Está por ver qué consecuencias electorales tienen estos incidentes que otorgan al Senado un protagonismo insospechado. En todo caso, es evidente que en La Moncloa y Ferraz se cuentan con impaciencia los días que faltan para echar el cierre a un Parlamento cuyo control ha perdido el grupo que apoya al Gobierno. ESDE julio de 2006, además de tener que soportar las habituales limitaciones de sus libertades individuales, los cubanos ni siquiera están autorizados a conocer informaciones exactas sobre la salud de quién les gobierna o hasta cuándo se va a mantener esta situación de interinidad. Medio siglo de dictadura ha convertido a Cuba en un país en permanente estado de emergencia y ha hecho de los afligidos ciudadanos, vasallos a los que no se les reconoce ni siquiera el derecho de saber quién les da las órdenes o quién les vigila hasta en los aspectos más íntimos de sus vidas. Naturalmente, por su experiencia saben perfectamente que, a pesar de haberse producido la transferencia provisional de funciones a su hermano Raúl, Fidel Castro sigue siendo- -desde donde quiera que se encuentre- -el auténtico responsable del gobierno de la isla y, por desgracia, eso significa también que no existe ninguna posibilidad de que se produzcan movimientos hacia la democracia, ni grandes ni pequeños, mientras el dictador tenga fuerzas para evitarlo. Una mención prácticamente a pie de página en uno de los alienantes y soporíferos discursos que Fidel Castro obliga a leer en televisión ha sido recibida como una señal críptica de que algo podría estar a punto de cambiar en el círculo más íntimo de la dictadura. Sin embargo, es poco probable que signifique nada más allá de la simple palabrería, que desde luego no indica ningún movimiento de apertura. Para alguien que ejerce un poder absoluto desde 1959 ininterrumpidamente- -sin contar los años previos de comandante guerrillero- -y que ha cumplido ya los ochenta años, resulta un sarcasmo de mal gusto decir que ya no tiene intención de aferrarse al cargo. Lo que ha hecho el dictador en su mensaje es más o menos una descripción de la situación actual: ya no ostenta ningún puesto concreto, pero tampoco lo necesita, porque con su papel de inspirador áulico sigue llevando las riendas del país. Fidel Castro ha conseguido seguir mandando sin necesidad siquiera de aparecer en público, una fórmula que hasta podrían utilizar sus herederos si quisieran intentar prolongar el régimen más allá de las limitaciones biológicas del dictador. La realidad es que, después del reciente batacazo político del caudillo venezolano Hugo Chávez, que con sus petrodólares se ha convertido en el auténtico padrino del régimen cubano, la situación en la isla va a empeorar. Los cubanos deberían poder emprender cuanto antes el camino de las reformas políticas y económicas necesarias para evitar una catástrofe y, sin embargo, la presencia del dictador, incluso en la sombra, impide cualquier perspectiva de cambio. Si Fidel quisiera renunciar al poder, si estuviera dispuesto a dejar paso a dirigentes nuevos elegidos por la sociedad cubana, sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Y el mundo entero sabe que tendría que haberlo hecho hace ya mucho tiempo. D