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4 OPINIÓN LUNES 17 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro JUECES, TRÁFICO Y CÓDIGO PENAL AS asociaciones judiciales ven con preocupación las consecuencias de la aplicación indiscriminada de la última reforma del Código Penal para atajar la conducción temeraria y peligrosa. Ninguna cuestiona la decisión política de utilizar la legislación penal para este fin, pero, conocedores de la situación de la Justicia, temen que los juzgados se colapsen y que la eficacia de ley sea ilusoria por falta de medios para garantizar su correcta aplicación. El análisis de los jueces asociados es oportuno y tiene fundamento en la experiencia propia. Ya de por sí es delicado utilizar el Código Penal como instrumento expansivo y sustitutivo de la acción de las Administraciones Públicas. En buena medida, lo que busca esta reforma es introducir un clima de disuasión en los conductores después de que el carné por puntos no haya alcanzado sus objetivos. Sin embargo, la condición para que una ley penal sea disuasoria es que se cumpla eficazmente. Si los propios jueces vaticinan que esta reforma va a generar un incremento extraordinario de diligencias penales que puede acabar colapsando los juzgados de instrucción, a corto plazo la dilación de las posibles sentencias- -por acumulación de procesos- -hará poco intimidatoria, en términos sociales, la sanción que se imponga al autor de la infracción. Hay que tener en cuenta que esta reforma convierte a un muy alto número de ciudadanos en potenciales autores de un delito y junto a conductas manifiestamente punibles- -conducir ebrio o drogado, poner en riesgo la vida de las personas- -hay otras que, al menos, pueden suscitar dudas de proporcionalidad, por lo que no sería extraño que parte de esta reforma acabe en el TC. Sin duda, muchos jueces piensan en lo que está pasando con la violencia contra la mujer (juzgados saturados, falta de personal especializado, dudas de constitucionalidad) Si también esta reforma sale mal, no hay mucho más margen punitivo. Lo que constituye un planteamiento inadmisible es que el Gobierno se ufane del número de detenidos tras los primeros días de aplicación de la reforma, como si la detención fuera un fin en sí mismo o una especie de condena justiciera y anticipada. Se está utilizando excesivamente la detención policial, y no sólo en este ámbito, en ocasiones con una finalidad propagandista. Lo que disuade es que las condenas se impongan con rapidez y se cumplan en su integridad, pero lo cierto es que la mayoría de las condenas previstas por esta reforma no supera los dos años de prisión, lo que implica la posibilidad de suspender su cumplimiento- -es decir, no meter en la cárcel al condenado- y que la alternativa de trabajos a favor de la comunidad sólo es viable en un sistema penal adaptado a este tipo de medidas, y el español no lo es. Las carencias, por tanto, no sólo son de medios. La lucha contra la siniestralidad en el tráfico exige agotar todos los recursos a disposición de las autoridades, pero no siempre son más eficaces los más amenazantes, sino los que propician cambios de actitud social a partir del respeto a las normas y del temor a sanciones rápidas y contundentes. L LA LEGISLATURA MÁS NEGATIVA ON los plenos del Congreso y del Senado convocados para esta semana termina la VIII legislatura, calificada de dura y ruda por Manuel Marín en su despedida anticipada como presidente. Es probable que el Gobierno logre sacar adelante, con el apoyo de tránsfugas y minorías diversas, los presupuestos vetados en la Cámara Alta, pero el mensaje político se entiende fácilmente: después de cuatro años practicando la misma estrategia, el PSOE no ha conseguido aislar al PP, entre otras razones porque ni siquiera puede confiar en sus aliados radicales. El Congreso se despide con las mismas cuestiones que han marcado una agenda dominada por la tensión permanente. Política antiterrorista y modelo territorial han sido los ejes del debate parlamentario, a los que a última hora se suma también- -muy a pesar del Gobierno- -un horizonte económico cargado de malos presagios. Es el final lógico de una etapa que muchos ciudadanos desean que no vuelva a repetirse: en efecto, con independencia del resultado electoral de marzo, crece la marea social que exige a los grandes partidos nacionales la recuperación del consenso en los asuntos de Estado. Un mensaje, por supuesto, cuyo destinatario principal es Rodríguez Zapatero, responsable de la ruptura de los acuerdos que hicieron posible la Transición. En este sentido, más allá de los giros precipitados y oportunistas, el periodo que comenzó el 14 de marzo de 2004 está marcado por el mal llamado proceso de paz por la distorsión del modelo de Estado a través del estatuto catalán o por la desafortunada ley de la memoria histórica. Como no podía ser de otro modo, la vida parlamentaria se ha visto afectada por la puesta en cuestión de los principios constitucionales básicos, creando así un ambiente de confrontación y discordia. Una vez más, los grupos parlamentarios no han sido capaces de alcanzar el acuerdo para reformar un reglamento obsoleto, que necesita modificaciones para mejorar el procedimiento legislativo y perfilar los instrumentos de con- C trol al Gobierno. No sirve de nada presentar estadísticas según las cuales el Ejecutivo ha respondido a casi 200.000 preguntas escritas, porque no es un problema de cantidad sino de calidad democrática. Modernizar la Cámara no consiste en introducir medios tecnológicos auxiliares. Es imprescindible, en cambio, cambiar el funcionamiento de las comisiones de investigación: esta vez, el Congreso ha defraudado a la opinión pública con la fallida comisión sobre el 11- M. Los debates sobre el estado de la Nación pierden viveza y se desvanecen en una confusa votación sobre propuestas casi siempre inútiles. Por el contrario, la sesión de control de los miércoles mantiene la atención a través de un intercambio dialéctico entre Gobierno y oposición que ha deparado buenos momentos a lo largo de la legislatura. El Senado termina esta etapa con un pleno escoba fiel reflejo de la vida lánguida que desarrolla bajo la apariencia de una representación territorial. La presencia de Rodríguez Zapatero una vez al mes ha proporcionado a la Cámara un protagonismo fugaz: entre otras cosas, fue allí donde el presidente dijo que España es un concepto discutido y discutible tal vez su frase más desafortunada en estos cuatro años. Fallida de nuevo la reforma constitucional, el Senado sigue pendiente de una solución que otorgue sentido institucional a una Cámara que sobrevive multiplicando las comisiones de estudio o actuando como anfitrión pasivo de la Conferencia de Presidentes y otros foros similares. Las Cortes Generales echan el cierre después de una legislatura que ofrece un balance claramente negativo. En el moderno estado de partidos, las grandes decisiones se toman fuera del Parlamento, pero no sirve de nada ocultar la realidad recordando el alto número de leyes aprobadas o las muchas horas de debate en plenos y comisiones. El Congreso de los Diputados y el Senado representan al pueblo español, y es precisamente el titular de la soberanía quien exige un Parlamento que sepa estar a la altura de una sociedad moderna y desarrollada. SOLBES NOS CULPA DE LA INFLACIÓN L Partido Socialista está preocupado por su credibilidad. Lo que iba a ser la presentación de su programa electoral se convirtió en un canto a las excelencias de la legislatura y en un pueril intento de tranquilizar a los ciudadanos ante la subida de precios. El Gobierno comparte sus preocupaciones, pero es incapaz de aportar ni una precisión, ni una medida concreta, más allá de la constante apelación a la coyuntura internacional como excusa. Cualquier tiempo pasado fue mejor es la frase que describe el llamado Foro de Economía en Progreso. Hasta la promesa de crear dos millones de puestos de trabajo- -lo único sustantivo que se pudo oír ayer- -recordaba demasiado el compromiso que persiguió al gobierno González toda la crisis del 92. No es desde luego el eslogan más tranquilizador, visto como acabó aquello, con el que enfrentarse a una campaña que nace marcada por la incertidumbre económica y por el miedo a que España caiga en una situación de estancamiento con inflación. Cierto que Zapatero también prometió construir un millón y medio de viviendas de protección oficial, pero en diez años, con lo que nadie podría nunca exigírselo. El remate del foro económico del PSOE corrió a cargo de un Solbes que se atrevió a decir que la culpa de la inflación la tienen los españoles por no saber utilizar el euro, una declaración de principios que revela hasta qué punto el Gobierno, lejos de asumir su responsabilidad, responsabiliza a la sociedad de la subi- E da de los precios, acusación tan grave como insólita que refleja el grado de nerviosismo y la falta de control que impera en un Ejecutivo sobrepasado por su propia impericia. El ministro Caldera aseguró que el programa será riguroso y creíble, en abierta crítica a las promesas de los populares en materia fiscal y de pensiones. Pero no aportó ningún argumento, ninguna cifra, y se limitó a remitir a los ciudadanos a finales de enero, cuando presentarán el programa. La expectación generada se ha tornado en decepción. Será porque los socialistas andan aún divididos entre los que piensan que el ciclo económico ha cambiado y hay que revisar las propuestas pensadas para tiempos de bonanza y los que aún insisten, como el propio Zapatero, contra toda evidencia y contra el mejor criterio de los principales banqueros centrales, que la crisis será pasajera. Será porque aún andan discutiendo liberales e intervencionistas, pendientes estos de cobrarse la permanencia de Solbes, obligándole a asumir un programa populista y expansivo del gasto. Pero ayer el PSOE perdió una excelente oportunidad de presentarse como un partido con las ideas claras en economía, con un programa riguroso de futuro. La iniciativa la sigue llevando el PP que ha puesto las rebajas fiscales en el centro del debate y va ganando por goleada. Los socialistas siguen anclados en una campaña de nombres y listas que parece un escaso bagaje con el que enfrentarse a los nubarrones económicos.