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4 OPINIÓN SÁBADO 15 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro UPYD, EN PRECARIO AS entidades bancarias tienen todo el derecho a financiar o no a partidos políticos; son empresas con ánimo de lucro y entra en su más elemental lógica que sólo presten recursos con suficientes garantías de solvencia. A tenor de lo ocurrido con el nuevo partido Unión, Progreso y Democracia, liderado por Rosa Díez, Fernando Savater, Carlos Martínez Gorriarán y Mikel Buesa, los bancos y cajas de ahorro no confían en las posibilidades de la nueva formación y le han negado los créditos solicitados. Es ilógico lanzar una reproche a entidades privadas por esa decisión, aunque parece procedente plantear una digresión al respecto porque, como han denunciado los líderes de la nueva formación, muchas entidades financieras prestan con largueza a los partidos ya implantados, les benefician con moratorias extraordinarias e, incluso, con condonaciones de deuda. Valdría la pena también plantear alguna reflexión sobre el papel que en las finanzas de los partidos- -especialmente de los pequeños partidos nacionalistas- -juegan las cajas de ahorro y el rol de las administraciones públicas que abundan en subvenciones varias a fundaciones y organizaciones tantas veces tributarias o paralelas a los partidos políticos. Desde estas constataciones, resulta un tanto lamentable que unas personas tan políticamente comprometidas contra el terrorismo, que impugnan los nacionalismos disgregadores y apuestan por la cohesión nacional y la ciudadanía en igualdad para todos los españoles- -y lo hacen desde la izquierda- -se encuentren en una situación económica tan precaria. Tanto por sus trayectorias personales y políticas, como por los objetivos que pretenden con su concurrencia a los próximos comicios generales, hubieran merecido alguna mayor receptividad a sus pretensiones. Porque si no hay dinero- -sea de entidades financieras, sea de patrocinadores privados, sea de mecenas políticos- -para una iniciativa de las características de UPyD, es que el sistema social y político español presenta síntomas de una rigidez arteriosclerótica. Para los que conocen los padecimientos personales de varios de los líderes de la nueva formación, muchos de ellos amenazados por el terrorismo etarra y algunos víctimas de la banda, la escasez de medios con la que abordan su aventura política, al margen de la adhesión que la causa suscite en cada cual, provoca cierta desazón y tristeza, porque España necesita que los representantes potenciales de una izquierda nacional- -que el PSOE ha dejado de representar en esta legislatura- -dispongan, al menos, de ciertas y mínimas condiciones de salida. Se las tendrán que proporcionar sus afiliados y simpatizantes si el proyecto político de UPyD les convence, pero, más allá de la discusión dineraria, hay que subrayar que la endogamia partidista en España sólo se quiebra para fomentar el particularismo nacionalista, no cuando surge desde una izquierda nacional, condenada desde el inicio a la precariedad. L ETA EN CAMPAÑA A banda terrorista ETA anticipó ayer, a través del diario Gara una parte del comunicado que hoy publicará en su integridad y en el que asume la autoría del asesinato de los dos guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en la localidad francesa de Capbreton. ETA demuestra con esta nota que nada ha cambiado en su seno y que sigue siendo la misma organización criminal que merece ser erradicada incondicional y absolutamente por el Estado. La naturaleza terrorista de ETA es inmutable y, por esto mismo, cualquier proceso de diálogo o negociación política con sus miembros está condenado al fracaso desde su origen. El mensaje de ETA es el mismo de siempre: está en guerra con el Estado español y su política es el terror. Fuera de estas coordenadas, ETA es un espejismo; en ellas, ETA se identifica tal cual es. Cualquier intento de tratar a la banda como interlocutor y gestor de su propia extinción es, simplemente, una locura. Además, los etarras parecen querer introducir en su comunicado elementos dirigidos, en función de sus intereses, al Gobierno y a la izquierda proetarra. El tono del comunicado confirma que ETA se ha dispuesto para un largo período de terrorismo en cualquier lugar, lo que implica que los terroristas ya no se ponen límites territoriales por afinidad independentista, y que de aquella ETA aparentemente dispuesta a asumir compromisos políticos no queda más que el espejismo que se creó para dar cobertura al proceso de negociación con el Gobierno. El mensaje para el Ejecutivo y para todas las instituciones es nítido, porque ETA anuncia una dura campaña de terror, tanto más intensa cuanto más cerca estén las elecciones generales de 2008. Por otro lado, ETA quiere mantener la cohesión de la izquierda abertzale con el argumento habitual: la culpa de L los atentados es del Estado y de las víctimas. Por eso, la versión de ETA sobre el doble asesinato de Capbreton- -nada fortuito ni casual y del que los asesinos se jactan- -arranca de sus quejas a los representantes del Gobierno español durante la negociación por supuestas prácticas del terrorismo de Estado contra militantes vascos a las cuales la banda terrorista respondería De esta forma, ETA se exonera de cualquier responsabilidad y presenta su terrorismo como una respuesta que pretende legítima para evitar fisuras en las bases de la izquierda abertzale. La referencia a la negociación política con el Gobierno está envenenada, porque ETA sabe que es el flanco por donde hace aguas el crédito del Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero. Sea o no cierto lo que afirma a ETA al respecto en este comunicado, es evidente que el proceso de negociación política impulsado por el PSOE y seguido desde 2004 por el Gobierno socialista está dando a los terroristas una fuente de justificación frente a la izquierda abertzale. Este es uno más de los muchos perjuicios que ha ocasionado esta desgraciada iniciativa del PSOE. ETA pone la realidad en sus términos trágicos, a golpe de tiros y comunicados. Los hechos dan la razón a quienes alertaban de que el proceso de negociación era tiempo perdido para el Estado y terreno ganado para los terroristas. ETA sigue debilitada y sus terroristas caen poco a poco en manos de la Policía, pero ahora tiene plataformas políticas que vuelven a servir como altavoces sociales, tramas de control ciudadano, redes de captación y circuitos de financiación. La distancia se está haciendo cada días más amplia entre lo que necesita España para acabar con ETA y el discurso ambiguo y esquivo de Zapatero sobre el consenso antiterrorista con el PP y la determinación del Estado contra la izquierda proetarra. AMENAZAS DE UN IPC DESBOCADO OR unas u otras razones, por los precios internacionales del petróleo o de los cereales, el IPC ha alcanzado un indeseable 4,1 por ciento, un punto y medio por encima de la tasa de inflación interanual de hace un año y casi dos puntos superior a la tasa registrada hace tres meses y del objetivo fijado por la autoridad monetaria para toda la zona del euro. Como esa escalada ha sido más acentuada en España que las que registra en otros países europeos, hay que sospechar, con fundamento, que se dan circunstancias y problemas locales, causas endógenas, en esta situación, aunque da la impresión de que el Gobierno no se entera o de que no quiere enterarse. Un diferencial crónico de inflación en territorios a los que se aplica una misma política monetaria significa que quien padece más el incremento de precios pierde competitividad y, antes o después, termina por registrar una merma en su potencial de crecimiento y, finalmente, en su nivel de empleo. Ese es el reflejo que devuelve el espejo en el que se mira el actual cuadro macroeconómico español: riesgos desde el frente de los precios, riesgos crónicos, como el del déficit exterior, y riesgos por cuanto algunos de los motores del reciente crecimiento, especialmente el sector inmobiliario, están en franco retroceso. El presidente del Gobierno insiste en que estos malos datos son pasajeros, y en que los precios van a bajar en el futuro inmediato, pero no va más allá de lo declarativo y no entra en detalles, y tampoco plantea medidas concretas para atajar el incremento de los precios. El gobernador del Banco de España ha insistido en la necesidad de preservar el equilibrio en las cuentas públicas y P en no bajar la guardia ante las incertidumbres financieras, pero el Gobierno ha defendido un Presupuesto optimista en los ingresos- -y generoso en los gastos- -que pondrá en alto riesgo la estabilidad pretendida. Ahora se advierte la necesidad de que los salarios eviten secundar la tentación inflacionista y no unir su suerte a la espiral reciente de precios reflejada en el IPC. Las fuerzas sociales, patronal y sindicatos, han tomado nota, y el acuerdo para la negociación que firmarán la próxima semana tiene muy en cuenta los riesgos de inflación y sus efectos sobre el empleo y el crecimiento. Por eso recomiendan para los 5.000 convenios colectivos que se negociarán en 2008 poner el énfasis en la productividad y en la defensa de la capacidad adquisitiva. En el dilema entre salarios crecientes y empleo, los sindicatos recomiendan no perder de vista el último objetivo, y los empresarios saben bien que la apuesta por la estabilidad y la moderación son buenos avales para el crecimiento. Otro tanto hay que reclamar a las administraciones públicas, responsables de casi tres millones de empleos y de la gestión del sistema de pensiones y cotizaciones de todos los ciudadanos. La incidencia del Gobierno en el nivel salarial- -por su función de empleador y por fijar la presión fiscal sobre las nóminas y las cuotas de las cotizaciones sociales- -es determinante en la tendencia de los salarios y su incidencia en los costes y la tendencia de los precios. Pero si Zapatero insiste en que los problemas son temporales, lo más probable es que los riesgos aumenten y se cumplan las peores hipótesis.